Condena histórica por la masacre de la Guerra del Gas en Bolivia

Un año y diez meses después de la cacería policial ordenada por Fernando De la Rúa que dejaba 39 muertos y las aspas de un helicóptero fugándose de la Casa Rosada, la Bolivia aymara, campesina, obrera, históricamente sojuzgada, regaba el suelo de sangre para defender los recursos naturales y otro presidente también recurría a una aeronave para desertar de sus responsabilidades.

12 de octubre de 2003. Los canales de televisión en Bolivia comenzaron a emitir los últimos estrenos de Hollywood, los más taquilleros, los que antes nunca llegaban. No había generosidad en ese acto. Era un artilugio. Infame manera de ocultar, de desviar la atención de la masacre que ese día enlutaba a la ciudad de El Alto, satélite rebelde de La Paz, mientras los funerales se hacían en plena vía pública en cajones improvisados. El gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada –el presidente que hablaba mejor inglés que español– había dado la orden de liberar, a sangre y fuego, el paso a los camiones de gasolina para abastecer a la urbe sitiada. La sede del Poder Ejecutivo siempre vivió con fobia al cerco sobre sí. 

Es regla de oro de los gobernantes equiparar ese asilamiento con la pérdida del poder (esta idea nació en 1781 cuando los líderes aymarasTupac Katari y Bartolina Sisa cortaron todas las vías de comunicación de los colonizadores). La metrópoli más alta del mundo, ubicada a 4.000 metros sobre el nivel del mar, amanecía con tanques, jeeps, helicópteros artillados y miles de soldados con las caras pintadas que custodiaban celosamente los convoyes de hidrocarburos. Los alteños se abalanzaban con palos y piedras sobre esa caravana: 37 hombres y mujeres fueron asesinados por las balas de los militares. Una treintena caerían los días siguientes. El hartazgo por las medidas de ajuste y privatización se transformó en ira cuando el pueblo descubrió que se pretendía exportar gas natural a precio de gallina muerta a Estados Unidos vía Chile. Este no es un dato menor: en 1879 Chile invadió, instigado por el capital británico para apoderarse del salitre y el huano, los territorios bolivianos de Antofagasta, Calama, Tocopilla y Mejillones, en un conflicto que se extendió por cuatro años y que derivó en la pérdida total para el país andino-amazónico de su salida al mar y su definitivo enclaustramiento.

5 de marzo de 2018. El juez James l. Cohn de la Corte del Distrito Sur de Florida aceptó una demanda civil contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín por sus responsabilidades en la represión militar de las protestas ocurridas en octubre de 2003, que dejó un saldo de 67 muertos y más de 400 heridos. Por primera vez en quince años se sentaron en el banquillo de los acusados. Ambos huyeron del país tras la matanza y desde entonces son prófugos de la justicia boliviana.

3 de abril de 2018. El jurado de la Corte de Fort Lauderdale del Estado de Florida los declaró “culpables” y deberán pagar una indemnización que ronda los 10 millones de dólares.Se comprobó que idearon un plan para asesinar civiles y así terminar con las manifestaciones opositoras contra el ajuste. Tras una década de yugar los pasillos de tribunales de una nación extranjera los familiares de las víctimas fueron escuchados. La Ley de Protección para las Víctimas de Tortura permite a la justicia de los Estados Unidos arbitrar por delitos cometidos fuera de sus fronteras. Nunca un expresidente recibió tal condena. La Asociación de Familiares Caídos de Octubre agradeció el veredicto del jurado ciudadano y lo calificó como “un triunfo contra la impunidad”.

20 de septiembre de 2003. En un operativo militar en Warisata, al noreste de La Paz, recibe un disparo de un francotirador en la cabeza una niña de ocho años. Su nombre: Marlene Rojas. Estaba en el interior de su casa. El relato de sus padres inició la fase testimonial para sustentar el proceso. Otras cuatro personas fueron asesinadas ese día en esa localidad. Ese reguero de sangre se extendería durante casi un mes en un plan orquestado para amedrentar la rebelión popular que culminaría cuando un helicóptero huyó con los funcionarios gubernamentales. Desde entonces, Bolivia exige a Washington la extradición de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, quienes nunca fueron juzgados en su país como responsables políticos de la masacre.

4 de abril de 2018. Juan Patricio Quispe, presidente de la Asociación de Víctimas de Octubre, atiende mi llamada telefónica desde su casa en la zona de Río Seco en El Alto. Me relata emocionadocomo laperseverancia puso ante la justicia a los “masacradores de octubre”. “En 2006 –rememora–, iniciamos este proceso y tras varios rechazos y frustraciones logramos que por primera vez Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín tengan que rendir cuentas por sus violaciones a los derechos humanos. Ellos son los responsables por las muertes, por la salvaje represión militar. Hemos llegado hasta aquí luchando, nadie pensó que íbamos a colocarlos ante un juez, nadie lo creía, es un consuelo moral por tanto sufrimiento”.

La demanda fue presentada por nueve familiares de ocho de las personas asesinadas: “Estos ocho casos son emblemáticos –explica– porque son los que contienen las mayores pruebas y las mayores crueldades. Se trata de niños, mujeres, ancianos que murieron a manos de francotiradores, personas que estaban en sus casas o en los umbrales”.

Para Quispe este fallo “significa un poco de reparación para tanto dolor, para las familias, los amigos; por los asesinados que son un símbolo para nosotros, por su resistencia y por su lucha, como mi hermano, que fue asesinado en el puente de Río Seco defendiendo los recursos naturales de Bolivia”. Y agrega emocionado: “Hoy el mundo entero sabe y conoce que Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín son violadores de los Derechos Humanos y que han sido condenados por un tribunal federal en Estados Unidos” por los delitos de asesinatos extrajudiciales, crímenes de lesa humanidad y homicidio culposo.

La esperanza de este hombre incansable es que aunque se trata de un juicio civil que no prevé penas de cárcel “tal vez pueda abra la posibilidad de la extradición. Ellos tienen que volver a Bolivia a rendir cuentas”. “Están protegidos por los políticos de allá porque los gobernantes de Estados Unidos fueron beneficiados por las políticas privatizadoras y de ajuste de Sánchez de Lozada”, sin embargo subraya Quispe“el sacrificio realizado por nuestros familiares ha cambiado nuestro país y ha llamado a la conciencia de los bolivianos”.