Más de 3000 referentes políticos, sindicales y sociales firmaron una solicitada en “absoluto rechazo” a la iniciativa oficialista que se trata este jueves en el Senado. Denuncian que el proyecto del Sturzenegger pone en riesgo la soberanía y el derecho a la vivienda de millones.

La solicitada denuncia que el proyecto de Ley es, en realidad, una ley que atenta contra la soberanía, los alimentos y recursos naturales del país, que vulnera el derecho a la vivienda de 11 millones de hogares inquilinos y limita la posibilidad del Estado para expropiar recursos estratégicos para el desarrollo de nuestro país.
“El Proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, a tratarse el próximo jueves 18 de junio, es una ley ómnibus que afecta a un conjunto de sectores de nuestra sociedad poniendo en riesgo la soberanía nacional, las capacidades estatales para diseñar políticas públicas y el derecho a la vivienda de millones de familias inquilinas”, señala la solicitada.
En ese camino, piden a los legisladores “elegidos en cada rincón de nuestro país”, a que rechacen la ley en su totalidad. “Argentina está en peligro. Nuestra soberanía está en riesgo. El proyecto de ‘ley de inviolabilidad de la propiedad privada’ no es otra cosa que una ley de extranjerización y desalojo que nos convierte en un enclave colonial”, indican.
Los firmantes de la solicitada son más de tres mil. Encabezan con sus firmas Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados; Matías Oberlin del Observatorio de Tierras (PRIHA-FCE); la senadora por la Provincia de Buenos Aires, Malena Galmarini; la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti; el diputado nacional Juan Grabois; Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires; Hugo Yasky de la CTA de los Trabajadores; Pablo Moyano de Camioneros; Hugo “Cachorro” Godoy de ATE / CTA Autónoma; el obispo de Chascomús, Juan Ignacio Liébana; Florencia Gómez, Coautora de la Ley de Tierras, entre muchos otros.
La solicitada denuncia que el proyecto de Ley, en su capítulo I, de expropiaciones y regularización dominial, restringe el poder expropiatorio del Estado y amplía la indemnización. En su capítulo II elimina las garantías de defensa de los inquilinos, acelera los desalojos y quita la opción de saldar deudas para evitarlo.
Asimismo, denuncian que respecto de las tierras rurales (capítulo III), deroga los límites de compra para extranjeros, permitiendo la adquisición ilimitada de territorio nacional por capitales transnacionales, incluso en zonas fronterizas y con recursos naturales críticos.
También denuncian que en el capítulo IV elimina la prohibición del cambio de uso de suelo por 60 años luego de un incendio en vegetación, bosques, áreas naturales protegidas y humedales, y habilita la especulación inmobiliaria.
La solicitada concluye con un pedido urgente a los senadores y diputados. “No negocien una ley que será irreversible. La Patria está en riesgo, defendámosla”, indica el texto que también lleva la firma de la diputada nacional Adriana Cristina Serquis; el Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Alejandro Gramajo; Roberto Baradel de CTERA; Rodolfo Aguiar de ATE Nacional ; Clara Chavalier de CONADU; el diputado nacional Hugo “Huguito” Moyano; Marta Maffei; Carlos Raimundi; Julia Mengolini; Mirta Graciela Ñancunao, Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Rio Negro ; Deolinda Carrizo del Movimiento Nacional Campesino Indígena y Julián Dominguez, exministro de agricultura, y siguen las firmas.
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