Es un expediente que investiga la distribución de la publicidad oficial durante el segundo gobierno de CFK, cuando la actual presidenta del PRO era diputada opositora.
Esa causa, que tiene entre los imputados al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, está elevada a juicio oral y público. Y se encuentra en la etapa de instrucción suplementaria, el paso previo al debate.
La empresa Artear S.A., que pertenece al Grupo Clarín, recordó que en el expediente se investiga “la conducta de funcionarios públicos de un gobierno que, a través de diferentes acciones –muchas de las cuales han recibido su pertinente condena en sede judicial-, buscó desmembrar y perjudicar a un grupo de medios en particular, por la sencilla razón de difundir ideas opositoras a su gestión”.
Las abogadas Anabella Castillo y María Masanti pidieron que se incorporen como pruebas para el juicio un artículo periodístico “dónde el actual Secretario de Medios y Comunicación, Francisco Meritello, afirma que la distribución de la publicidad oficial está mayoritariamente planteada en términos de la audiencia”.
Como contrapartida a esa afirmación, las querellantes reclamaron que se sumen como pruebas la denuncia presentada cuando era diputada por Patricia Bullrich ante la Oficina Anticorrupción “a fin de que se investigue el reparto arbitrario de la publicidad oficial en la TV, aportando datos concretos vinculados a su distribución”.
En el mismo sentido, reclamaron la incorporación de una nota periodística “de la cual surge que Gerardo Milman, al tiempo de los hechos, vicepresidente de la Comisión de la Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, se pronunció acerca del criterio arbitrario con el que el Poder Ejecutivo de aquel entontes distribuía el dinero destinado a pauta oficial en función de sus intereses políticos”.
Además, el petitorio incluye artículos de los periodistas José Crettaz y Alejandro Alfie relacionados con la distribución de la publicidad oficial.
Las abogadas reclamaron también la declaración testimonial de Bullrich, Milman, Cretaz y Alfie, además de las de los abogados del grupo Damián Cassino y Andrés Torres.
“Las medidas propuestas resultan pertinentes y útiles a los efectos de contextualizar el ámbito en que las conductas investigadas se desarrollaron. Y también a efectos de acreditar los móviles que guiaron las mismas que, claro está, dista del recto ejercicio de la función pública”, resume el planteo.
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