El Congreso debate la regulación de la IA: ¿es posible el control y la protección?

En un intento por mejorar en transparencia y tener así más chances de incorporarse a la Unión Europea, Albania se convirtió hace unos días en el primer país en nombrar a una Inteligencia Artificial como ministra de Estado. Diella, que significa Sol, garantizaría que no haya corrupción en las contrataciones y licitaciones públicas. El amasijo de algoritmos, a veces imperceptible, influye cada vez más en la vida de los ciudadanos y hay quienes aseguran que la historia del hombre está en un momento bisagra. En este contexto, tanto Argentina como la región  avanzan y analizan posibles regulaciones de estas nuevas tecnologías antes de que sea demasiado tarde.

En el país hay varios proyectos de ley que buscan regular esta tecnología, que generalmente parte de empresas trasnacionales que aplican sus productos en todo el planeta como Google, Open AI, Microsoft o Nvidia. Este martes, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados pospuso por 30 días la discusión de la Ley de Marco Normativo y de Desarrollo de los Sistemas de IA, elaborada por el diputado de Unión por la Patria Daniel Gollán, ante el faltazo del PRO.

Días antes, el legislador macrista Martín Yeza calificó en redes sociales a la iniciativa como “el peor proyecto sobre inteligencia artificial del mundo entero”. Para el exintendente de Pinamar, se trata de “un manual para espantar talento y capital de la propia industria tecnológica nacional, porque la de afuera ni vendría con algo así”. Luego, Yeza celebró que Gollán (presidente de la comisión) haya postergado el tratamiento del dictamen que podría haber salido por mayoría. Gollán remarcó que se basaron en leyes ya aprobadas en la Unión Europea, Australia y Sudamérica (Perú acaba de aprobar una).

Se trataría de una meganorma que trascenderá coyunturas políticas y económicas, que no debería desalentar el desarrollo de una tecnología que vino para quedarse. Por eso buscan que sea «una política de Estado». Este diario dialogó con el diputado nacional Diego Giuliano, autor de otro de los proyectos en danza: “Hace 20 años que trabajo con la protección de datos personales. Unos 300 registros digitales diarios en promedio que individualmente no dicen nada, pero cuando se combinan, se robotizan, logran perfilamientos precisos de las personas que derivan en publicidad, consumo y una cantidad de cuestiones que empiezan a violentar el derecho humano, entre ellos el de la intimidad y los proyectos de vida”.

El legislador santafesino reconoció que se trata de “una evolución fantástica de la tecnología, pero como ya lo ha entendido la Unión Europea, tiene riesgos”. Giuliano categoriza a los “sistemas de Inteligencia Artificial” como de “riesgos altos, medios y bajos”, cuya clasificación correría por cuenta de la Autoridad de Aplicación (que en el proyecto de Gollán se llama Autoridad de Supervisión de la Inteligencia Artificial – ASIA) que deberá llevar adelante un Registro Nacional. “Se pretende un equilibrio para proteger el Estado de Derecho y los derechos humanos ante el impacto de la IA cuando empieza a tomar decisiones por uno”, puntualizó.

La clasificación varía si el sistema es aplicado en maquinarias, vehículos o en modelos de reconocimientos biométricos con fines judiciales o policiales; o bien para formar profesionales o interpretación médica. Los sistemas de Inteligencia Artificial también serán pasibles de ser auditados, sobre todo cuando se apliquen en sectores de gobierno, industria y los servicios públicos. Estas cuestiones se recogen de ambos proyectos.

En la norma propuesta por Giuliano queda prohibido el “despliegue de técnicas subliminales, manipuladoras o engañosas para distorsionar el comportamiento y perjudicar la toma de decisiones con conocimiento de causa, ocasionado un daño significativo”. Lo mismo si ese sistema explota vulnerabilidades relacionadas con la edad, la discapacidad o circunstancias socioeconómicas para distorsionar comportamientos.

“Con esto no vamos en contra de la tecnología, sino al contrario, buscamos evitar que se use para hacer perfilamientos en base a sexo, raza, cuestiones religiosas. Por ejemplo, en Myanmar hubo una guerra civil, de limpieza étnica, en donde estas cuestiones fueron vinculadas al algoritmo y a las fake news –describió Giuliano–. El proyecto no se aplica normas restrictivas, aunque si se comete un delito es otra cosa. No avanzamos en un régimen de sanciones, eso lo dejamos para la reglamentación”.

En unas semanas, la Comisión de Ciencia de Diputados debería volver a reunirse para emitir un dictamen. Queda en la voluntad de los legisladores que se consensúe la regulación sobre una temática que atraviesa la cotidianidad de todas las personas.