El gobierno redujo hasta un 83% del presupuesto y paralizó espacios clave como el Gabinete Nacional de Cambio Climático.
“Esta cumbre será decisiva: marca el décimo aniversario del Acuerdo de París y el cierre del primer ciclo completo de implementación. Su éxito dependerá de alcanzar un paquete político integral que combine ambición climática, financiamiento, equidad y justicia”, afirma Camila Mercure, coordinadora del área de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
“En estas tres décadas –continua– se han logrado avances estructurales que transformaron la gobernanza climática global. Sin embargo, la próxima década será determinante. De no acelerar sustancialmente la acción climática, se perderá la oportunidad de traducir la arquitectura del Acuerdo de París en resultados concretos que garanticen una transición justa y resiliente».
Entre los temas centrales que se esperan tratar en la edición 30 de la COP destacan la reducción de las emisiones de metano, medidas de adaptación, financiamiento y la transición energética justa.
Pese a su reiterado discurso negacionista de la ciencia climática y sus críticas a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ONU), el presidente Javier Milei envió a Brasil a una delegación argentina compuesta por una representante de Cancillería y cuatro de Ambiente, incluyendo al subsecretario, Fernando Brom.
El financiamiento climático y la participación en mercados de carbono serán, de acuerdo a los voceros, dos temas a los que el gobierno nacional le prestará especial atención.
Según el Observatorio Nacional de Acción Climática —del que FARN forma parte—, el 73% de los 100 objetivos oficiales que Argentina asumió en materia climática, tanto a nivel nacional como internacional, no está en camino de cumplirse para 2030.
“No cumplir con las metas de mitigación y adaptación no es solo un problema ambiental, sino también social, económico y jurídico que vulnera derechos fundamentales y compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino”, explica Victoria Laguzzi, integrante del área de Política Climática de FARN.
“En el ambiente, los impactos ya son visibles: las inundaciones de Bahía Blanca en marzo de 2025, con 16 personas fallecidas y más de 5000 viviendas afectadas, son una muestra del aumento de eventos extremos. En la economía, la falta de acción incrementa los costos de reconstrucción y adaptación frente a desastres climáticos”, remarca.
Según el Banco Mundial, las inundaciones representan más de la mitad de los desastres naturales registrados en Argentina desde 1970 y generan pérdidas por más de 1.000 millones de dólares al año.
“Los Estados tienen la obligación legal de actuar con la mayor ambición posible frente a la crisis climática”, concluye Laguzzi. No hacerlo, entonces, constituye una violación a los Derechos Humanos, incluyendo el derecho a la vida. «
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