Cooperativas piden al Gobierno acceder al Certificado MiPyme

Desde el 15 de mayo pasado, dos de las principales confederaciones de cooperativas del país empezaron a entablar reuniones y pedidos a funcionarios del Ministerio de Economía, para que el sector siga teniendo acceso al Certificado MiPyme. Se trata de un documento que facilita financiamiento, otorga beneficios impositivos y programas de asistencia, que en contexto de crisis se vuelven claves para mantenerse en pie.

Los problemas de las cooperativas para acceder al Certificado MiPyme surgieron el año pasado por una disposición del Gobierno anterior, que introdujo la condición de empresa «con ánimo de lucro» para poder tramitar el beneficio ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Esa medida dejó afuera del Certificado MiPyme a todas las cooperativas, lo cual derivó en reclamos y reuniones que tuvieron sus frutos: el entonces Ministerio de Economía a cargo de Sergio Massa dio marcha atrás y dispuso quitar esos requisitos excluyentes, hasta el 15 de mayo pasado. En criollo, tiraron la pelota para adelante, pero ahora quedó atrás. Por eso, las principales confederaciones reanudaron el reclamo en busca de una solución permanente.

La nota de CONINAGRO y COOPERAR

ANSOL pudo acceder a la nota presentada el 22 de julio por la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), a Marcos Ayerra, secretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento. En la misiva, se volvió a insistir con los fundamentos que ya habían sido esgrimidos en persona, en una reunión del 16 de mayo pasado, un día después de que caducara la accesibilidad del certificado para las entidades sin fines de lucro.

«Las cooperativas son organizaciones generadas para el ejercicio habitual de una actividad económica e invierten el capital de los asociados, con el riesgo propio de la actividad que desarrollan. El beneficio económico de sus asociados (menores costos de los servicios, remuneración por el trabajo, mejores precios para sus productores, etc.) está sujeto al riesgo propio de la actividad», comienza diciendo el documento que lleva la firma de Elbio Laucirica, presidente de CONINAGRO; y Ariel Guarco, titular de COOPERAR.

En la nota, las confederaciones insisten en que «la expresión ‘con ánimo de lucro’ deja arbitrariamente a las cooperativas afuera porque su objetivo económico es minimizar el costo del servicio a los asociados y no maximizar la retribución al capital«. A eso, le sumaron la inconsistencia de la Resolución 220/2019, que disponía que las cooperativas serán consideradas formas asociativas cuando estén constituidas como entidades de segundo o ulterior (tercer) grado, ya que «todas las cooperativas de primer grado incorporadas al Registro de Empresas Mipymes hasta ahora (prácticamente la totalidad de las registradas) lo fueron en su carácter de empresas, no de formas asociativas».

Luego de plantear jurisprudencia de nivel internacional, COOPERAR y CONINAGRO le pidieron a Ayerra que para «evitar volver sobre interpretaciones que han resultado discriminatorias para las cooperativas, resulta aconsejable eliminar el tratamiento de forma asociativa para las cooperativas en todos los casos, de acuerdo a lo que se propone. Hecho esto, a efectos de promover el asociativismo pyme, resulta aconsejable evaluar un tratamiento específico para las cooperativas de mayor tamaño que puedan ser consideradas organizaciones de pymes (cooperativas agropecuarias, farmacéuticas, de pescadores, de almaceneros, etc.)». Hasta el momento de la publicación de esta nota, el Gobierno Nacional no había emitido una resolución al conflicto.

«Las cooperativas somos empresas»

César Basañes, gerente de COOPERAR, explicó a este medio cuál es la situación actual: «No explotó porque la mayor parte de los certificados no vencieron, pero a medida que vaya ocurriendo, llegando el fin de año, vamos a tener problema de forma masiva, sin contar el problema que ya están teniendo las cooperativas nuevas».

Sobre los pedidos al Gobierno, el gerente de COOPERAR insistió con que «las cooperativas somos empresas«, mientras que «desde la Secretaría sostienen que ellos se atienen a la definición de un dictamen de 1980 de la DGI que define empresa, el cual no tenemos problema, salvo porque el año pasado incluyeron el término ‘fin de lucro’».

Para Basañes, eso fue «un arbitrio y, por ello, estamos intentando que se entienda que no todas las empresas tienen fin de lucro; que hay objetivos económicos, pero no una retribución al capital, por lo que insistimos con que las cooperativas somos empresas sin fines de lucro». Por último, dejó un mensaje claro: «No pedimos ningún trato diferencial, solo pedimos que no nos discriminen».

El problema concreto con MiPyme

Miriam Juaiek, contadora pública especializada en Economía Social e integrante del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) explicó a ANSOL el problema concreto para las entidades: «El Certificado MiPyME se gestiona a través de la AFIP y se renueva anualmente. Desde el 15 de mayo todas las cooperativas que tienen que renovarlo o tramitarlo por primera vez, no solo deberán cumplir con los requisitos de ventas, número de trabajadores, activos, sino que además todos sus asociados van a tener que tramitar el certificado y hasta que no lo tengan todos, no van a poder acceder a los beneficios«.

Para Juaiek, que además es asesora contable de organizaciones de la Economía Social, «frente a un contexto socioeconómico muy complejo y la crisis, los trabajadores tienen menos tiempo de abocarse a las cuestiones administrativas, por lo que muchas cooperativas están perdiendo el Certificado MiPyme«.

Consultada sobre las consecuencias de esto, la integrante del CESO enumeró: «La pérdida de beneficios impositivos, como el diferimiento del pago del IVA que da aire financiero o la exención de la comisión bancaria por depósito de efectivo, y además quedarían afuera del acceso a programas y subsidios vinculados al Certificado MiPyme, y realmente esto afecta mucho a las cooperativas, que se quedan sin ningún beneficio fiscal».