Convocan a los gobernadores para avanzar con una nueva ley de coparticipación federal

La letra del acuerdo federal está dirigido a cumplir con los fallos que firmaron los jueces de la Corte antes de que llegara Macri a la Rosada y que declararon la inconstitucionalidad de la «deducción» del 15% de la masa de impuestos coparticipables que realiza el Estado Nacional sin el acuerdo de las provincias para financiar la Anses. Este porcentaje fue establecido en 1992, durante la primera presidencia de Carlos Menem. A fines de noviembre los cortesanos le dieron la razón a las provincias que habían cuestionado el mecanismo y le ordenaron al Estado la devolución de los fondos. Todo en un plazo de 120 días, para que el Ejecutivo le pague a Santa Fe, Córdoba y San Luis la «suma retenida» desde el 1 de enero de 2006 con intereses incluidos.
No fue lo único. También la Corte le ordenó al gobierno nacional y al Congreso que «asuman su rol institucional como coordinadores del sistema federal de concertación implementado por la reforma constitucional de 1994 y formulen las convocatorias pertinentes con el objetivo de elaborar el tan demorado sistema de coparticipación federal».

El «acuerdo marco» que negociaron Prat-Gay y Frigerio con los «gobernas», tuvo sus últimos retoques durante la semana pasada y buscará cumplir con esa orden de la Corte: salir del «escollo del 15%» y presentar ese texto a los cortesanos con el fin de impulsar una nueva ley de coparticipación. Hasta el momento, la distribución a las provincias de los impuestos que cobra la Nación están regidos por la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos. Le deja el 42,34% al Tesoro Nacional, el 56,66% a las provincias y 1% al Ministerio del Interior. El mecanismo sufrió dos cambios que fueron impugnados por la Corte: la Ley 24.130 y la 26.078 que le permitieron al Ejecutivo retener el 15% para pagar jubilaciones y «otros gastos». Ambas normas fueron anuladas por la Corte el 24 de noviembre de 2015: 48 horas después del desenlace de la segunda vuelta entre Daniel Scioli (FPV) y Macri. Las tres sentencias fueron leídas desde Cambiemos como un amargo recibimiento para el nuevo mandatario. 

Con el acuerdo para redefinir la coparticipación, el gobierno evita un efecto dominó con otras provincias y abre la puerta para cambios en los impuestos federales. Desde esa combinación la Casa Rosada comenzó a anticipar algunos puntos de la reforma: la modificación en las escalas en el Impuesto a las Ganancias para los asalariados, cambios en el régimen de ganancias para autónomos, bienes personales, Monotributo, y también en el impuesto a la ganancia mínima presunta. La movida pretende «homogeneizar los gastos provinciales», una forma elegante para explicar que todos los firmantes deberán reducir el empleo público que, según la Casa de Gobierno, se triplicó. En su lugar deberán promover mejoras para impulsar «empleo privado».

El enroque con los gobernadores buscará tener un impacto directo en el Congreso para la aprobación de las leyes de reforma (especialmente en el Senado), pero estará acompañado por otra foto política: la del presidente Macri junto a los titulares de las tres CGT: Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Antonio Caló. Entre «lunes o martes» el gobierno anunciará la devolución de 29 mil millones de pesos retenidos a las obras sociales sindicales mediante el Fondo Solidario de Redistribución (FRS) que rigió entre 2003 y 2015. Para la foto están invitados los jefes de las tres fracciones cegetistas, a menos de un mes de la fecha elegida para la reunificación confederal que ungiría a Juan Carlos Schmidt como nuevo titular. En la reunión serán recibidos por Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y los ministros de Trabajo e Interior, Jorge Triacca y Rogelio Frigerio. De esa escena podría surgir un nuevo acuerdo para aceitar la reforma laboral que ya deslizó Peña cuando apuntó a «la litigiosidad laboral» y a «la cantidad de juicios», como frenos de la generación de empleos. Una receta similar a la que enunció Menem durante su primera presidencia, cuando su ministro de Trabajo era el mendocino Rodolfo»Chango» Díaz. «

Boleta única: se olvidaron de pagar

Magic Software Argentina SA, la empresa que patentó la Boleta Única Electrónica que el PRO utilizó en la Ciudad y que el gobierno nacional quiere usar en las elecciones de 2017, perdió el registro de la propiedad del invento porque dejaron de pagar la anualidad que exige el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI). La información fue provista a Tiempo por Beatriz Busaniche, docente y miembro de la Fundación Vía Libre, que descubrió el incumplimiento. «Nosotros lo supimos hace poco y nos quedamos helados, porque la patente vencía en 2024, pero por lo que supimos, la empresa se olvidó de pagar», contó. En su edición del domingo pasado, Tiempo reveló que el gobierno se preparaba para licitar la fabricación de 120 mil máquinas para distribuir en todo el país. La fabricación tendría un costo superior a los $ 5000 millones. Fuentes de la Casa Rosada confiaron que los directivos de MSA pidieron una reunión con el ministro del Interior Rogelio Frigerio.