Las empresas aducen retrasos en el pago de subsidios y su falta de actualización. En abril pasado, recibieron unos $ 11.000 millones. El Ministerio de Transporte no intervino para obligar a regularizar el servicio. Cientos de miles de pasajeros perjudicados.

El lock out parcial no fue sorpresivo. El lunes, la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) anunció que tomaría esta medida. A lo largo del martes, el titular de esa entidad, José Troilo, expuso en diversas entrevistas periodísticas la mirada patronal del tema. Ese activismo contrastó con el silencio oficial, que no expuso una posición pública del debate.
Según Troilo, el Estado les adeuda unos $ 18.000 millones en subsidios impagos que “se acumulan mes a mes”. Al mismo tiempo, “las empresas se están haciendo cargo de la disparada de precios de los últimos meses” porque al retraso en la acreditación de dinero se le suma “la demora en la actualización de los fondos”.
Tiempo se comunicó con el Ministerio de Transporte pero no obtuvo una respuesta. La cartera que dirige Alexis Guerrera sí dejó trascender que este miércoles habrá una reunión en ese ministerio, a la que fueron convocados los empresarios. Pero no se trata solo de dejar en el empresariado la voz de lo que sucede sino que, además, no hubo mención alguna a una intervención oficial para obligar a las empresas regularizar el servicio, según determina la legislación y la regulación vigente. Tampoco se expidió la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT).
Según las declaraciones de Troilo, el retraso estatal en el pago de los subsidios vendría de antes de la renuncia de Martín Guzmán al timón del Palacio de Hacienda y su reemplazo por Silvina Batakis, quien se presentó con un programa de defensa del déficit cero. Y ante la falta de acción oficial, aseguró que el lock out continuará “el tiempo que sea necesario”.
Para la patronal del transporte, las posibles salidas son dos: o aumentan los subsidios o se aplica un tarifazo.
Al respecto, conviene recordar que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, dijo a principios de junio que estaba en estudio la suba del boleto de colectivo del 40% en el AMBA, aunque no dio fechas precisas. Antes del aumento se deben realizar audiencias no vinculantes.
Además, está pendiente de resolución el debate entre el gobierno federal y la Ciudad de Buenos Aires para el traspaso a esa jurisdicción de la responsabilidad sobre las líneas de transporte de pasajeros que recorren solo el territorio porteño.
Maraña de subsidios
Según los datos del Ministerio de Transporte, las empresas de colectivos del AMBA reciben cuatro tipos de subsidios diferentes: por la estructura de costos, por la tarifa social, por el sistema SUBE y por el consumo de gasoil. Juntos, sumaron unos $ 11.000 millones en abril.
El más abultado, por lejos, es el que compensa la diferencia tarifaria “de acuerdo a la estructura de costos realizada por la Subsecretaría de Transporte Automotor en el ámbito territorial del AMBA”, según figura en la planilla. En lo que va de julio, el Estado ya entregó $ 5977,3 millones. En todo junio, los fondos aportados sumaron $ 8965,1 millones. De ellos, $ 7390,4 millones fueron a parar a las empresas de transporte que recorren tanto la Ciudad de Buenos Aires como el Gran Buenos Aires. Y los otros $ 1574,6 millones para las líneas de colectivos que sólo recorren la Capital Federal.
A pesar de la inflación y del incremento de los viajes, los montos vinculados a este subsidio han ido descendiendo levemente. Según el Monitor de Subsidios de la Administración Nacional de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en enero se realizaron, en promedio por día hábil, 6 millones de viajes diarios en colectivos en el AMBA. La cifra ascendió a 7,4 millones en febrero y a 9,2 millones en marzo. Sin embargo, el subsidio por la diferencia tarifaria fue bajando: $ 9412,1 millones en enero; $ 9219,3 millones en febrero; y $ 9219,4 millones en marzo de este año. Como se mencionó antes, los fondos de este subsidio sumaron $ 8965,1 millones.
Por la tarifa social, las empresas de colectivos recibieron una “compensación” de $ 827,5 millones en junio.
El pago de compensaciones “que permite descuentos en la tarifa del Transporte Público a los usuarios que deben realizar viajes con transbordos en el ámbito territorial del AMBA” con el uso de la tarjeta SUBE, junto con “compensaciones en reconocimiento de Comisiones, Reducciones y Retenciones en el marco del Sistema Único del Boleto Electrónico (SUBE)”, implicó que el Estado desembolsara en total $ 725,6 millones en mayo para las empresas de transporte del AMBA.
Por último, la asignación del “cupo de Gasoil a precio diferencial a las empresas de Transporte Público Automotor de Pasajeros de Corta Distancia en el AMBA en el ámbito territorial del AMBA” implicó una erogación de $ 488,1 millones en abril, último mes del que hay registro para este subsidio que evita a las empresas pagar el precio pleno del combustible.
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