Cómo se usará el aporte solidario en los barrios populares

Hace dos semanas venció el último plazo para pagar el aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas. En el Gobierno Nacional ya hay una estimación sobre los fondos que se destinarán al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que financia a la secretaría encargada de las obras para mejorar y urbanizar barrios populares de todo el país.

Hasta ahora se recaudaron alrededor de 223.000 millones de pesos del aporte (ver páginas 10-11) por el pago de unos 10.000 contribuyentes con fortunas registradas por encima de los 200 millones de pesos. Cumplió el 80% del universo y un 20 restante eligió evitar el pago con demandas judiciales. De acuerdo a la ley que lo creó, se destinará el 15% para mejorar los grupos habitacionales comprendidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Serán $33.000 millones para reactivar un área que, por una traba burócrática, hasta fines del año pasado no pudo disponer de otra afectación específica por el 9% del Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS).

Ese porcentaje de la recaudación del impuesto sobre cada compra de moneda extranjera y de productos en el exterior aportó $9000 millones en 2020, pero la secretaría de Integración Socio Urbana no pudo disponer de esos fondos para avanzar con las obras programadas porque la entonces ministra de Hábitat y Desarrollo Territorial, María Eugenia Bielsa, no  firmó la resolución para destrabarlos. El nudo se destrabó cuando el área, cuya titular es Fernanda Miño, pasó al Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo, que planteó el objetivo de realizar 400 intervenciones anuales de urbanización en barrios populares.

Hasta 2016 se habían contabilizado 4416 barrios populares en todo el país, habitados por unas 5 millones de personas. De acuerdo a los relevamientos iniciales, el 69% no tenía acceso formal a la electricidad, el 89% no cuenta con agua potable, el 98% no tiene red cloacal y el 99% vive sin llegada a la red de gas natural. Ese contorno sigue incompleto y será actualizado este año con otro relevamiento.

La naturaleza del aporte extraordinario es que lo recaudado tiene afectación específica con cuestiones vinculadas a la pandemia para mitigar sus efectos. En esa distribución fue incluído el 15% para el FISU. Fuentes vinculadas al organismo que lo administra confiaron a Tiempo que la primera etapa de obras se focalizará en barrios donde no hay red de agua potable, financiar conexiones domiciliarias y las redes cloacales de un listado de barrios que ya está previsto por los convenios firmados.  El otro eje serán obras para conexiones de electricidad seguras, uno de los grandes problemas en estos barrios. Otra prioridad estará puesta en las conexiones de gas en las poblaciones vulnerables de la Patagonia. En materia de gas natural, el aporte solidario plantea destinar el 25% de lo recaudado a programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural. Serán unos 55.000 millones adicionales, pero no hay precisiones sobre su implementación.

Hasta que ingresen los $33.000 millones del aporte extraordinario, las obras continuarán con el financiamiento de los 15.000 millones provenientes del impuesto PAIS. La secretaría que conduce Miño estima que se necesitan 25.000 millones de dólares para «alcanzar la completa integración de los barrios populares». La inyección de fondos por el aporte duplica el dinero que tenía el área para este año y contrasta con los $577 millones que tuvo el año pasado.

Hasta ahora, los trabajos están enfocados en obras de baja escala pero alto impacto en los barrios. Sin embargo, en el organismo estiman que «se necesita construir alrededor de un millón de lotes con servicios para resolver el problema de hacinamiento de las familias más humildes y dar respuesta a los graves problemas habitacionales de las generaciones futuras». Implica un desembolso de 15.000 millones de dólares, más del 60% del total calculado para terminar con los problemas estructurales de los barrios populares en todo el país. La dimensión de esas prioridades y la emergencia que impone la pandemia tornan incomprensible la demora durante el año pasado para destrabar los fondos del impuesto PAIS.

En lo que va del 2021, se realizaron 200 de las 400 intervenciones anuales proyectadas, en un escenario donde se multiplican las urgencias habitacionales. Según un informe de la secretaría, hay «100 convenios firmados en todo el país por un monto estimado de 4800 millones de pesos». Ese total podría triplicarse con los fondos del aporte, pero su alcance dependerá del método que elija la cartera de Economía para distribuir lo recaudado.   «