Continuidades: del plan económico del golpe a la miseria planificada de hoy

Nadie se sorprendió en los principales centros del poder económico la madrugada del 24 de marzo de 1976. Cuando las Fuerzas Armadas dieron el golpe que derrocó a Isabel Perón, militares, empresarios y referentes liberales y conservadores llevaban meses planificando el inicio del “Proceso de Reorganización Nacional”. Una reorganización con claros ganadores, que no serían los trabajadores organizados y los sectores populares.

A partir de allí y en los años que siguieron de la dictadura más sangrienta de la historia argentina, la estructura económica y social del país fue modificada de raíz: secuestros, torturas y desapariciones fueron condición necesaria para la expoliación y el despojo. El “Proceso” tuvo como actor central al empresariado agroexportador, financiero y extranjero, que apoyó desembozadamente. A cambio recibió numerosos beneficios, como apertura económica, congelamiento de salarios, prohibición y persecución de las actividades sindicales, reforma laboral, eliminación de retenciones, endeudamiento externo, fuga de capitales y un sistema financiero a medida. Hoy, igual que ayer, medidas del mismo tenor marcan el pulso de la agenda pública. Una suerte de déjà vu, con final predecible.

La principal cara visible de la alianza entre militares y un sector del empresariado fue José Alfredo Martínez de Hoz, designado en el Ministerio de Economía desde 1976 hasta 1981. Aunque contabilizó fracasos, el plan económico de “Joe” logró cambios de fondo: un deterioro brutal del salario de los trabajadores, cuya participación en el ingreso nacional pasó del 48% en 1974 al 22% en 1982; marcada desindustrialización (más de 20 mil fábricas bajaron la persiana) y brutal concentración económica. Mientras perdían sus derechos laborales y su empleo, cualquier delegado u obrero podía ser desaparecido por su militancia o participación gremial; buena parte de los 30.000 desaparecidos corresponde a activistas sindicales.

Como una latencia, aquellas medidas económicas y sus consecuencias conocidas marcaron la vida nacional en distintos momentos de nuestra historia reciente. Quince años más tarde del inicio del golpe volvieron con el neoliberalismo menemista; se reencarnaron en el macrismo de 2015-2019 y retornaron con una furia inusitada en el actual período libertario.

Cincuenta años después, sin haber respondido en la Justicia por su responsabilidad en el terrorismo de Estado, los autores intelectuales y principales beneficiarios del “Proceso” vuelven a la carga, con la idea de completar la tarea. Se trata del poder real, que intenta imponer los mismos postulados: Reforma Laboral, apertura de la economía y beneficios a los sectores concentrados. Aunque el nivel de represión es altísimo, el más elevado de 1983 a esta parte, esta vez no necesitan ejecutantes militares.

Grandes ganadores

Luego del experimento del “Rodrigazo” en 1975 -que no prosperó por la resistencia obrera- Martínez de Hoz inició su gestión bajo el precepto de “ordenar la economía”; lo que en rigor impuso fue un plan de ajuste convencional, que liberó precios y congeló los salarios. Pero la inflación no cedió y al final del primer año de dictadura se aplicó una “tregua de precios” por 120 días, que apenas enfrió el problema. El escaso resultado obtenido derivó en una reforma financiera que multiplicó la aparición de bancos y devino en altas tasas de interés, al punto que 1978 terminó con una recesión del 4% y una inflación anual superior al 170%. Luego vendrían la famosa “tablita”, la “plata dulce”, los viajes al exterior de la clase media y el “deme dos”, todos hitos que aún resuenan en el inconsciente colectivo.

En todo ese proceso, los cierres de fábricas brotaron como hongos después de una lluvia y se profundizó la primarización de la economía, con un sector del empresariado como gran ganador, a caballo de la “valorización financiera” centrada en el endeudamiento y la fuga de capitales. Este sector, nucleado alrededor del Consejo Económico Argentino (CEA, el grupo de presión que encabezó hasta 1976 Martínez de Hoz como presidente de Acindar) fue uno de los grandes defensores públicos de la dictadura y picó en punta a la hora de colocar funcionarios civiles en áreas clave. Desde allí, pudieron manejar el programa económico para comprar empresas, ganar concentración y garantizarse hegemonía. No fueron un actor secundario, más bien arte y parte de un proceso económico que solo fue posible asesinando y desapareciendo a 30 mil argentinos.

Entre esos principales grupos estuvieron Pérez Companc, que pasó de tener 10 empresas en 1973 a 54 en 1983; Techint, que pasó de 30 firmas a 46; Bridas (Bulgheroni) pasó de 4 empresas a 43 al finalizar la dictadura; el grupo Macri pasó de 7 a 47; Madanes (Fate-Aluar), pasó de 8 a 15; y Clarín dejó de ser una empresa para pasar a ser un grupo de 12 firmas. Otros actores claves en ese proceso de concentración fueron Bunge y Born, Garovaglio y Zorraquín, Arcor, Werthein, Celulosa Argentina, Alpargatas y Ledesma, entre otras que Martín Schorr reveló para el libro Cuentas pendientes. Este crecimiento sólo se explica a partir de “la bicicleta financiera”, subsidios, préstamos estatales y la estatización de su deuda. Así, mientras las mayorías perdían, estos grupos se enriquecieron como nunca antes.

Además de servirse del plan económico liberal, este sector dominante del empresariado utilizó para su beneficio la represión ilegal; fue la estrategia perfecta para sacarse de encima los molestos delegados sindicales y trabajadores “problemáticos” que en años anteriores habían visto crecer sus derechos y su incidencia política y social.

En casos como Molinos Río de la Plata, de Bunge y Born; Ledesma, de Blaquier; Acindar, que tenía a Martínez de Hoz como presidente de su directorio hasta 1976; Dálmine-Siderca de Techint; Ford y Mercedes Benz, hay sobradas pruebas y testimonios sobre esa represión. Como estrategia disciplinadora, entregaron información y aportaron recursos logísticos a la represión: desde “marcadores” en las fábricas y “listas negras”, hasta vehículos e incluso la instalación de centros clandestinos de detención en sus propios predios. Un juego de pinzas que encerró a los trabajadores entre la represión y el ajuste, y redundó en más explotación y menos derechos. Por no hablar del robo de empresas: Papel Prensa, Mackentor y los hermanos Iaccarino son casos emblemáticos en ese sentido.

“Las relaciones entre fuerzas armadas y poder económico implicaron coincidencias ideológicas, la provisión de cuadros empresariales para puestos clave durante la dictadura,  la participación de sectores militares en los directorios de empresas, como Martínez de Hoz, que había sido el presidente del directorio de Acindar y pasa a ser ministro de Economía y López Aufranc​, que siendo una figura clave de las fuerzas formado en la lucha antisubversiva de los ’70, pasa a integrar el directorio de Acindar hasta comienzos de los años ’90. En ese marco, hay que entender también las diferentes formas que asumieron las transferencias desde el Estado al capital concentrado, los procesos de estatización de las deudas privadas, los procesos de supuesta promoción industrial que implicaron un financiamiento impresionante a grupos y, en ese marco, la vinculación represiva que analizamos en las líneas de responsabilidad empresarial”, detalló la historiadora Victoria Basualdo, investigadora del CONICET/ CEDIEP-UNQ/IIEGE-UBA.

La deuda

El sostenimiento del modelo económico dictatorial era costoso, y apenas despuntó el golpe la Junta recurrió al financiamiento internacional. “Bancos privados, y el FMI y otras instituciones financieras internacionales concedieron créditos en forma masiva al Estado (también a empresas privadas) sin hacerse demasiadas preguntas acerca de si esos fondos contribuían a la consolidación política de un gobierno autoritario y al funcionamiento del aparato represivo”, explicó en diálogo con Tiempo Juan Pablo Bohoslavky, doctor en Derecho e investigador del Conicet.

“Gracias al sostenimiento financiero externo continuo al Estado argentino, la Junta implementó instrumentos económicos que beneficiaron a determinados sectores de la economía en detrimento de otros, como subsidios sectoriales, privilegios fiscales y crediticios, «la tablita» cambiaria, y el uso de criterios regresivos para determinar los ingresos y gastos del Estado. Esta dinámica económico-jurídica perjudicó claramente a los trabajadores y a las empresas que no quedaron dentro del grupo industrial, financiero y agroexportador concentrado (y beneficiado). Además, esta inyección de divisas permitió sostener un incremento del presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas y a “seguridad interior”, es decir, a consolidar el aparato represivo del Estado”, explicó el autor del cuadernillo sobre responsabilidad civil publicado por la Secretaría de DD HH en 2022.

Grandes perdedores

Desde Córdoba, una de las provincias más castigadas por el terrorismo de estado, la dirigente sindical Ilda Bustos señala que “la muerte y desaparición de prácticamente una generación de militantes con una conciencia y responsabilidad social colectiva tuvo y tiene consecuencias hasta hoy”. En diálogo con Tiempo Bustos historizó las resistencias obreras a las dictaduras, los condicionamientos aún en la recuperada democracia y el entreguismo durante el menemato. Y consideró que “a pesar de todas las luchas que se llevaron adelante desde entonces, no se pudo volver a la ley de Contrato de Trabajo original y eso es un indicador claro que no se recuperaron las condiciones de fuerza. La cooptación de una parte de la dirigencia sindical en los ’90, que se sumó a los “cantos de sirena” de las privatizaciones, contribuyó a la debilidad que tenemos hasta hoy”.

Secretaria general de los Gráficos cordobeses y de la CGT mediterránea, la dirigente señala vasos comunicantes entre aquel proyecto económico y gobiernos posteriores. “El modelo de acumulación inaugurado con el golpe lo profundiza el menemismo, con un eterno endeudamiento, la posterior fuga de esos recursos al exterior, privatizaciones del patrimonio nacional y sustitución de importaciones. Otro eje es la reprimarización de la economía; Macri retoma y vuelve a profundizar este mecanismo, en una etapa que respecto a Milei es más gradual, pero tiene los mismos objetivos: el ajuste permanente sobre los ingresos de la clase trabajadora, y el traslado de recursos de los sectores populares a la economía concentrada”.

Para la dirigente, el actual desmantelamiento del Estado “no conoce precedentes”, y el pregonado superávit fiscal “es simplemente el despojo de derechos sociales para la mayoría y la destrucción de la industria nacional”. “Agregale la pérdida absoluta de la soberanía y la entrega de todos los recursos naturales”, completó, antes de considerar que en este escenario “el movimiento obrero debe recuperar la confianza de las y los representados y las mejores tradiciones de lucha con las que se lograron las conquistas”. Porque, salvo excepciones, esos grandes grupos económicos quedaron fuera de los juicios de lesa humanidad, Bustos lo explica en tanto “son precisamente el poder en una democracia de baja intensidad, tutelada desde el principio, que puso eje en los derechos humanos avasallados pero no en lo que significó en toda su dimensión la dictadura”.

Ayer y hoy

“Hoy es más importante que nunca poder pensar a la dictadura desde la clase trabajadora y desde las transformaciones económicas estructurales, es decir, desde una perspectiva capital-trabajo. Me parece que se vuelve más claro que nunca en un tiempo en el cual los sectores dominantes hablan claramente un lenguaje de clase y llevan adelante una política económica y laboral extremadamente organizada en términos de clase, creo que se vuelve más relevante que nunca esta mirada”, manifestó Basualdo.

La investigadora llamó a poder “pensar el ciclo de estos 50 años y las sucesivas ofensivas del capital contra el trabajo, los sucesivos intentos de arrinconar en términos organizativos y de fragmentar”. “Creo que la dictadura claramente marca un punto de inflexión tanto en términos económicos, desde el paso de la segunda industrialización sustitutiva a la valorización financiera, un ciclo en el cual hoy tenemos la misma tendencia al endeudamiento, a la fuga de capitales, a la desindustrialización, a la reconfiguración industrial y sobre todo a la redistribución regresiva del ingreso en una ofensiva muy importante contra la clase trabajadora, contra su salario, contra sus formas de organización”, concluyó.

Bohoslavky, por su parte, consideró “imprescindible entrelazar y actualizar agendas y miradas en torno a las atrocidades del pasado y las injusticias sociales de hoy”. “Para lograr la plena democratización de la producción y distribución de la riqueza en el país se deben desandar complejos mecanismos de concentración económica que tienen su origen o punto de consolidación en la última dictadura, incluyendo la (des) regulación de las entidades financieras, la gran dependencia fiscal de los impuestos al consumo y la supresión del impuesto a la herencia, el desmantelamiento del Estado de bienestar, una persistente desigual distribución de la torta capital/trabajo en perjuicio de los asalariados, altísimos niveles de pobreza, y pobreza extrema, y volúmenes asfixiantes de endeudamiento tanto público, como privado. Los derechos humanos tienen la vocación política y la capacidad técnica, tanto para combatir la impunidad por crímenes de lesa humanidad, como para desafiar y revertir las desigualdades y la pobreza estructural”, añadió.