Congruencia

Las críticas en la política regional son selectivas. Por izquierda y por derecha, aunque las categorías políticas tradicionales a veces se vuelvan lugares comunes y resulten insuficientes para encuadrar ideológicamente a partidos, movimientos, corrientes. A líderes políticos. 

¿Se le puede llamar progresista a Andrés Manuel López Obrador a pesar de que no apoye la legalización del aborto ni abrace las causas feministas?  ¿Se le puede llamar de derecha a Vicente Fox aunque promueva la legalización de la marihuana? Hay preguntas que incomodan precisamente porque no se ajustan a los márgenes ideológicos clásicos. La gama de matices que sustituye a las lecturas simplistas en blanco y negro complican e incomodan a las militancias. A veces, incluso las enfrentan. 

La derecha, por ejemplo, ahora erigió a Luis Lacalle Pou como su nueva estrella regional. Después de las históricas protestas que derrumbaron el espejismo construido en Chile con el ex ídolo neoliberal Sebastián Piñera, el conservadurismo se tiene que conformar con el presidente uruguayo porque no puede echar mano de los ultras Jair Bolsonaro en Brasil y la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez. Son malos, pésimos ejemplos. 

Eso sí, no los usan pero tampoco los critican. Mantienen un áspero silencio sobre las represiones, los abusos institucionales y las violaciones a los derechos humanos que ya son una constante en Bolivia y en Brasil. Su principal blanco de críticas sigue siendo, por supuesto, Venezuela. La vapuleada Venezuela. Nada dicen, tampoco, de la detención de Álvaro Uribe en Colombia, acusado hace tanto de corrupción. 

En el otro carril ideológico ocurre algo similar. La izquierda, los progresismos, evitan reconocer y condenar abiertamente las represiones, abusos y violaciones democráticas en la Venezuela de Nicolás Maduro y la Nicaragua de Daniel Ortega. También son malos, pésimos ejemplos. Como poco y nada se puede esperar de esos gobiernos que a diario se desprestigian a sí mismos, prefieren ensalzar la esperanza que (todavía) representan Andrés Manuel López Obrador en México y Alberto Fernández en Argentina. 

Unos y otros velan por sus gustos e intereses políticos. Bajo el pretexto de no «hacerle el juego» al oponente, evaden la autocrítica. El Grupo de Lima sólo condena a Venezuela. El Grupo de Puebla respalda a los gobiernos y políticos progresistas. La Organización de Estados Americanos valida el golpe de Estado en Bolivia y calla ante las tragedias que padecen brasileños y bolivianos y ante el intento de proscripción de candidatos en Ecuador. Cada cual atiende su juego. 

Parte de las militancias aplica el mismo doble estándar. Porque cuesta reconocer los errores, los abusos, los atropellos, las falencias de los propios. 

Pensemos en Argentina, en donde, al principio, muchos simpatizantes del gobierno se resistieron a condenar la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Hoy el clamor por el joven de 22 años, de quien no se sabe nada desde el 30 de abril, ya es generalizado: reclaman los organismos de derechos humanos, los activistas que siempre han denunciado la violencia institucional y hasta la oportunista oposición. El problema es que no se puede demostrar la masividad del apoyo a Cristina Castro, la madre que hace tres meses y medio busca a su hijo, porque la pandemia impide salir a marchas a las calles y tomar las plazas para reclamar por un nuevo desaparecido en democracia. Eso no se puede aceptar más, y mucho menos en un gobierno que enarbola los derechos humanos como una de sus principales banderas.  

Sergio Berni es uno de los funcionarios obligados a dar respuestas, pero anda ensimismado en su propia campaña de propaganda con tono bélico, con videos cinematográficos, con sobremediatización. Sumido en una guerra quién sabe contra qué, contra quién.  

Pero basta que se critique al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y se le exijan respuestas para que aparezcan sus defensores. «No digas nada de Berni, le hacés el juego a la derecha», reclaman algunos, temerosos, aunque el verdadero miedo debería ser priorizar las conveniencias políticas y perder la congruencia de las convicciones. 

Seguimos.