Citan a Aranguren por trabajar «de los dos lados del mostrador», y a Alonso por no investigarlo

Juan José Aranguren y Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, fueron citados a indagatoria por el juez federal Luis Rodríguez, en una causa que investiga al ex ministro de Energía por supuestas «negociaciones incompatibles con la función pública» por haber encabezado la cartera cuando todavía era accionista de la empresa Shell, que se vio beneficiada con licitaciones otorgadas durante su gestión.

El magistrado también convocó a indagatoria a la secretaria de Etica Pública, Laura Alonso, bajo la sospecha de haber encubierto a Aranguren y de no haberlo investigado desde la Oficina Anticorrupción.

Rodríguez convocó a Aranguren para el miércoles 20 de noviembre y a Alonso para el 21, según fuentes de los tribunales federales de Comodoro Py, aunque desde el entorno de los acusados dejaron trascender que aún no recibieron las respectivas notificaciones.

La causa se inició en mayo de 2016 por una denuncia de los diputados Mario Doñate y Rodolfo Tailhade, en la que acusaron al entonces ministro (dejó el cargo en junio de 2018) de beneficiarse con el aumento de la tarifa del gas a raíz de su «doble rol como funcionario público y accionista de Shell S.A.».

Los legisladores denunciaron que en su declaración jurada patrimonial integrada, Aranguren, ex Ceo de la filial argentina de la petrolera de origen anglo-holandesa, declaró poseer «más de trece millones de pesos en acciones ‘clase A’ de la empresa Royal Dutch Shell», que vendería meses después.

Doñate y Tailhade relataron que el 28 y 29 de marzo de 2016, resoluciones ministeriales publicadas en el Boletín Oficial autorizaron el aumento de tarifas en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) a la empresa Shell, a la que por entonces estaba vinculado Aranguren.

También habían denunciado que por esa decisión se autorizó la «compra de gas a Chile en forma directa, y pagando tarifas mucho más caras de las que se venían pagando a Bolivia», lo que habría puesto «en situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG, la mayor proveedora de gas al vecino país trasandino».

Los diputados dejaron constancia en su denuncia de que el 16 de marzo 2016 alertaron sobre la presunta «incompatibilidad de intereses para ejercer el cargo» a la Oficina Anticorrupción (OA) que dirige Laura Alonso, pero que no obtuvieron respuesta.