La interrupción del Plan Nacional de Protección Social y las bajas en el programa Potenciar trabajo agravó la situación de vulnerabilidad de las personas trans en la Argentina.
“Nos enteramos por WhatsApp y por colectas para travestis en las redes sociales que no estaban pagando las tarjetas de alimentos. Los grupos de WhatsApp de personas trans están estallados. Si no es que falta para comer, falta para el alquiler y medicamentos”, compartió a Presentes Pato Laterra, activista y profesor en Economía y Género en la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Buenos Aires. Además, es parte del Frente de Trabajadores TTNB en el Estado y del colectivo transindical Zaguán.
El Plan Nacional de Protección Social tiene el objetivo de “promover la inclusión social y la mejora de las condiciones de vida de los hogares con mayor grado de exclusión y vulnerabilidad social”.
“Como las personas trans no cumplen los requisitos de las tarjetas Alimentar por no pertenecer a ‘un grupo familiar’, el gobierno anterior dispuso a través del Programa 54 – Plan Nacional de Protección Social tarjetas precargadas a través de la Administración Nacional de Seguridad Social”, explicó Laterra. Esta prestación se dirige específicamente a la población travesti y trans en situación de vulnerabilidad alta por causas relacionadas a hechos de violencia de género, discriminaciones y violencia institucional. También a mujeres y LGB+ con los mismos criterios de vulnerabilidad.
Sin embargo, Laterra advirtió que “si uno consulta el presupuesto abierto, el Programa 54 de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Economía Solidaria que contiene al Programa de Recursos para la Promoción Social donde se encuentran estas tarjetas, no fue ejecutado en enero ni febrero”.
El programa implica un 0,0087% del presupuesto nacional. “Es una partida muy marginal para garantizar la seguridad alimentaria. Afecta principalmente a las transferencias a la provincia de Buenos Aires, Tucumán y Misiones”, detalló Laterra.
Desde el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires enviaron al Ministerio Nacional de Capital Humano una nota por el incumplimiento de los convenios que articulaban los recursos para la promoción social (RPS) del Plan Nacional de Protección Social. A través de ellos se otorgaban hasta 5 mil RPS mediante tarjetas precargadas a un total de 4.305 personas travestis y trans en situación de vulnerabilidad alta.
Pese a que los convenios continúan en vigencia, “se registraron cientos de consultas y reclamos” dado que “la totalidad de las personas inscriptas no recibieron el cobro correspondiente a diciembre de 2023, a cobrar en enero de 2024”, detalla la nota a la que tuvo acceso Presentes.
Frente a esto, la cartera de género provincial solicitó “de manera urgente información con respecto al pago adeudado a las personas destinatarias y sobre el estado de situación de la implementación de las mencionadas articulaciones”. Además, quedó a disposición para “continuar con este trabajo conjunto tan importante para garantizar la seguridad alimentaria”.
Esta situación se repite a lo largo del país con diferentes características. En Río Negro lo advirtió la activista travesti Georgina Colicheo, de 56 años. “La mayoría recibía una tarjeta social de la provincia y el Potenciar Trabajo desde hace más de dos años. Estamos en febrero y no han recibido nada, ni provincial ni nacional”, dijo a esta agencia Colicheo.
“La mayoría somos trabajadoras sexuales y esta ayuda brindaba la posibilidad de poder pagar el alquiler. Hoy estamos en emergencia habitacional”, advirtió. Además, compartió que el gobierno provincial “dejó de hacer prestaciones en el área social en cuanto a módulos alimentarios. Ni hablar de los preservativos o el tema de la salud”.
Colicheo ingresó a trabajar en Pami a través del cupo laboral travesti trans. En lo que va del año varias de sus compañeras que habían accedido a un empleo formal al igual que ella en Villa Regina y en Cipolletti, fueron despedidas.
Por otra parte, Georgina Orellano, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Argentina (AMMAR) compartió que hubo “muchas bajas del programa Potenciar Trabajo de compañeras que accedieron a ese programa porque lo requieren por su situación de vulnerabilidad, su contexto socio habitacional, de salud”.
Ante las consultas sobre por qué fueron dadas de bajas, como respuestas recibieron que la razón radicaba en que se habían ido de viaje o ya habían accedido a otros programas.
“Hay algunas compañeras que lograron juntar dinero y poder volver a visitar a sus familias, que hace muchos años no podían hacerlo. Otras aparecen en el sistema como que ya han accedido a otros programas y eso antes no era incompatible”, detalló Orellano.
Además, “algunas compañeras recibían mercaderías en filiales y desde noviembre del año pasado dejaron de recibirlo. No tienen respuesta alguna. En algunas provincias lograron acceder a mercadería, pero con un recorte del 50%”, advirtió.
Estas políticas son “sumamente importantes” para el colectivo travesti trans, coincidieron les activistas. También advirtieron que eran insuficientes para dar respuesta a las realidades de esta comunidad.
“En el colectivo trans son muchas las necesidades. Son personas en donde, estimamos, ha sido quebrada la línea de escolarización y, por tanto, las herramientas que tienen para insertarse en la sociedad. Sobre todo, en la empleabilidad. Son personas solas, sin contexto familiar. Porque hay resistencias en los grupos familiares heterosexuales a asumir la identidad de género de las personas”, graficó la psicóloga social y activista travesti Marlene Wayar, en diálogo con Presentes.
El contexto actual, con una devaluación del 118% y una inflación mensual para diciembre de 25,5%, sumado a los recortes en prestaciones sociales de parte del Ministerio de Capital Humano, “está llevando al colapso a las condiciones de vida de las travestis, las personas trans y no binarias. Pero también a las personas LGB”, subrayó Laterra.
Ante la crisis económica y social, el gobierno nacional respondió con gas pimienta a los reclamos de emergencia alimentaria de parte de manifestantes en la sede de Capital Humano.
Mientras tanto, la ministra Sandra Pettovello, quien había asegurado que no quería intermediarios en la entrega de ayuda social, firmó un convenio de asistencia alimentaria con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (ACIERA). También firmó un acuerdo contra la desnutrición infantil con la Fundación Cooperadora Nutrición Infantil (CONIN).
El presidente de CONIN, Abel Albino es el mismo que en 2018, durante el debate por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, confundió al virus de VIH con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) y dijo que el preservativo no protege contra el virus de VIH. “El virus del sida atraviesa la porcelana”, dijo y recibió el repudio de amplios sectores de la población por difundir información falsa.
“Es grave lo que está haciendo el gobierno porque está jugando con el derecho a la seguridad alimentaria de las personas. Para las travestis es más grave, porque tienen menos redes de contención material y comunitaria a donde acceder que las personas cis, por la histórica discriminación de la sociedad y que todo el tiempo niegan”, analizó Laterra. Y advirtió que es necesaria “la acción directa y explícita del Estado para velar por la distribución de recursos y servicios indispensables para todas las personas”.
Esta nota fue publicada en Agencia Presentes, medio aliado de Tiempo Argentino.
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