La Vicepresidenta fue autorizada por el Tribunal a no conectarse el martes ni el próximo viernes, por motivos de agenda parlamentaria.
«Hubo un direccionamiento grosero, inadmisible, a favor de Báez», dijo Luciani en el segundo día de alegato final ante el Tribunal Oral Federal 2 en el marco del juicio por supuestos delitos con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.
Si bien en esta etapa es obligatorio para los imputados presenciar el alegato, la Vicepresidenta fue autorizada por el Tribunal a no conectarse hoy y el próximo viernes a la plataforma Zoom por motivos de agenda parlamentaria en el Senado Nacional.
La fiscalía retomó pasadas las 8.30 el alegato, luego de haber anticipado ayer, en la primera jornada, que acusará por supuesta asociación ilícita y defraudación a los 13 imputados y su exposición se extenderá durante la tarde.
En la segunda de las nueve audiencias que tiene previstas, el fiscal centró su atención en lo ocurrido en Santa Cruz desde 2003, con el dictado de normas y la firma de convenios entre Vialidad Nacional y provincial que según él «fueron relevantes para la maniobra».
«Se buscó reducir el ámbito de control, se organizó toda una estructura de funcionarios absolutamente funcionales al direccionamiento hacia Báez. Los convenios que se firmaron fueron relevantes para la maniobra», consideró.
La fiscalía está «en condiciones de asegurar que las 51 licitaciones públicas» de obra vial nacional en Santa Cruz «fueron una ficción, se trató de licitaciones aparentes, una puesta en escena para darle aspecto de legalidad a lo que en los hechos fue una contratación directa».
Los funcionarios del área «omitieron cualquier acción tendiente a impedir el derroche de fondos del Estado. Permitieron que se instalara en Santa Cruz un sistema de corrupción permanente», agregó Luciani.
Los convenios que se firmaron entre las direcciones de Vialidad nacional y provincial «fueron los instrumentos que permitieron la maniobra del direccionamiento», según dijo.
«Demuestran una desidia absoluta y una firme intención de que todo se manejara en la estructura provincial que había sido manejada 12 años por Néstor Kirchner, cuando él gobernaba la provincia», analizó.
A su turno, el otro fiscal que interviene en el juicio, Diego Mola, aseguró que «se evitó cualquier tipo de fiscalización de las licitaciones» y que se manejaban los fondos de manera «arbitraria».
«Se logró direccionar las licitaciones de una manera burda, ilegal, hacia las empresas» en las que tenía participación Lázaro Báez. «Vamos a ver cómo luego parte de esos fondos ingresó luego al patrimonio de la familia presidencial», dijo Mola en alusión a prueba que aseguran presentarán en el alegato.
El fiscal aseguró que «todo estaba organizado y pensado y los jefes tuvieron que solamente dar las órdenes para que todo este sistema empezara a funcionar».
«Néstor Kirchner tenia un enorme poder en la provincia, tenia expectativa cierta de convertirse en primer mandatario nacional y fue el momento elegido por el entonces gobernador para establecer un canal para que los fondos pudieran fluir de las arcas nacionales para beneficio propio y de su familia. Este canal fue la obra publica en Santa Cruz», opinó el fiscal.
Luego comenzó con un análisis detallado de cada uno de los procesos licitatorios de las 51 obras que son objeto de la acusación y remarcó que la primera licitación cuestionada dejó un «protocolo de actuación para el direccionamiento de las otras 50».
El juicio se realiza de manera semipresencial, con los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu conectados desde una sala de audiencias de Comodoro Py 2002 y el resto de las partes de manera remota.
Un problema con la conexión a Internet en los tribunales del barrio porteño de Retiro obligó a disponer un cuarto intermedio y a un cambio de sala por parte del Tribunal, que pudo retomar la audiencia después de un corte de media hora.
La fiscalía quedó como única parte acusadora en el juicio que lleva más de dos años por los supuestos delitos de asociación ilícita y defraudación.
El alegato se extenderá por al menos nueve audiencias y luego será el turno de las defensas.
En el debate se analiza si hubo delito en el otorgamiento de obra pública vial nacional en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015, como supuesto direccionamiento a su favor, sobreprecios e incumplimientos.
Además de la Vicepresidenta son juzgados Báez, el exministro de Planificación Federal Julio de Vido y exfuncionarios del área como Julio López y Carlos Kirchner, entre otros.
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