La movilización del miércoles al Congreso puso sobre la mesa la consigna de unificar las luchas. En la central sindical prefieren acciones por sindicato. Y pulsean para estar en las listas en octubre.
Allí también se congregaron los trabajadores de la salud que prestan servicios a las personas con discapacidad y los propios pacientes que exigen al gobierno una recomposición urgente del nomenclador ante el colapso de las prestaciones.
La confluencia catalizó la idea de “unir las luchas” y, por ese motivo, se sumaron los trabajadores del Hospital Garrahan, en lucha hace semanas, los estatales de ATE, las dos CTA, los movimientos sociales y piqueteros, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), gremios aeronáuticos en lucha contra la desregulación, la flexibilización laboral y el congelamiento salarial, entre varios otros sectores.
La acción común se dio en el marco de una creciente conflictividad social y sindical que se expresa, en primer lugar, en el conflicto de los médicos, residentes y trabajadores del Hospital Garrahan, que el gobierno no pudo desactivar ni con una conciliación obligatoria ni con un incremento del 50% para los residentes (que lleva el salario a apenas $ 1,2 millones). Por el contrario, la acción decidida de los trabajadores del centro pediátrico más importante del país amenaza con extenderse a nivel nacional y goza de gran simpatía popular.
Entre el jueves y viernes se cumplió un paro de 24 horas en todas las plantas del neumático, impulsado por el sindicato del sector (Sutna) contra el cepo salarial que quiere imponer el gobierno en acuerdo con las patronales. A la vez se desarrolla una incipiente rebelión entre los trabajadores de los medios públicos que, liderados por el SiPreBA en unidad con el resto de los sindicatos, llevan adelante un plan de lucha con paros sorpresivos de dos horas y ruidazos en la TV Pública y Radio Nacional contra el congelamiento salarial que pesa sobre ellos desde agosto del año pasado. Lo mismo entre los controladores aéreos cuyo plan de acción escalonado pudo ser bloqueado por el gobierno con una conciliación obligatoria.
También se conoció el jueves a última hora el acuerdo que sellaron los desmotadores de algodón que, representados por la Federación Aceitera, consiguieron un incremento del 21% para un período de seis meses que desborda largamente el tope del 1% que pretende imponer el gobierno. Ese acuerdo, hay que destacarlo, es resultado de un paro de 72 horas que realizaron en todas las plantas del país los trabajadores del sector en los primeros días de mayo.
Casi 40 líneas de colectivos se autoconvocaron en rechazo del acuerdo salarial firmado por el titular de la UTA, Roberto Fernández y exigen nuevas medidas y la renuncia del octogenario dirigente. Además se acaba de cerrar una profunda rebelión popular en Tierra del Fuego contra las medidas del gobierno que amenazan el entramado industrial de la provincia y toda la economía regional. Las empresas se comprometieron a no despedir trabajadores hasta fin de año.
Lo mismo ocurrió en Catamarca con los docentes que rechazaron un proyecto de reforma educativa provincial y acaudillaron movilizaciones masivas que obligaron al gobernador del PJ Raúl Jalil a retirar su propuesta.
Con un paro de cinco días los trabajadores de Georgalos consiguieron la reincorporación de cinco empleados despedidos. En estas horas está ocupada la planta de sembradoras Crucianelli por once despidos, se sostiene la ocupación de la gráfica Morvillo hace más de tres meses y la lista sigue.
Así las cosas, la idea de “unificar las luchas” cae de madura. Sin embargo, a pesar de que el gremio de la Sanidad se encuentra atravesado por un conflicto salarial, Héctor Daer, cosecretario general de la CGT, en su última aparición pública al salir de una reunión con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aclaró que “no hay clima para otro paro general”.
Daer, que había calificado de “éxito rotundo” el paro del 10 de abril, adelantó que “lo que va a haber son discusiones por actividad y, si no homologan, habrá doble discusión, una para firmar y otra para cobrar”. Del Decreto 340, que ilegaliza el derecho a huelga y que hasta ese momento no había sido frenado por la justicia, el dirigente no le dijo nada a Francos.
El martes se cumplen dos meses del último paro general que logró un enorme acatamiento pero, al mismo tiempo, no obtuvo una respuesta satisfactoria del gobierno a ninguno de los reclamos. De entonces a esta parte la conducción de la CGT no solo no fijó un rumbo de continuidad para terminar de cosechar los resultados de la acción sino que ni siquiera reunió a sus cuerpos orgánicos tal como había prometido.
Por el contrario, fuentes muy cercanas al triunvirato, explicaron que “la mitad está en Ginebra en la OIT y la otra mitad está intentando que le homologuen los acuerdos”. Además, aseguran entre bastidores que la preocupación de la CGT está centrada en la renovación de autoridades, pautada para noviembre, y en el armado de las listas para legisladores provinciales y diputados nacionales del PJ en las que, esperan, se abran lugares para renovar al menos los tres escaños sindicales que vencen en diciembre de este año. «
Un grupo de sindicatos de base respondió a la convocatoria de Curas Opción por los Pobres. El jueves, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, participaron dos decenas de organizaciones entre las que se encontraban ATE, UTE, Feduba, AGTSyP, la UTEP y Taxistas, entre otros. El propósito fue el de establecer una coordinación permanente a fin de sostener una presencia en el Congreso todos los miércoles e «intentar federalizar la actividad de los miércoles en todo el país».
Allí se manifiestan todos los miércoles sin excepción, una veintena de organizaciones de jubilados desde diciembre de 2023.
Esas marchas son escenario de una persistente represión policial con especial ensañamiento entre los jubilados y jubiladas y los trabajadores de prensa que pretenden difundir las movilizaciones y la respuesta policial.
La iniciativa busca «acompañar de manera organizada las marchas, intentar impedir la represión y ampliar la convocatoria para no dejarlas ni dejarlos solos». Con todo, aclaran, «los que deciden sobre sus reclamos y las formas de llevarlos adelante son las organizaciones de jubilados y su multisectorial».
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