Chubut: organizaciones sociales y comunidades en estado de alerta ante una nueva avanzada minera

Decenas de organizaciones sociales y ambientales de Chubut se encuentran en alerta y en virtual estado deliberativo luego de que su gobernador Ignacio Torres anunciara oficialmente desde Buenos Aires la intención de imponer proyectos de megaminería contaminante en sociedad con YPF para la explotación de yacimientos de uranio en la meseta central de la provincia.

Agrupadas en la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh), las organizaciones que la integran se alistan para enviar al gobernador un primer mensaje de rechazo el próximo lunes 4 de agosto, cuando se realizarán en todo el territorio provincial múltiples actos y movilizaciones en conmemoración de las protestas de 2002, cuando en la pequeña localidad de Esquel una pueblada derrotó un intento de desarrollar un yacimiento aurífero a cielo abierto en plena Cordillera de los Andes.

Esa marcha será en los hechos la bandera de largada de una prolongada temporada de tensiones y conflictos, según prevén los ambientalistas, con represión y judicialización incluida en la pelea por la defensa del agua y el ambiente en una sociedad que desde fines del siglo pasado derrotó a todos los intentos corporativos por imponer la megaminería contaminante.

Este nuevo capítulo se venía cocinando desde hace meses, pero estalló días atrás cuando desde Buenos Aires (y no en Chubut) Torres anunció un acuerdo con YPF Nuclear para comenzar a trabajar en los yacimientos de uranio de la provincia patagónica.

Lo hizo tras una reunión con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el presidente de Nucleoeléctrica Argentina, Demian Reidel, quien a su vez confirmó la creación de YPF Nuclear y que llevará a cabo su primera experiencia en Chubut. Reidel es el financista y exasesor presidencial que en una reunión con empresarios cripto estadounidenses ofreció la Patagonia para desarrollar un megacentro global de criptominería aunque, en tono jocoso, les aclaró que el único problema a enfrentar residía en que esa zona estaba habitada por argentinos.

«Impacto enorme»

“Es una oportunidad histórica para el desarrollo de la industria del uranio”, mencionó el gobernador tras oficializar su intención minera que contradice abiertamente lo que él mismo prometió un año antes durante una breve reunión que mantuvo con la Asamblea No a la Mina, de Esquel.

“Si en algún momento a mí se me ocurriera decir vamos a debatir la minería, lo voy a hacer de frente, nunca de espaldas ni a escondidas o haciendo una tramoya rara legal (…) Yo dije en su momento que no hay licencia social y lo sostengo porque mi palabra vale. Así que quédense 100% tranquilos”, les mintió a los ambientalistas de Esquel. Apenas 12 meses después, Torres pone en marcha un megaproyecto de uranio sin consultar a la sociedad y forzando la interpretación de la legislación minera e ignorando la ausencia de licencia social.

Los yacimientos de uranio existentes en Chubut pertenecen a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y comprometen unas 25 mil hectáreas en algunos casos linderas al Río Chubut y en otros, aun peor, lo atraviesan de un lado al otro. El Chubut es el principal rio de la provincia, de bajo caudal, la cruza de oeste a este y es la única fuente de abastecimiento de agua potable para la mayoría de las localidades de su curso y de provisión para las zonas agrícolas del valle.

Los cálculos oficiales, en los que coinciden los ambientalistas, anticipan que cada uno de los 20 yacimientos puede proveer entre 250 y 500 toneladas anuales de uranio, según su magnitud.

“Entre los años ’70 y ’90, en todo el país la CNEA extrajo 2.500 toneladas de uranio. Ahora, en el yacimiento de Cerro Solo y unos pocos más de la meseta central prevén extraer unas 10 mil toneladas. Es un enorme daño irreversible”, alertó Pablo Lada, referente del Movimiento Antinuclear de Chubut (MACh), una de las organizaciones de la UACCh.

En dialogo con Tiempo Argentino, enfatizó que “a pesar de que vivimos tiempos complejos para los movimientos sociales, esta situación va a ser un despertar tanto para las asambleas como para la sociedad chubutense en general”.

“El impacto de estos proyectos sobre el Rio es enorme, y más aún por tratarse de una extracción de una magnitud gigantesca. Aquí todavía sufrimos pasivos ambientales por la explotación de uranio en los años setenta que no han sido remediados. La tragedia que se prevé es descomunal”, alerta Lada.

Recordó además que “el tema más urticante de los últimos 25 años para los chubutenses es el rechazo a la megaminería, y la defensa del agua por sobre todas las cosas”.

Una historia de lucha

En efecto, la historia de luchas populares en defensa del ambiente en Chubut se remonta a 1996, cuando una multitudinaria movilización recorrió 400 kilómetros éntre las ciudades de Trelew y Gastre, donde el fallecido expresidente neoliberal Carlos Menen intentó instalar un basurero nuclear. La marcha fue el inicio de una férrea resistencia que terminó con la marcha atrás del Gobierno y la cancelación del proyecto.

El segundo capítulo ocurrió en Esquel el 4 de agosto de 2002, con la primera movilización contra un proyecto de la multinacional Meridian Gold para montar un yacimiento aurífero a cielo abierto con uso de cianuro. El proyecto murió el 23 de marzo de 2003 cuando el 81% de los esquelenses votó en una consulta popular en contra la mina, pese a alto desempleo de la época y a los millones de dólares que la multinacional había invertido en campañas publicitarias, en amedrentamiento y en la lubricación de su relación con medios de comunicación para embellecer su proyecto.

Más complejo y violento fue lo ocurrido en el llamado “Chubutazo”, un prolongado conflicto que desarrolló entre 2019 y 2021 y que culminó con una brutal represión callejera sin precedentes, con cientos de heridos y arrestados, y hasta una parte de la casa de Gobierno incendiada cuando los enfrentamientos ya se habían desmadrado.

En esos años el exgobernador Mariano Arcioni, un escribano vinculado a las petroleras, intentó imponer una ley de “zonificación” que establecía una región habilitada a la minería donde no habría de regir la célebre Ley 5001, que impide taxativamente la explotación de yacimientos contaminantes y a cielo abierto y con uso de cianuro. La legislatura unicameral aprobó la norma con ajustada mayoría pero el mismo cuerpo tuvo que derogarla una semana después debido a la crisis que se desató en el sistema político por las multitudinarias movilizaciones populares que llegaron a sitiar el Parlamento y la Casa de Gobierno, que terminó en llamas.

Convertido en la esperanza blanca de la derecha no libertaria, y de no pocos sectores socialdemócratas, liberales progresistas y peronistas conservadores que lo ven como un potencial presidenciable educado, amigo de “La Embajada”, punitivista y poco escrupuloso sub-40, Torres se lanza a confrontar abiertamente contra la tradicional cultura ambiental de una sociedad que ya ha dado muestras de su vocación para defender el agua y la tierra por vías democráticas, pero que también ha sabido defenderse cuando el poder represor comenzó a correrla a los palazos.