Clausuraron la comisaría 8ª de La Plata por hacinamiento extremo y graves condiciones de detención

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un habeas corpus colectivo en el que solicitó la inmediata clausura de los calabozos de la comisaría 8ª de La Plata. Allí, en un espacio reducido para 3 personas se encontraban alojadas 45, con todos sus derechos vulnerados.  

Interviene el juez de Garantías de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo, quien hizo lugar al incidente presentado por el organismo provincial y en su resolución ordenó el traslado inmediato -en términos de 48 horas- de todas las personas detenidas en esa dependencia a establecimientos que estén habilitados.

Además, prohibió el ingreso de nuevos detenidos hasta que se realicen las reformas necesarias para que sea nuevamente habitada. También libró oficio y dispuso que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires presente, en los próximos 15 días, un plan de reparación integral del edificio que se encuentra en estado deplorable.

Condiciones de detención inhumanas

«En el monitoreo que realizamos detectamos condiciones inhumanas de detención. Los detenidos padecían hacinamiento extremo, falta de acceso a agua potable y presencia de roedores, entre otras graves violaciones a los Derechos Humanos», denunció Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con Tiempo.

Y siguió completando: «Se trata de un lugar con capacidad para tres personas, pero había 45 detenidos con todos sus derechos vulnerados y en condiciones inhumanas. La comisaría estaba clausurada por orden judicial y una resolución del propio Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Estas órdenes fueron desobedecidas por los uniformados».

«Nosotros, tras recibir denuncias de familiares de las personas detenidas en la comisaría 8ª de La Plata, presentamos un habeas corpus colectivo ante la Justicia Provincial pidiendo la clausura en forma inmediata», contó el secretario ejecutivo.

Hacinamiento extremo

«En nuestro relevamiento constatamos que cuarenta y cinco personas estaban alojadas en un espacio de apenas 16 m², sin ventilación ni acceso a baños adecuados. Además les prohibían el acceso al agua potable, que le proveía el personal policial y sus propios familiares. Y, en algunos turnos cortaban el agua, los uniformados argumentaban les que molestaba el ruido de la bomba», detalló el abogado.

Continuó señalando: «Las celdas no tenían luz ni ventilación natural, lo que generaba un ambiente sofocante e insalubre para los allí cautivos. El agua que era entregada en botellas de plástico era insuficiente ante las altas temperaturas».

«No tenían inodoros, solo una letrina improvisada en el piso para más de cuarenta personas, sin posibilidad de tener una higiene personal adecuada. También registramos la presencia de ratas y otros roedores, lo que obligaba a los detenidos a envolver sus alimentos en bolsas o mantenerlos colgados en las paredes de los calabozos», aseguró el secretario ejecutivo.

Además, «los detenidos también denunciaron que los policías los trataban mal. Nos contaron que durante el horario de visita, la mitad de los detenidos eran llevados a otro habitáculo. Y cuando finalizaba el horario, volvían a ser hacinados en el mismo espacio reducido», apuntó el letrado.

«La falta de espacio para acostarse obligaba a muchos de los detenidos a dormir sentados o sobre el piso de cemento frío y húmedo. Registramos restricciones arbitrarias en la entrega de comidas y artículos de limpieza e higiene personal que les llevaban sus familiares», agregó.

Falta de acceso a la salud

También denunció: «La atención médica era esporádica, prácticamente nula. No contaban con acceso regular a controles médicos ni a medicamentos, incluso en casos de enfermedades crónicas. Esta situación vulneraba de manera directa el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad».

Por eso, «cuando nosotros presentamos la denuncia, la justicia ordenó inspecciones y relevamientos en la comisaría. Y un peritaje determinó, que la infraestructura era deficiente y que el lugar no reunía condiciones mínimas de habitabilidad humana», contó el letrado.

También pudieron corroborar, «que los calabozos ya habían sido clausurados por una orden ministerial y judicial, lo que deja en evidencia el incumplimiento sistemático de las normativas vigentes. Por eso, el magistrado Rizzo, ordenó -durante los últimos días- que se investigue la posible comisión de delitos por parte de los funcionarios policiales de esa dependencia», finalizó.