Chubut y el 2001

Los diez días que estremecieron a Arcioni patearon el tablero de la política nacional. La caída en tiempo récord de la ley promineras impulsada por el gobernador chubutense, Mariano Arcioni y apoyada por todo el arco político de los partidos tradicionales, el gobierno nacional, el aparato judicial, los grandes medios y el lobby de las corporaciones fue derrotada por una marea humana movilizada al grito de “No es No”. Las calles lograron lo que para las superestructuras políticas era inimaginable: que los mismos legisladores y legisladoras que aprobaron la ley de zonificación minera la derogaran una semana después.

La derrota golpeó en una de las líneas de flotación del precario esquema económico nacional que, diseñado a la medida de la urgencia de dólares para pagar una deuda odiosa, tiene en el extractivismo una de sus esperanzas negras. Hace dos años, el pueblo de Mendoza les dio el primer baño de realidad con movilizaciones callejeras que lograron revertir la modificación de la ley 7722 que reabría la provincia andina a la megaminería. Quedaba clara la ausencia de “licencia social” para las actividades que impactan negativamente en el ecosistema ambiental y cuyos beneficios centrales van a parar a las arcas de las corporaciones o —por vía indirecta— a los acreedores de la deuda. Ahora, el rugido vino desde el profundo sur.

Las semejanzas con el 19 y 20 de diciembre de 2001 son sorprendentes: movilizaciones masivas y cotidianas, un método asambleario con amplia participación ciudadana y los edificios públicos en el blanco; además del grito que mutó (o creció) del “No es No” al inquietante “Que se vayan todos”. El plus fue protagonizado por varios sindicatos de actividades estratégicas de la provincia que sumaron su fuerza a la protesta.
La respuesta de Arcioni tuvo ribetes “delarruescos”: represiones salvajes y detenciones arbitrarias, una campaña mediática de demonización contra los manifestantes con el objetivo de construir un enemigo interno violento y con intereses ocultos. Las típicas teorías conspirativas que sacan a relucir como último recurso quienes que le ven la cara a la inevitable derrota. En la más absoluta soledad política (anticipada por su fracaso electoral en las elecciones legislativas), Arcioni realizó el último homenaje al inolvidable Fernando de la Rúa: informó por Twitter que enviaría un proyecto para derogar la ley un día después de haber afirmado con rostro adusto: “Jamás doy marcha atrás”.

No fue el único derrotado. A nivel nacional, la posición del Gobierno de Alberto Fernández pasó de un silencio ensordecedor ante una provincia prendida fuego a una culposa defensa del proyecto de Arcioni.
El papelón más destacado lo protagonizó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, con una inconsistente defensa la ley minera: «Hubo muchas cosas que se dijeron en Chubut que no son ciertas. No es cierto que estuviera comprometido el tema del agua en Chubut por la explotación de esta mina», afirmó la vocera del Gobierno.

Curioso cambio de frente: hace dos años, cuando en Mendoza tuvo lugar una impugnación masiva a la megaminería se mostró como una fervorosa defensora del agua y muy crítica del gobernador radical Rodolfo Suárez que se proponía rehabilitar la actividad en su provincia: «La defensa de la naturaleza y el buen vivir parió un nuevo sujeto político que toma las calles, tan potente como fue la irrupción del feminismo” posteó Cerruti en su cuenta de Twitter hace dos años. Además, afirmó por esos mismos días que “no es un debate sobre minería sí o no: es un debate sobre agua sí o no en una región en la que avanza el desierto como consecuencia del calentamiento global».

Cuando todavía no se había disipado el humo de la rebelión, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, decidió reunirse con representantes de la Unión Industrial Argentina y de la Mesa Minera que le manifestaron “su preocupación por los hechos ocurridos en Chubut que responden a conductas contrarias a la legalidad y que no respetan el orden jurídico vigente”. Exactamente las conductas que tuvieron Arcioni y los legisladores provinciales aliados a las megamineras, pero cargadas sobre los manifestantes.
No trascendió la respuesta de Kulfas, pero en Chubut o en Buenos Aires una imagen vale más que mil palabras.