Cómo se gestó el envión final del impuesto a los ricos

La próxima sesión especial que se realizará este martes en la Cámara de Diputados para debatir el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas no fue una decisión intempestiva. El pedido ingresó el jueves por la noche y tomó por sorpresa a los integrantes de Juntos por el Cambio. Pero fue decidido en el bloque del Frente de Todos hace 20 días, poco antes del tratamiento del Presupuesto 2021, que fue aprobado el 29 de octubre. Y luego de un largo debate dentro de la coalición oficialista sobre el momento elegido para sancionar una iniciativa que el presidente Alberto Fernández instaló por primera vez hace seis meses.

El texto que llegará al recinto tiene dictamen desde hace un mes, pero en las tribus que componen el FdT admiten que su posible aprobación es el resultado de intensas negociaciones dentro del conglomerado oficialista, también con los espacios del lavagnismo, aquellos que responden a fuerzas provinciales y con gobernadores de todo pelaje. Los diálogos se aceitaron con la sanción del Presupuesto 2021, pero también hubo una definición política que terminó de empujar el alumbramiento de una medida fiscal que solo afecta a 12 mil multimillonarios argentinos, con tasas del 2% al 3,5% para fortunas superiores a los 300 millones de pesos. Implicará una recaudación total de 307 mil millones de pesos para «morigerar los efectos de la pandemia».

«La decisión la tomó el presidente, pero luego de confirmar que esta coalición no va a enterrar la agenda del kirchnerismo como pretendían algunos funcionarios de la Rosada que estaban convencidos de que la salida a esta situación consistía en postergar las aspiraciones de su base electoral y de su componente más dinámico», resumió un destacado integrante de la bancada oficialista compuesta por 119 voluntades. En sus entrañas reconocen la necesidad de «contener» el discurso crítico, dentro y fuera de la coalición, sobre el alcance de las medidas que el ministro de Economía, Martín Guzmán, negociará con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Su dimensión se conocerá cuando concrete un nuevo préstamo, esta vez dentro del Programa de Facilidades Extendidas del organismo.

Cuando el Presupuesto estaba en camino a su aprobación comenzó la cosecha efectiva de votos para transformar los 119 que tiene el oficialismo en los 129 necesarios para el quórum. El poroteo podría llegar a los 140 apoyos (ver página 4). Su cosecha es compartida por Máximo Kirchner, jefe de bloque; Sergio Massa, presidente de Diputados; y Carlos Heller, que conduce la Comisión de Presupuesto. Hasta el jueves, cerca del tigrense hablaban de un posible tratamiento durante el período de extraordinarias a partir de diciembre. La nueva postergación era para esperar el envío de la reforma impositiva, que podría incluir aumentos para impuestos sobre el patrimonio y las ganancias y reducciones en el IVA. Esa versión alimentó las sospechas sobre diferencias en el oficialismo con respecto al aporte solidario y el interés del titular del cuerpo para postergar la iniciativa. En su entorno lo niegan. «Siempre jugó a favor, pero no hace bandera. Ahora asegura el ámbito para que salga», contestaron en el Frente Renovador.

En medio de ese juego de tensiones y síntesis que caracteriza la nueva era del panperonismo en el poder, esta semana Guzmán confirmó que el año próximo no habrá nuevos pagos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). En el Palacio de Hacienda explican que la eliminación no es un salto al vacío y mucho menos en un año donde el oficialismo posiblemente juegue buena parte de su destino. «Durante este año de pandemia tenemos 8 puntos de déficit fiscal y no lo podemos repetir en la pospandemia. Guzmán no se va a bajar del 4,5%, pero los principales grupos económicos buscan que se baje al 3% y trabajan activamente para eso», resumieron en la bancada oficialista.

En ese proceso se enmarca la esperada sanción del aporte solidario. Es el arranque de un período ventana que vence en abril. Según la relojería sanitaria del gobierno, cuando comience el otoño se encenderán las alarmas ante el riesgo de un rebrote de Covid-19, que repita las escenas devastadoras que ahora se ven en los países del hemisferio norte. La carrera contra el tiempo que transita la Rosada apunta a contar con la aplicación de todas las vacunas que sean autorizadas por la Anmat. 

Si Diputados aprueba este martes el aporte extraordinario y el Senado lo transforma en ley antes de la finalización del período de sesiones ordinarias del Congreso (el 30 de noviembre), el Ejecutivo lo promulgará con rapidez. Buscará que la Afip ponga en marcha los mecanismos para recaudarlo. El primer paso será que el 0,02% de la población alcanzada presente una nueva declaración jurada de sus posesiones, aunque en Juntos por el Cambio pronostican una ofensiva judicial de las y los magnates afectados.

Los argumentos que podrían utilizar los estudios de abogados contratados por sus clientes para sortear sus obligaciones con el fisco se pueden leer en el dictamen de minoría que prepararon en Cambiemos. El texto dice que «frente al proyecto de inventar un nuevo impuesto a las grandes fortunas nuestra propuesta es definitivamente sí. Queremos que las grandes fortunas paguen los impuestos que hoy no pagan. El esfuerzo que no realizan y la solidaridad que les resulta ajena».

Las alternativas que propone giran en torno a mejorar la capacidad de cobro de los impuestos existentes. Y a la vez sostiene que la iniciativa del oficialismo no es un aporte solidario por única vez sino un impuesto que vulnera «garantías y derechos constitucionales destinados a proteger a los contribuyentes ante los abusos que puede provocar el Estado». El primero es «la doble y múltiple imposición» porque ya existe el impuesto sobre los bienes personales y el segundo es la «pulverización del principio de igualdad» porque trata de «forma diferente a quienes tengan una similar capacidad contributiva por el hecho de tener bienes en el exterior».

En el conglomerado opositor que conduce el radical Mario Negri aseguran que sus 115 escaños votarán ese dictamen. Niegan que las enumeraciones que contiene sean utilizadas por los estudios de abogados que preparan una ofensiva en tribunales para frenarlo. En el FdT aclararon que esos argumentos no tendrán éxito en Tribunales, pero aguardan «una tormenta de caranchos caros» apenas sea promulgado. Dicen que no vendrá sola sino reforzada con una agresiva campaña mediática impulsada por el establishment local, que ahora está enfocado en la ampliación de la brecha cambiaria del dólar y en relativizar cualquier alcance positivo de las vacunas que pasen la fase 3 de experimentación.

El escenario judicial y la ofensiva política que está en marcha no alteran los cálculos del oficialismo. Argumentan que es un aporte por única vez. Se aferran a esa definición para confirmar que nada tiene que ver con un impuesto. Aun así, no ofrecen certezas sobre el tiempo que llevará recaudarlo. Transformado en ley, el Ejecutivo podría anticipar su afectación específica. El texto establece que los 307 mil millones de pesos deben ser distribuidos del siguiente modo: un 20% será para la compra de vacunas, equipamiento médico e insumos, y otro 20% para subsidiar a micro, pequeñas y medianas empresas, tal como lo había reclamado el lavagnismo para aportar sus votos. Un tercer 20% será para reforzar el programa de becas Progresar, un 25 para fomentar la producción y distribución de gas natural en los territorios donde aún no llega. Y el 15 restante será para «mejorar la salud y condiciones habitacionales de los habitantes» de los 4100 barrios relevados en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

En esos fondos radica parte de la capacidad que tendrá el Ejecutivo para transitar el año electoral que se avecina con una pandemia en el medio. La fórmula elegida para que los 12 mil argentinos más ricos paguen cuenta con un apoyo en la opinión pública que varía entre el 40% y 60%. «No sabemos cómo harán para oponerse y después explicarle a la gente que están defendiendo los intereses del 0,02%. Puede ser un búmeran», advirtieron en el oficialismo, mientras se preparan para arrancar con una nueva agenda que pretende cerrar seis meses de duros debates internos en la Rosada y el Congreso, que este martes será el epicentro de varias movilizaciones para celebrar el Día de la Militancia, que conmemora el primer regreso de Juan Domingo Perón al país luego de 17 años de proscripción.