Comienza el juicio a dos represores por el asesinato de una de las últimas víctimas de la dictadura

El secuestro ocurrió en General Sarmiento pero el cuerpo de Ana María Martínez fue encontrado en Punta Querandí, cerca del Delta de Tigre, zonas que durante la dictadura cívico militar estaban bajo jurisdicción del Comando de Institutos Militares. Ana María era militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y estaba embarazada de pocos meses. Su cuerpo baleado apareció el 12 de febrero de 1982 en una zanja y por ese secuestro y homicidio este jueves comenzarán a ser juzgados dos jefes militares en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín.

Los represores Jorge Norberto Apa, Jefe del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo y de Guillermo Raúl Pascual Muñoz, jefe del Departamento Personal (G-1) del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares, se sentarán desde este jueves 11 de octubre en el banquillo de los acusados. El Tribunal que los juzgará tiene una nueva integración Silvina Mayorga, Daniel Gutiérrez y Marcelo Díaz Cabral.

En la causa también estaba imputado Héctor Luis Ríos Ereñú, en su carácter de Jefe del Departamento de Operaciones G3 del comando de Institutos Militares, pero no llegó al debate porque falleció en junio del año pasado. La demora en la realización de los juicios en esa jurisdicción, donde cerca de una quincena de causas esperan llegar a debate, colaboró con la impunidad biológica.

Ana María fue secuestrada el 4 de febrero de 1982, en las postrimerías de la dictadura, poco antes de la guerra de las Islas Malvinas. Entre 1982 y 1983 los episodios de represión ocurrían de manera más aislada. La aparición del cadáver baleado de Ana María impactó en la sociedad, que empezaba a correrse la venda, y los medios comenzaban a registrar las violaciones a los derechos humanos. El homicidio de la militante del PST fue noticia destacada durante muchos días.

Incluso en la revista Gente, que transitó la dictadura entre la complicidad y la negación del terrorismo de Estado, dedicó una tapa al tema. ¿Quién mató a Ana María Martínez?, publicó la revista.  

Para el abogado querellante Pablo Llonto el juicio es muy importante por lo que significó el secuestro y crimen de Ana María y por el momento en que ocurrió: “en 1982 parecía que se abría la posibilidad de que la militancia sacara un poco la cabeza y este fue un intento del Terrorismo de Estado de decir ‘aquí estamos, ni se atrevan’”, explicó.

Ana María era “Rosalía”. Con ese apodo la identificaban sus compañeros de militancia clandestina. Se había afincado en el norte del Conurbano en los inicios de la dictadura cuando llegó desde Mar del Plata, donde el PST había sido seriamente perseguido.

“Se la agarraron con una militante de base, con militancia en bancarios y en derechos humanos y fue un crimen que sacudió a la argentina de ese momento, y que generó una fuerte reacción de organismos y de la sociedad”, redondeó el abogado.

El camino hacia el secuestro y muerte de la militante comenzó a ser trazado un año antes. La Comisión Provincia por la Memoria (CPM) que acompaña a la Comisión de Familiares y Amigos de Ana María Martínez, aportó en el expediente el legajo 17949 de la Mesa DS (Delincuentes Subversivos) del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia (DIPPBA). La jueza de instrucción, Alicia Vence, valoró esa información al elevar la causa.

El documento lleva por título: “Trabajo de Infiltración en PST”, y allí el jefe de la Delegación de San Martín informa a su superioridad sobre el minucioso seguimiento de “Rosalía” y otros compañeros suyos del PST realizado desde mediados de marzo de 1981 hacia fines de ese año.

Apenas unos meses más tarde una patota secuestró a Ana María en su casa de la localidad de Villa de Mayo. Se la llevaron en un Falcon Verde. Estaba embarazada. Después de 36 años un tribunal juzgará a dos de los responsables de su asesinato.  “Los autores directos aún no los hemos identificados, pero los vamos a seguir buscando”, completó Llonto.