Unión por la Patria presentó varios proyectos en los que denuncian que "el cierre de grados vulnera principios establecidos en la Ley de Educación Nacional N° 26.206".
El viernes 18 de julio, siete escuelas del Distrito Escolar 15 se movilizaron y realizaron abrazos a los edificios escolares, con el fin de rechazar el cierre de divisiones en primaria. Familias, docentes y equipos de conducción, denunciaron estos hechos y alertaron que harán lo imposible para frenar este nuevo ajuste.
En las últimas horas, el bloque de Unión por la Patria de la Legislatura presentó un proyecto de declaración para expresar «profunda preocupación por el cierre de secciones o grados en las escuelas públicas N°1, 2, 8, 12, 18, 19 y 22 DE N°15«.
El Distrito Escolar N° 15 incluye a establecimientos educativos de los barrios de Urquiza, Saavedra, Coghlan y alrededores. Uno de los cierres más fuertes ocurre en la Escuela N.º 22 “Félix de Azara”, situada en Tamborini 3948, donde la comunidad educativa podría verse perjudicada con el cierre de cuatro divisiones de 1º a 4º grado, según informaron autoridades educativas.
En el documento presentado en la Legislatura UxP apunta contra el nuevo ajuste educativo: «Según las autoridades, la decisión se basa en variables cuantitativas; sin embargo, la comunidad educativa considera que no se han evaluado de manera integral los aspectos pedagógicos, sociales y comunitarios que constituyen una educación de calidad e inclusiva. Los argumentos que presentamos a continuación refuerzan una postura que trasciende esta situación puntual, orientándose a reflexionar sobre el sistema educativo actual, donde la participación de todos los actores y espacios de trabajo resulta fundamental», sostiene en los fundamentos la diputada Maia Daer que elaboró el proyecto.
El reclamo de la comunidad educativa, bajo las consignas #NiUnGradoMenos y #NiUnPuestoDeTrabajoMenos, tiene como objetivo frenar esta medida arbitraria y regresiva, y exigen que el Ministerio de Educación y la supervisión del Distrito 15 den marcha atrás con los cierres.
«Consideramos que el cierre de grados vulnera principios establecidos en la Ley de Educación Nacional N° 26.206, en particular: el artículo 11, que busca garantizar una educación que permita el desarrollo integral de las personas, promoviendo la igualdad, la equidad y la permanencia en el sistema», agregó.
Al mismo tiempo, explica que «las decisiones de reorganización deben ser contextualizadas y no basarse únicamente en cifras estadísticas. Es imprescindible mantener un enfoque territorial, participativo y pedagógico, dialogando con las escuelas, equipos directivos, supervisores y la comunidad educativa, en respeto a los principios del federalismo y del gobierno escolar democrático».
En ese sentido, el legislador porteño Matías Barroetaveña recuerda que los argumentos del gobierno para el cierre de estos espacios, es la baja matricula como consecuencia de la baja natalidad. «Pero esa baja en vez de ser aprovechada como una oportunidad para mejorar la relación docente-alumno y para mejorar todo lo que tiene que ver con la asistencia en el grado, está siendo utilizado para cerrar y para complicarle la vida tanto a docentes como a estudiantes que deben reorganizarse a mitad de año», explicó a Tiempo.
Por último, Barroetaveña afirma que «esto se suma a las reformas del secundario que también están dejando de lado a muchos docentes de materias que ahora no están dentro de la currícula, lo cual ha provocado también semaforazos y reclamos de la comunidad educativa. Por todo eso creemos que la ministra de Educación (Mercedes Miguel), debería concurrir a la legislatura para poder conversar sobre estos temas o por lo menos contestar nuestros pedidos de informe».
Desde la Asociación docente Ademys se oponen fuertemente al cierre de grados, y señalan que en ningún momento fueron consultados los docentes, directivos ni la comunidad educativa: “Se toma una decisión unilateral y basada solo en números. Afecta la calidad educativa, al aumentar la cantidad de estudiantes por aula. Debilita los proyectos institucionales construidos colectivamente. Perjudica a los alumnos con trayectorias más vulnerables. Contradice principios del Régimen Académico, la Ley de Educación Nacional y la Constitución de CABA” y rematan: “El cierre no es sinónimo de optimización. Es fragmentación, retroceso y pérdida de derechos”.
Por su parte, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), acompañan el reclamo de familias, docentes y directivos, y exigen “diálogo real con las comunidades educativas de cada escuela”.
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