Confirman despido de una funcionaria por burlarse de un femicidio

Un tribunal ratificó el despido con causa de una funcionaria del Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, por haberse mofado en redes sociales de un femicidio porque la víctima militaba en el Movimiento Evita.

Micaela García, una joven de 21 años de edad, oriunda de Concepción del Uruguay y estudiante de Educación Física de Gualeguay, era una militante comprometida con su comunidad, siempre dispuesta a ayudar al vulnerable e incansable a la hora del trabajo social. El 1° de abril fue a bailar y no volvió. Su cadáver fue hallado una semana más tarde en un descampado, con signos de violación. Su agresor, Sebastián Wagner, ya fue condenado a prisión perpetua.

En aquel doloroso contexto, Maia Ferrua, una abogada que trabajaba en el ministerio de Ibarra, publicó en su perfil de la red social Facebook: «Ahora van a decir que a Micaela la mandó a asesinar Macri porque era del movimiento Evita. jajaja… Parece que a todos les llega por juntarse con ese tipo de gente hay que tener cuidado con las amistades que se hacen en este tipo de… agrupaciones? Si se les puede llamar así a esa manga de mafiosos y patoteros ignorantes”.

Ferrua fue cesanteada, después de un proceso administrativo interno. La decisión consideró que había violado la prohibición de a “desarrollar toda acción u omisión que suponga discriminación por razón de raza, religión, nacionalidad, opinión, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.  Pero lejos de aceptar la decisión, recurrió a la Justicia para que la sanción fuera dejada sin efecto y ella, repuesta en el cargo para el que había sido designada por la gestión presidencial de Mauricio Macri. 

Lo curioso es que Ferrua había accedido a un cargo público por concurso durante el anterior gobierno, que la designó en 2014 como “Profesional Analista en Estudios Técnicos y de Gestión de Contrataciones Nivel C – Grado 1 – Tramo General – Agrupamiento Profesional del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), para desempeñarse en la Oficina Nacional de Contrataciones de la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.

Si bien reconoció que el posteo era suyo, explicó que lo había hecho a título personal y fuera de su horario de trabajo.  Además, “aclaró que su finalidad había sido la de repudiar a las agrupaciones políticas violentas y que de ninguna manera, ni desde un aspecto subjetivo ni objetivo, se pretendió banalizar un hecho tan atroz como el padecido a la Srta. García”.

La Sala Quinta de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, con las firmas de los jueces Pablo Gallegos Fedriani, Jorge Alemany y Guillermo Treacy, rechazaron el planteo y ratificaron la validez del despido.  No obstante, dejaron una hendija abierta para que Ferrua pueda intentar, por otra vía de los incontables vericuetos que tiene el sistema legal argentino, revertir la sanción.