Con el acuerdo caído, el gobierno incumplió las metas prometidas al FMI

Por estas horas, el acuerdo vigente entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional es letra muerta. Mientras se discuten los términos de la renegociación, que según de qué lado se analice podría tratarse de un upgrade o bien de un programa completamente nuevo, el gobierno pasó por encima varios de los criterios que habían sido fijados para evaluar su cumplimiento.

El acuerdo de facilidades extendidas fija tres metas cuantitativas que serían auditadas trimestralmente para que el FMI procediera a los desembolsos necesarios para repagar el stand by de 2018. Ellos son el déficit primario, la emisión monetaria para asistir al Tesoro y la acumulación de reservas por parte del Banco Central. Hoy por hoy, ninguno de los tres puntos pasaría el examen.

Tres metas, tres bochazos

En los últimos días, a contramano del cierre de canilla que se había puesto en práctica en el segundo semestre del año pasado, el Banco Central volvió a asistir al Tesoro con dos giros que sumaron $ 290.000 millones. En lo que va del año, las transferencias suman $ 520.000 millones, superando con holgura los $ 372.800 millones pactados para el primer semestre del año.

La ayuda se explica por el fuerte agujero que los efectos de la sequía y la menor cosecha de cereales dejaron en las cuentas fiscales. El déficit primario del primer trimestre alcanzó los $ 689.928 millones y superaron en un 56% lo pautado. «En este período (primer trimestre), se estima una merma aproximadamente $ 350.000 millones respecto a las proyecciones contenidas en la Ley de Presupuesto 2023», dijo el informe del Palacio de Hacienda en referencia a los menores ingresos por derechos de exportación. Sin ese fenómeno, dicen en Economía, la meta se habría cumplido.

Aunque faltan los números finales del mes de abril (se conocerán mañana), las proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso revelan que en los primeros cuatro meses del año el gasto primario se contrajo un 9,2% en términos reales. Los ajustes se concentraron en tres rubros: asignaciones familiares, subsidios a la energía y gastos de capital, que se redujeron entre 26% y 29% con relación al mismo período de 2022. Sin embargo, los esfuerzos por pisar los pagos no fueron suficientes para evitar que se disparara el déficit.

El capítulo más dramático es la acumulación de reservas. En marzo, el FMI flexibilizó las metas originales y las bajó a U$S 6800 millones para la primera mitad del año. Sin embargo, la reducción de exportaciones sumada a los continuos pagos de deudas comerciales hicieron que sólo en el primer trimestre las reservas netas del Banco Central cayeran U$S 5537 millones, según un pormenorizado estudio que hizo la Bolsa de Comercio de Rosario. Hasta ahora, la diferencia no pudo ser cubierta ni por la nueva edición del dólar soja (que generó liquidaciones por U$S 3041 millones entre abril y mayo) ni por los créditos que el ministro Sergio Massa gestionó con organismos internacionales.

Malas expectativas

Más allá de los números, el fracaso del programa es político: no logró anclar las expectativas de los agentes económicos ni mucho menos frenar la inflación. Un ejemplo lo da el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora mensualmente el Banco Central. En abril del año pasado, apenas anunciado el acuerdo, las consultoras, bancos y centros de estudio participantes vaticinaron que hacia fin de 2023 la inflación anual bajaría a 50%; el último REM prevé que se disparará a 126%.

En el gobierno creen que la única manera de dar vuelta ese pesimismo es consiguiendo un colchón de divisas que reemplace la pérdida de recursos por la sequía y le otorgue poder de fuego al Banco Central para frenar cualquier nueva corrida.

Por eso, en las discusiones, que por ahora se realizan de manera virtual, el pedido al FMI es que apure los desembolsos previstos para este año por un total de U$S 10.800 millones. Además, se solicitó la autorización para poder destinar parte de ese monto a eventuales intervenciones en el mercado cambiario.

¿Cómo reaccionó el Fondo ante este pedido? Con dudas. Su directora Kristaliina Georgieva y la adjunta, Gita Gopinath, tienen encima la presión del gobierno estadounidense, que hizo saber su interés por evitar un colapso en Argentina. Pero en el organismo temen que el dinero enviado sea sacrificado en aras de una infructuosa estabilidad cambiaria (lo que además le impediría cobrar sus acreencias preexistentes) y por eso sugieren una devaluación. En ese punto es donde está empantanada la negociación. «