La gestión de Macri habían puesto en vigencia una serie de medidas duramente criticadas por los organismos de Derechos Humanos. El decreto advierte que las fuerzas de seguridad "deberán incorporar la perspectiva de la diversidad sexual y de género a sus programas de formación y capacitación".
“Revócase la Resolución del Ministerio de Seguridad nº RESOL-2017-1149 del 24 de octubre de 2017″, estipula la resolución 37 firmada por la ministra de Seguridad, Sabrina Frederic, y publicada en el Boletín Oficial.
La nueva norma cuestiona la medida sancionada por la anterior ministra de Seguridad, puesto que «el dictado de protocolos específicos en relación al colectivo LGBTI+, no hace más que reforzar su criminalización y otorgar un marco de simulada legalidad a prácticas abusivas y violatorias de los derechos humanos».
Al derogar la normativa, Frederic detalló una serie de principios generales para coordinar el accionar de las fuerzas policiales y de seguridad ante el registro o las detenciones de integrantes de esta comunidad.
La iniciativa de la ministra instruye a los jefes de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, para que adopten las medidas necesarias a fin de garantizar que el personal a su cargo cumplan con lo establecido en la Ley Nacional 26.743 de Identidad de Género y los principios de igualdad y no discriminación por orientación sexual.
«Resulta oportuno establecer que cada una de las fuerzas policiales y de seguridad, en articulación con la Subsecretaría de Derechos, Bienestar y Género y la Subsecretaría de Formación y Carrera del Ministerio de Seguridad, deberá incorporar la perspectiva de la diversidad sexual y de género a sus programas de formación y capacitación», detalla la nueva resolución.
En sus anexos, la normativa exige a las autoridades policiales y de seguridad que utilicen el nombre y género adoptados por cualquier integrante del colectivo LGTBI+, independientemente «de si se ha realizado o no el cambio de nombre y sexo registral en el Documento Nacional de Identidad».
Las fuerzas policiales y de seguridad «deberán mantener un respeto a la identidad de género autopercibida y a la orientación sexual» de los integrantes de esta comunidad, sobre todo «en los procedimientos de aprehensión, detención, requisa personal (y) revisación médica», añade el texto.
La medida también recomienda que el personal utilice «la vestimenta y el uniforme adecuados a su identidad de género» y que se garantice «la utilización de las instalaciones diferenciadas por género, que se correspondan con su identidad de género».
En caso de detención, las personas LGTBI+ «serán albergadas según el género autopercibido», aunque «la decisión sobre el lugar de alojamiento será de la persona involucrada, quien podrá solicitar alojamiento individual», estipula la norma.
Durante la gestión del presidente Mauricio Macri (2015-2019), la entonces ministra de Seguridad, estableció en octubre de 2017 un protocolo que debían seguir las fuerzas policiales y de seguridad al momento de registrar o detener personas pertenecientes a este colectivo.
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