El superintendente de Servicios de Salud es responsable de controlar un fondo de $380 mil millones. Eligieron a un candidato con perfil bajo.

El reemplazante de Eugenio Zanarini, quien falleció el martes, es médico cirujano oriundo de San Juan y, actualmente, encabeza el Programa Federal Incluir Salud, que depende de la cartera a cargo de Carla Vizzotti. Al igual que su antecesor, se trata de un hombre cercano al ex ministro Ginés González García quien ya en 2002 lo había colocado como gerente de Prestaciones Médicas del PAMI.
López, además, desplegó una actividad vinculada al sector gremial en su rol de gerente General de la Obra Social de Empleados de Comercio (Osecac), la segunda más poderosa a nivel nacional. Con todo, su nombre no estaba entre los candidatos cuando, en febrero, se puso en duda la continuidad de Zanarini luego de que González García renunciara por el escándalo del vacunatorio VIP.
En aquel momento, el sector sindical vio la oportunidad para volver a la carga con la candidatura del médico y titular de la Obra Social del Personal Civil de la Nación (UP), David Aurachán, que ya revista como gerente en el directorio de la SSN. A la vez, se mencionó la postulación de Liliana Korenfeld, que ocupó ese cargo durante el gobierno de Cristina Fernández.
En ese momento, también se propuso a Pablo Yedlin, presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados e, incluso, al exsuperintendente en la gestión macrista, Luis Scervino, quien cosechó el beneplácito de los gremios por haber abordado parte de la deuda por prestaciones de alta complejidad que mantenía el Estado con las obras sociales desde la gestión de Liliana Korenfeld. A Daniel López no se lo mencionaba.
La designación, motivada por el deceso de Zanarini, implica una señal de continuidad y un intento de sostener el equilibrio interno del gobierno, ya afectado por el cruce entre el Subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo y el ministro de Economía Martín Guzmán. Fuentes cercanas al nombramiento reconocieron que, de hecho, «se mantendrá toda la estructura».
Zanarini, inicialmente resistida por los popes de la CGT, fue ganando consenso a partir de los compromisos asumidos a lo largo de 2020 por González García en lo que hace a la continuidad de los planes de pago de las deudas del Estado con las obras sociales, la consideración de una negociación por un incremento en el porcentaje de los aportes y contribuciones para las obras sociales y la intención de avanzar, cuando fuera posible, en el proyecto de ley de la agencia nacional de tecnología de salud.
Por último, la cerrada oposición de Alberto Fernández a considerar la propuesta de reforma del Sistema de Salud, elaborada por el Instituto Patria, terminó de convencer al sector sindical de que lo mejor era mantener las cosas como estaban. Es que aquel documento, titulado “Ejes centrales para un programa de salud 2020-2024” fue interpretado como una amenaza al control de esos fondos y su potencial uso para financiar el sistema público.
La Super de Salud es clave porque controla y administra los fondos de las Obras Sociales. Según datos de la AFIP, en 2020 fueron casi $380.000 millones que se repartieron entre unas 300 instituciones en forma muy heterogénea. Las dos más grandes perciben el 20% de los fondos y, entre las diez principales, la mitad del total. Además, define y ejecuta distintos reintegros como, por ejemplo, los de prestaciones de alta complejidad.
En declaraciones a Radio Nacional, Jorge Sola, secretario de prensa de la CGT, señaló que «es un lugar estratégico no solo para la atención de la salud a través de las Obras Sociales, sino también del sistema privado. El presidente manifestó que la persona que reemplace al lamentablemente fallecido Eugenio Zanarini va a seguir con la línea de fortalecimiento de las obras sociales y del sistema. Estamos conformes, los hombres de confianza del presidente los nombra él y nos ratificó que la línea de trabajo es la que venía llevando Zanarini. Estamos en sintonía. El nombre no importa tanto como la decisión de seguir el camino en el que estamos».
Además, explicó que «le planteamos dos problemas al presidente. Uno, el reintegro del gasto en transporte y educación destinado a los afiliados y familiares con discapacidad, que genera un déficit anual de $ 11.000 millones; el otro, la modificación del decreto de opción de las obras sociales, que permita que los trabajadores estén en su primer año de trabajo en su obra social de orígen». «
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