El Cine Teatro Urquiza corre riesgo de desmoronarse. De desplomarse y quedar sólo como un recuerdo de la joya arquitectónica que cobijó, entre otros artistas, a Tita Merello, a Carlos Gardel y a Aníbal Troilo. El deterioro no se relaciona con el paso del tiempo. Tampoco con el desgaste natural del histórico edificio inaugurado el 20 de mayo de 1921. Según los vecinos de Parque Patricios, organizados desde 2012 para luchar por la preservación del espacio cultural y para pedir su expropiación, hay una explicación clara: el gobierno porteño defiende los intereses privados de la firma Establecimiento Campana. «Hay un negocio inmobiliario por detrás y también por delante», alerta Carlos Raimundi, el ex diputado del FPV que impulsó, junto a Mara Brawer y Jorge Rivas, el proyecto de ley (2787-D-2015) para declarar el lugar «de utilidad pública sujeto a expropiación».
El último capítulo del destrozo ocurrió el último miércoles por la mañana. Los vecinos amanecieron entre los golpes de los martillazos y la caída de parte de la fachada del cine ubicado en Avenida Caseros 2826. Eran dos operarios de la Guardia de Auxilios del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que, en condiciones precarias y sin ninguna medida de seguridad, demolían parte de la marquesina del Urquiza. Lograron frenarlos, pero el daño estaba hecho. «Es lo mismo que pasó en 2015», recuerda Octavio Martín, uno de los vecinos autoconvocados, acerca de un episodio similar sucedido hace menos de un año.
Manuel Vila, ingeniero y presidente del Foro por la Memoria de Parque de los Patricios, refuerza la idea: «La presencia de los obreros no buscaba detener un colapso, sino promoverlo. El daño que han hecho prácticamente obliga a demoler la marquesina. Es un proceder sistemático: es el Estado puesto a defender intereses particulares de un dueño.»
El actual propietario del Cine Teatro Urquiza es Oscar Campana, un millonario que tuvo un noviazgo con la Niña Loly y es el nieto del creador de Campanólis, una aldea medieval construida en González Catán en 1976. «No está haciendo ningún mantenimiento y la Ciudad en vez de exigírselo va y tira todo abajo», denuncia Vila. Tiempo se comunicó con Campana sin obtener respuesta.
El gobierno capitalino, además, fue en contra de una sugerencia estatal: el 1 de julio, la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos de la Nación sostuvo que el espacio socio-cultural debe ser protegido. «Lo que le dice es que tiene valor patrimonial; se tienen que hacer cargo», agrega Martín.
Los vecinos, a su vez, exhiben otros argumentos para impedir la demolición total. Por un lado, hay una larga lista de normas que protegen a este tipo de espacios culturales. En la Ciudad, por caso, existe una ley de preservación de todos los inmuebles anteriores a 1941. Por otro lado, pasaron cuatro proyectos por la Legislatura porteña que nunca fueron tratados en el recinto.
Los defensores del cine-teatro pasaron a otra esfera y lograron que Raimundi presentara una ley en el Congreso Nacional. A fines del año pasado, llegó a Diputados para que tuviera media sanción. Estaba cocinado: el FPV contaba con los votos. Pero los vecinos se sorprendieron cuando bajaron el proyecto en las últimas dos sesiones maratónicas de 2015. No hubo razones claras. Sólo sospechas: creen que Campana, asesor de Daniel Scioli en 2007, se valió de sus vínculos políticos para frenarlo. Todavía, sin embargo, el proyecto tiene estado parlamentario. Sólo falta la voluntad política para que avance.
«Hasta la semana pasada no había riesgo ninguno. En este momento sí hay peligro de colapso porque cortaron los dos nervios laterales de hormigón. Hay riesgo de derrumbe y ha sido intencional», resume Vila. «
