Cómo sigue la causa: nueve detenidos y apenas un alambrado en la frontera

A casi dos semanas del hallazgo de los cuerpos de Brenda Loreley del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) enterrados en el jardín de una casa de Florencio Varela, la investigación ya cuenta con nueve detenidos sospechados de integrar bandas criminales que operan en la Ciudad de Buenos y el sur del Conurbano. Los principales apuntados del triple femicidio narco estarían tras las rejas, pero aún quedan dudas si persiste una estructura criminal superior impune.

Este viernes, Tony Janzen Valverde Victoriano, oriundo de Perú y conocido como “Pequeño J”, rechazó la propuesta de “extradición simplificada” por la Justicia de su país. Allí el martes fue detenido por la Policía Nacional de Perú, bajo la tutela de La Bonaerense y de Interpol, quienes le seguían los pasos a él y a su mano derecha, Matías Ozorio. Ambos atravesaron la porosa frontera con Bolivia, donde tragicómicamente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había inaugurado en febrero un alambrado de 200 metros para prevenir el narcotráfico y el contrabando. La propia ministra casi frustra la detención al anunciar que habían atrapado a Ozorio (aunque su cartera no formó parte), mientras los investigadores usaban el teléfono de Matías para atraer a Pequeño J y agarrarlo.

Ozorio, al ser argentino, fue expulsado de Perú y llegó al Aeropuerto de El Palomar el jueves. Se negó a declarar ante el fiscal de homicidios de La Matanza, Carlos Arribas. Se cree que aquel 19 de septiembre estuvo en la escena del crimen. Una versión sostiene que también iba en el VW Fox de Víctor Sotacuro, que daba cobertura a la Chevrolet Tracker en la que viajaban las chicas cuando habrían sido engañadas. Junto a Ozorio y Sotacuro -detenido en Villazón, Bolivia-, también iba la sobrina de este último, Florencia Ibáñez, apresada mientras brindaba una entrevista en un canal de televisión. Antes habían sido detenidos Daniela Ibarra y Maximiliano Parra, mientras limpiaban la escena del crimen. Poco después, fue el turno de Magalí González Guerrero y Miguel Ángel Villanueva Silva, vinculados con la casa donde ocurrieron los hechos. En tanto, Ariel Giménez está preso acusado de haber cavado la fosa donde fueron descartados los cuerpos. El abogado de Pequeño J, Víctor Manuel Girao Valdivia, pidió su libertad restringida, que fue rechazada: le dictaron nueve meses de prisión preventiva.  «