Coimas en ANDIS: abren el celular de Garbellini y las defensas evalúan el planteo de nulidad de los Kovalivker

Bajo un fuerte hermetismo producto del prorrogado secreto de sumario dispuesto ayer por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, avanza en los tribunales de Comodoro Py la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Este jueves, los investigadores abrirán el celular de Daniel Garbellini, uno de los imputados que aparece mencionado en los audios atribuidos al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo.

“Me pusieron a un tipo que maneja toda la caja mía”, se escucha en voz de quien sería Spagnuolo en una de las grabaciones que dio a conocer el streaming Carnaval. Garbellini, de 54 años, fue despedido el 21 de agosto pasado. Tenía el cargo de Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS y quedó envuelto en la trama a partir de la mención del ex titular el organismo.

En las grabaciones Garbellini aparece como una de las partes del engranaje de recaudación que se habría montado en la Agencia con aval de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su ladero Eduardo “Lule” Menem.

A partir de eso, no solo fue despedido de su cargo junto con Spagnuolo, sino que ambos son investigados por la Justicia Federal en el marco de la causa que se abrió tras la denuncia del abogado Gregorio Dalbón. En ese expediente, el fiscal Picardi ordenó la extracción del contenido de los teléfonos y dispositivos secuestrados.

En el caso de Garbellini, este miércoles los especialistas de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), dependiente del Ministerio Público Fiscal (MPF), abrirán su celular. Vale resaltar que este eyectado funcionario entregó su teléfono y aportó la clave del mismo, a diferencia de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, autoridades de la droguería Suizo Argentina.

A partir de la entrega del celular a la Justicia, Garbellini se puso a disposición del expediente y designó a dos abogados defensores, quienes desistieron de nombrar peritos para que participen de la extracción forense.

Sus abogados son Agustín Biancardi y Martín Olari Ugrotte, dos conocidos letrados especialistas en casos de lavado de activos. Esa expertise los llevó a ocupar cargos públicos durante el macrismo: ambos vienen de desempeñarse en la Dirección de Litigios Penales de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Secreto de sumario

Hasta el momento, ninguno de los abogados defensores que están incorporados a la causa pudieron acceder a la prueba que está en el expediente delegado en Picardi. Tal como anticipó Tiempo en su edición del domingo, la Justicia extendió el secreto de sumario.

Tampoco pueden acceder al contenido de la causa los flamantes querellantes: se trata de la ONG Poder Ciudadano, que trabaja en el impulso de casos por presunta corrupción. El martes, el juez Casanello los aceptó como parte en el expediente al reconocer su trayectoria y también por ser los representantes del capítulo argentino de la organización Transparency Internacional.

¿Primer despliegue de estrategias?

Como nadie puede ver el expediente, las estrategias y movidas de las partes están en stand by. Una de las grandes expectativas está puesta en los movimientos que pueda ejecutar la defensa de Spagnuolo, a cargo de los abogados Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Stchulze.

Sin embargo, por estas horas todas las partes analizan qué postura tomar frente a la única estrategia desplegada hasta el momento: la de los Kovalivker. Es que los dueños de la Droguería Suizo Argentina vienen de pedir que se declare la nulidad de la causa al considerar, entre otras cosas, que la investigación se ha sustanciado como “una caza de brujas”.

Ese planteo, elevado con el patrocinio del defensor Martín Magram, fue girado a las partes por decisión de juez Casanello. Por estas horas, las defensas, la querella y la Fiscalía analizan qué postura tomar. Tienen tiempo hasta el lunes. Una vez que se venza ese plazo, el magistrado estará en condiciones de decidir si convalida o no el planteo de nulidad de los representantes de la droguería apuntada por la supuesta venta de medicamentos con sobreprecios al Estado, a partir de los cuales se habría montado un esquema de retornos con terminal en la Secretaría General de la Presidencia.