La Ciudad gasta $ 448 millones en micros privados para trasladar policías a protestas

Quietos, inmóviles, emplazados sobre la avenida Corrientes a pocos metros del Obelisco. Ahí estaban, mientras miles de personas marchaban contra el decreto de Javier Milei. En medio de la multitud, en silencio, con las ventanillas tapadas por las cortinas internas. Eran decenas de micros de una empresa privada de turismo apostados a lo largo de cuatro o cinco cuadras que, desde hacía varias horas, formaban parte del paisaje en el Microcentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Pocos minutos después de que la manifestación comenzó a desconcentrar, del interior de los micros descendieron cientos de efectivos de la policía porteña. Rápidamente formaron filas y cortaron la avenida y algunas intersecciones interponiéndose al paso de quienes se iban.

Muchos de los manifestantes se vieron sorprendidos ya que no comprendían cómo esas unidades turísticas de alta gama eran utilizadas por las fuerzas de seguridad para su traslado, más aún cuando la policía porteña tiene en su haber vehículos propios que estaban merodeando por la zona.

La fuerza local cuenta con más de 2500 móviles entre patrulleros, camionetas y motos; un promedio de 170 móviles policiales por comuna que son utilizados en diferentes operativos. Son cifras que vuelven incomprensible la necesidad de utilizar un servicio privado para el traslado y la logística de los uniformados.

Desde la Ciudad precisan que la gran mayoría de los vehículos propios no son aptos para trasladar efectivos, por lo que deben recurrir a estos contratos.

“Muchas veces se trasladan en micros a los efectivos cuando hay operativos de consideración”, explicaron a este medio desde Seguridad porteña que comanda Waldo Wolff. “La Policía de la Ciudad posee móviles para el transporte de personal pero en operativos con grandes cantidades de efectivos se utiliza este tipo de vehículos para traslado”, aseguraron desde el ministerio.

La cartera de Seguridad tiene un contrato que renueva cada tanto con la empresa Trip Co S.A. la cual se adjudicó mediante la Licitación Pública 2900-1133-LPU23, la “Contratación del servicio de transporte de personal de la Policía de la Ciudad”, bajo la orden de compra 2900-0237-OCA23. La última contratación fue adjudica en octubre de este año por un monto total de 448.000.000 pesos.

En el gobierno porteño insisten con detallar que estas contrataciones no solo aplican a operativos de represión de la protesta. Ponen como ejemplo los partidos de la Selección Argentina de fútbol que se disputan en el estadio Monumental del club River, los cuales siempre demandan gran cantidad de policías.

Los micros de transporte turístico utilizados durante el operativo de la policía de la Ciudad, fueron los de la firma Mary Go, una de las empresas que maneja TRIP CO S.A. “Mary Go ofrece la solución más elegida por las empresas para trasladar a su activo más preciado: su personal. Brinda una amplia diversidad de servicios para compañías industriales, aéreas, turismo, universidades y las más variadas instituciones”, destaca la firma con sede en Nordelta, Tigre.

Hasta el 30 de noviembre, cada traslado en estas unidades tenía un costo de hasta 1.384 pesos por persona (del Tigre hasta CABA). Un valor al que solo accedían aquellos que, como mínimo, realizaban 10 traslados mensuales, de lo contrario los costos eran muy superiores.

La empresa cuenta con una flota de más de 20 unidades, “todas adquiridas desde 0 KM y con una edad promedio de 3 años. Las actividades y servicios son monitoreadas por un sistema de seguimiento satelital, y mediante radioenlace mantenemos una comunicación permanente con los conductores”, detallan.

Nicolás Pasqualini y Juan Luis Pasqualini son quienes dirigen MARY GO Buses  y Trip Co SA y administran otras empresas de transporte como Caminante del Sur SRL y West S.A.

Traslado de “repatriados”

No es la primera vez que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires solicita los servicios de las empresas de transporte de la familia Pasqualini para trasladar a efectivos policiales. También requirió de sus servicios en 2020 en medio de la pandemia, “para el servicio de traslado de repatriados desde Aeropuertos con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

En esa ocasión, la empresa Trip Co S.A. obtuvo un monto de $820.867. Pero no fueron los únicos. También la firma Transporte Personal S.A., más conocida por su razón social como Manuel Tienda León, recibió un monto de $1.009.250 para llevar adelante esa tarea.

Discriminación de la empresa de micros

MaryGo nació en 2001 en función de la necesidad de traslado de quienes habitan en los barrios privados de Nordelta. En 2018, la empresa fue acusada de discriminación al negar la utilización del servicio a las trabajadoras de casas particulares de los countries. El viaje era abonado 100% por sus patrones, en algunos casos, y en otros acreditaban apenas la mitad.

Las trabajadoras se enteraron que, tras un encuentro de vecinos de Nordelta, decidieron que el personal doméstico y ellos no debían viajar en los mismos vehículos. Si bien en ese encuentro había vecinos que no estaban de acuerdo con esta medida, un grupo mayoritario firmó una carta para exigirle a MaryGo que las empleadas y otros trabajadores que ingresaban a la zona lo hicieran sólo en combis internas.

En su defensa, Nicolás Pasqualini, manifestó que «como empresario», nunca discriminaría a nadie ni restringiría el acceso a sus ómnibus «porque no es negocio». Lo que sucedía, dijo en una entrevista brindada al diario La Nación en 2018, es que faltaban lugares en las unidades que recorren Nordelta internamente y, por eso, entre 2015 y 2017, propuso aumentar la frecuencia de su servicio, pero con ayuda de la asociación vecinal del barrio privado.

«Nosotros queríamos llevar a todas las empleadas domésticas por $20 (en aquel momento) por dentro de Nordelta, sentadas como corresponde y con un servicio de calidad. En las líneas de transporte público, el pasaje se cubre en parte con lo que paga el pasajero y en parte con subsidios, por lo que nuestra propuesta era cobrarle esos $20 a los pasajeros y que la asociación vecinal recaudara otros $20 por medio de expensas para abaratar el costo».

El empresario alega que no se puede readecuar el servicio con nuevas inversiones e incorporar más equipos -para que así no haya falta de lugares en sus ómnibus- porque hacía dos años que MaryGo prestaba su servicio sin contrato.

«Firmamos en 2013 con la Asociación Vecinal Nordelta (AVN) por dos años. Una vez vencido, la AVN no lo renovó, pero tampoco intimó a la suspensión del servicio, por lo tanto, al seguir prestándolo, se produjo una renovación de hecho», describe.