Por qué el Congreso no debería aprobar el Acuerdo Mercosur–UE

Hasta 2015, desde Brasil y Argentina se advirtió sobre la sensibilidad en determinadas líneas rojas, básicamente relacionadas con los intereses industriales y el desarrollo.

Estas líneas rojas fueron dejadas de lado durante los gobiernos de Macri y Bolsonaro, llegándose en junio de 2019 a un entendimiento que constituye el núcleo de lo que se aprobó en Diputados. Además, a fines de 2025, la UE incorporó cláusulas internas favorables a su sector agrícola para garantizar su aprobación interna.

La actualidad

El Acuerdo es presentado por el actual gobierno (y el de Macri) como una oportunidad histórica de inserción internacional para la Argentina. Sin embargo, un análisis más detenido de su contenido y de sus posibles efectos económicos y productivos muestra un panorama mucho menos alentador.

Además, se suelen omitir un aspecto central: los costos sociales del ajuste necesario de la producción frente al nuevo escenario. En efecto, la pérdida de empresas industriales, de empleos calificados, en su mayoría formales, y de las capacidades productivas construidas en el pasado, no será un fenómeno transitorio ni fácilmente reversible.

Los riesgos

1. Estímulos a la primarización de la economía

Uno de los principales riesgos del Acuerdo es que refuerza un patrón de especialización primarizado: la Unión Europea exportando bienes industriales de media y alta tecnología, mientras que la Argentina concentrará cada vez más sus ventas externas en bienes primarios y/o manufacturas de origen agropecuario.

• Pérdida de cuotas de mercado local y regional

Al abrirse casi por completo el mercado industrial del Mercosur a productos europeos, la Argentina queda expuesta, no solo en su propio mercado, sino también en el de Brasil.

Vale recordar que, en el año 2025, del total de exportaciones argentinas de Manufacturas de Origen Industrial (MOI), el 35% de ellas tuvieron como destino Brasil.

• Destrucción de eslabones de la cadena industrial.

El acuerdo no solo afecta el comercio, sino también la posibilidad de sostener cadenas productivas regionales y procesos de aprendizaje tecnológico. En el sector automotriz la apertura a proveedores europeos y la flexibilización de las reglas de origen, reducen los incentivos para integrar autopartes locales, afectando a uno de los eslabones más débiles de la cadena.

Según diversos estudios, varios sectores manufactureros aparecen particularmente vulnerables frente a la apertura comercial. Entre ellos se destacan la metalmecánica, el complejo automotriz, la industria química y los llamados sectores sensibles, como el textil, la indumentaria y el mueble, y en menor medida el calzado, que mantendría aranceles, pero se vería afectado por reglas de origen más laxas.

• Impactos negativos en el empleo en los principales aglomerados urbanos y ciertas economías regionales.

En muchos de los rubros mencionados, la competencia europea podría provocar cierres de empresas y una pérdida significativa de puestos de trabajo, afectando principalmente a los grandes conglomerados industriales del área metropolitana de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, entre otros, y especialmente a los trabajadores de sus conurbanos.

El argumento de que estos empleos serían compensados por un mayor dinamismo del sector agropecuario, minero y energético, resulta poco convincente. Esos sectores tienen una capacidad limitada para absorber mano de obra industrial, tanto por su menor intensidad laboral como por su localización territorial.

Por otra parte, en las economías regionales no todas son buenas noticias: sectores como la vitivinicultura enfrentarán una competencia directa con productores europeos subsidiados, y algo similar ocurrirá con el aceite de oliva y diversos quesos.

A esta reducida apertura agropecuaria de la UE se le suman las salvaguardias agropecuarias internas aprobadas en 2025 por la burocracia europea, tendientes a obtener la aprobación del Acuerdo. Establecen apoyos a sus productores frente a fuertes incrementos de las cantidades importadas y/o bajas de precios de productos con origen en el Mercosur.

• Límites a las políticas públicas para desarrollar y estabilizar la economía.

El Acuerdo establece restricciones sobre instrumentos que han sido clave para la Argentina, como las retenciones a las exportaciones y otras regulaciones destinadas a fomentar el agregado de valor y estabilizar precios internos. Limitar estas herramientas reduce la capacidad del Estado para enfrentar crisis externas, administrar la volatilidad cambiaria y promover estrategias de desarrollo productivo. Brasil logró en 2024 ciertas flexibilidades, sobre todo en minerales críticos, y si bien la Argentina había negociado algo similar, el gobierno actual desestimó dichas enmiendas.

• Inversiones y compras públicas.

Si bien este Acuerdo no incluye el capítulo de inversiones, en el capítulo de compras públicas el texto de 2019 colocaba casi en igualdad de condiciones a las empresas europeas con las locales.

Brasil logró modificar este punto en 2024, introduciendo excepciones para garantizar una preferencia efectiva a sus empresas cuando las compras las realiza el Estado. Argentina no solicitó esta flexibilidad.

Conclusiones sobre el acuerdo Mercosur – UE

En definitiva, el Acuerdo, tal como está concebido, plantea más riesgos que oportunidades para la Argentina. Sus efectos potenciales incluyen pérdida de empleo industrial, debilitamiento de la estructura productiva, mayor primarización de la economía y una reducción significativa de la capacidad del Estado para impulsar políticas de desarrollo. Lejos de constituir una estrategia de inserción internacional que contribuya al desarrollo, el Acuerdo tiende a limitarlo y a profundizar problemas históricos.

Argentina nunca se opuso a la negociación del Acuerdo, pero siempre que un gobierno nacional y popular encabezó las negociaciones, se buscaron fundamentalmente tres cosas: reducir los potenciales riesgos de destrucción de empleos locales, ampliar las cantidades exportadas y preservar la autonomía del Estado Nacional para decidir las políticas públicas que favorezcan un mayor desarrollo económico y social.

Lo aprobado por el actual gobierno nacional, no contempla ninguna de estas preocupaciones.