Citan a indagatoria al primo de Macri y a De Vido por causa Odebrecht

La pidió el juez federal Martínez De Giorgi en la investigación por el presunto pago de sobornos por adjudicación de obras de soterramiento del tren Sarmiento.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi citó este viernes a declaración indagatoria al detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido, a su ex segundo Roberto Baratta y a otros ex funcionarios además de empresarios como Ángel Calcaterra, Marcelo Odebrecht e Ignacio Soba Rojo en la causa que investiga el presunto pago de sobornos para direccionar la adjudicación de las obras de soterramiento del tren Sarmiento.

El magistrado citó a 49 imputados, en un listado que incluye a Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, sindicado como supuesto intermediario en las maniobras sospechadas, según la resolución a la que accedió Télam.

Las pruebas en la causa, sostuvo el juez, «permiten sustentar el estado de sospecha instaurado en torno a los sucesos acaecidos en relación proceso licitatorio en cuestión, que se vinculan de manera directa con los pagos efectuados por parte de la empresas» a entonces funcionarios públicos, según el fallo.

Martínez De Giorgi citó a indagatoria a De Vido, Baratta, el también detenido ex secretario de Obras Publicas José López y a los ex ministros de Transporte Ricardo Jaime (también preso) y Juan Pablo Schiavi, entre otros.

En cuanto a los empresarios, citó a indagatoria a integrantes de IECSA SA, Ghella SA, Odebrecht y CAESA SA, del consorcio que se adjudicó las obras.

Entre los citados están Ángel Antonio Calcaterra y Santiago Altieri (IECSA SA); Gianvincenzo Coppi y Mario Blanco (Ghella SA); Ignacio Soba Rojo (CAESA SA).

La ronda de indagatorias arrancará el 6 de junio próximo a las 11 con De Vido y se extenderá hasta el 17 de octubre, cuando está citado ‘Corcho’ Rodríguez, imputado como supuesto «intermediario» entre los entonces funcionarios públicos y Odebrecht.

«Los pagos que se han podido identificar con destino a los funcionarios públicos investigados en autos, emanaron directa o indirectamente de sociedades que integraron la UTE contratada y se presentan, a la luz de las pruebas colectadas, como la contraprestación y justificación del desarrollo irregular» de la licitación, remarcó el juez en la resolución.

En este sentido, advirtió que «se observa que, en lo que respecta a la obra para soterrar el Ferrocarril Sarmiento, por el momento, se ha podido distinguir que los pagos en cuestión se habrían materializado de dos maneras: 1) a través de pagos a la empresa CAESA, por servicios de consultoría presuntamente inexistentes y 2) mediante transferencias que se enmarcan en el esquema internacional de pago de coimas montado por el Grupo Odebrecht a través de su División de Operaciones Estructuradas, concretamente materializadas desde y hacia cuentas radicadas en el exterior a nombre de empresas offshore».

Las 49 citaciones abarcan a los exfuncionarios que «formaron parte de la estructura del entonces Ministerio de Planificación Federal» u otras reparticiones que intervinieron «de manera sustancial en el irregular proceso licitatorio» y, además, a los «apoderados de las empresas privadas adjudicatarias» y sus responsables.

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