Condenan a 22 años de cárcel al empresario que mató al comunero Chocobar

Tras nueve años de espera y lucha por conseguir justicia, finalmente la Cámara Penal de Tucumán sentenció a 22 años de prisión al empresario Darío Amin como responsable por el asesinato del comunero diaguita Javier Chocobar. Los jueces dictaminaron que los otros dos imputados fueron cómplices del crimen. Así, Luis “El Niño” Gómez deberá cumplir 18 años tras las rejas y José Valdivieso diez años. Si bien las querellas pedían prisión perpetua para los tres imputados, la sentencia contra Amín y Gómez fue superior a la solicitada por la fiscal Marta Jerez de Rivadeneira, que pedía 18 y 10 años para ellos.

Mientras en la sala se conocía la sentencia, en la puerta de los tribunales tucumanos se concentraron más de un centenar de personas al grito de “Javier Chocobar presente”. Además los jueces de la sala IV de la Cámara en lo Penal, Wendy Kasar, Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnoli determinaron que los tres imputados deben cumplir con prisión preventiva por 18 meses hasta que quede firme la condena. Así, Amín Gómez y Valdivieso luego de nueve años de libertad en los que no cesaron de acosar e intimidar a la familia Chocobar, se fueron esposados de la sala de audiencia.

El abogado de la familia Chocobar, Pablo Gargiulo, es un experimentado abogado del grupo Andhes que, como miembro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ha participado en varios juicios por crímenes de lesa humanidad y por violencia policial, como el caso de Diego Lucena. Gargiulo analiza que “el tribunal evaluó la responsabilidad conforme al daño que produjeron los imputados. Las penas severas reflejan la responsabilidad por el daño causado, que fue muy grande, hay una persona muerta y dos heridas, una de mucha gravedad, y una comunidad que sufre esa acción aún el día de hoy. El tribunal dictaminó entre los pedidos de perpetua que hicimos las querellas y el pedido de la fiscal, que quedó bastante desdibujada con la sentencia.

Respecto de cómo recibió la comunidad la sentencia, Gargiulo cuenta que han quedado conformes, porque también el tribunal hizo lugar a las reparaciones civiles de los imputados. Sin embargo, recién a partir de los diez días hábiles se darán a conocer los fundamentos de las penas y allí empiezan a correr los plazos para que las defensas presenten las apelaciones. Al respecto, la prisión preventiva por 18 meses no es un dato menor, ya que no podrán seguir amenazando a la comunidad como durante los nueve años que se tardó en llegar a juicio.

El asesinato de Javier Chocobar se da en el marco de una disputa territorial entre una comunidad originaria y un empresario que reclamaba esas tierras. En ese contexto, Gargiulo apunta que todo fallo judicial además de las consecuencias jurídicas para las partes es un hecho político y tiene una trascendencia: “Este fallo le dice a cualquiera que tenga una disputa territorial con comunidades indígenas o campesinas que no pueden ir armados hasta los dientes a los tiros para intimidar a la gente porque te puede caer sobre la cabeza una condena como esta. Ahí hay un mensaje, pero por el lado de la posesión de las tierras, si bien se discutió en el juicio, ese tema seguirá su curso por otros canales”, analiza el letrado.

Si bien el crimen se cometió el 12 de octubre de 2009, el conflicto databa de hacía tiempo, ya que Darío Amín reclamaba parte del territorio de la comunidad con la intención de explotar una cantera de piedra laja. Sin embargo, el contexto del crimen es aún mayor, ya que se da en el marco de conflictos que comunidades originarias mantienen por territorios que ocupan ancestralmente incluso en casos como este en que las tierras están amparados en la Ley 26.160.