CIDH: para el gobierno, la acusación de «mafia» a los laboralistas «forma parte del debate democrático»

En la ciudad de Montevideo se realizó este martes por la mañana una audiencia sin precedentes para el organismo internacional encargado de velar por el cumplimiento de los derechos humanos ya que, por primera vez, incorporó en su evaluación los derechos laborales y sindicales. La audiencia contó con la presencia de la presidenta de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto y de Taty Almeida de Madres Línea Fundadora.

Las organizaciones de abogados laboralistas y sindicales presentaron un informe en el que pusieron de relieve la ofensiva oficial contra sus representados así como contra los jueces del fuero laboral que sufren pedido de juicio político en lo que consideraron una grave violación a la independencia de poderes. 

En la misma línea destacaron la disposición oficial de la SRT para la confección de listas negras de abogados que presenten recursos de inconstitucionalidad contra la nueva ley de ART que quedara en suspenso mediante una medida cautelar. Exigieron el inmediato cese de los juicios políticos a los magistrados del fuero del trabajo.

Además señalaron que la escalada es parte de un plan más general de ataque a las organizaciones y dirigentes sindicales por parte del ejecutivo con el propósito de alterar las relaciones laborales y cercenar derechos de los trabajadores. Enumeraron la intervención sobre siete organizaciones sindicales en violación con la normativa vigente toda vez que la cartera laboral las instruyó sin orden judicial. Además, denunciaron el avasallamiento del derecho a huelga y la estigmatización de los dirigentes sindicales, en particular de Roberto Baradel cuya familia sufrió amenazas y el propio presidente señaló que “no necesita nadie que lo proteja”. 

Del mismo modo denunciaron una creciente represión de las fuerzas de seguridad a la protesta social y sindical. En la misma línea manifestaron su preocupación por el juicio penal contra los delegados de Editorial Perfil acusados de violar la libertad de prensa por una medida gremial señalando que su condena implicaría una virtual prohibición al ejercicio de la huelga para los trabajadores de prensa. También expresaron su preocupación por la persecución de los dirigentes sindicales de los estatales y docentes de Tierra del Fuego que sufren la quita de la tutela sindical. 

La delegación oficial estuvo encabezada por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, que se limitó a declarar, sobre el cierre, que el gobierno está comprometido con la democracia y los derechos humanos rechazando toda equiparación con la dictadura. 

La defensa oficial estuvo a cargo de Sara Sosa (foto), directora de Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo, que rechazó las acusaciones señalando que  “las distintas declaraciones de funcionarios, salvo excepciones, fueron vertidas con el objetivo de lograr transparencia y como parte del debate político” y, en tono de victimización, rechazó que “el gobierno no pueda opinar porque la crítica no sea de agrado”. Como demostración de ello, se defendió, las declaraciones “no han generado consecuencias de ningún tipo contra los derechos laborales ni la libertad sindical”.

Por último se quejó de que las denuncias se “hayan traído a un organismo internacional sin haber atravesado los mecanismos disponibles a nivel nacional”.

Sobre los juicios políticos contra los jueces señaló que “carecen de entidad” y que se trata de “un mecanismo constitucional de remoción de magistrados que apunta a mejorar la evaluación técnico jurídica garantizando el derecho a la defensa” y que, de hecho, “todos los jueces del fuero laboral se encuentran en sus cargos” y que existen “252 expedientes de acusación y solo 14 corresponden al fuero laboral.”. 

Por el lado de la CIDH, Jesús Orozco señaló su preocupación porque “la independencia judicial es un valor fundamental para el funcionamiento de las instituciones democráticas» y destacó «la importancia que no haya represalias en función de sus decisiones” y solicitó conocer “las causales en las que se pretende avanzar en el juicio político. Es de la mayor relevancia”. Por último manifestó haber quedado “impactado por las expresiones sobre la ‘mafia de los juicios laborales’.”

Matías Cremonte, en diálogo con Tiempo realizó un balance de la audiencia: “Fue muy positiva. Que se hayan tomado los casos de Brasil por la reforma laboral y el caso argentino habla de una nueva agenda de la CIDH que entiende que los derechos laborales son parte de los derechos humanos”. Sobre le contenido de la audiencia señaló que “los comisionados, se mostraron preocupados y plantearon el principio de no regresividad de los derechos laborales.”

Por el lado de la respuesta oficial opinó que “el descargo fue limitado, no contestaron los temas planteados y hay que recordarles que el presidente no puede opinar como cualquier persona, lo que diga implica una política de Estado. La comisionista Soledad Muñoz pidió que mida sus palabras porque el ataque a los defensores de los derechos humanos es de fondo, no es algo que se pueda ventilar en un debate político”, concluyó.