Córdoba: el Estado debe indemnizar a una familia por un caso de gatillo fácil

Sobre la calle Spilimbergo, camino al aeropuerto de la ciudad de Córdoba, ahí nomás del horno ladrillero de su abuelo, habrá un cartel que recuerde la infamia: Fernando “Güere” Pellico, de 18 años, cayó muerto por la saña de un par de policías. La Justicia accedió a visibilizar el caso –la ejecución– como forma de reparación. También ratificó la responsabilidad de la provincia y por eso deberá indemnizar a la familia. Estas acciones, argumenta el fallo, cumplen “una función ejemplificativa para toda la sociedad” al considerarlos como mecanismos de prevención para que estos hechos “no sucedan nunca más”.

La noche del 26 de julio de 2014, Güere y su primo Maximiliano Peralta esperaron el entretiempo del partido que jugaba Talleres para subirse a la moto y salir a comprar una caja de vino y algunas gaseosas. Ya estaban volviendo cuando se cruzaron con una patrulla del Comando de Acción Preventiva (CAP) que venía en sentido contrario con las luces apagadas. Sin mediar ningún aviso o seña para que los jóvenes frenaran la marcha, los policías Lucas Gastón Chávez y Rubén Alfredo Leiva giraron en “U” y comenzaron una persecución que incluyó una ráfaga de disparos. Peralta recibió un balazo en una pierna y cayó al piso. Güere no tuvo esa suerte y la bala perforó la nuca y salió por la garganta. La adrenalina y el terror le concedieron manejar unos metros más, y llegar hasta la entrada de la casa del abuelo. En los brazos de un pariente, alcanzó a pedir: “No me quiero morir, no me quiero morir, llévame al hospital”. Los policías que acababan de matar a un joven (y herir a otro) sólo se ocuparon de “plantar” un arma para simular el enfrentamiento.

En 2016, Chávez y Leiva fueron condenados a prisión perpetua por la Cámara Octava del Crimen, y en 2019 el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba confirmó la sentencia. El TSJ remarcó que “las víctimas no estaban armadas y que no existió un enfrentamiento armado y, en consecuencia, que el impacto de bala que presenta la camioneta (policial) no fue provocado por ellas”.

“Leiva, siendo superior jerárquico, tenía la obligación de impedir que Chávez dispare, máxime cuando no existía ningún peligro ni riesgo para ellos ni para terceros (…) Si una de las funciones que tiene el personal policial es evitar o impedir los delitos, claramente ha quedado demostrado que Leiva no cumplió con su deber, pues teniendo la posibilidad jurídica y material no lo hizo”, detalló el fallo.

“Mi hijo va a seguir vivo”

Esta semana, la jueza Alejandra Sánchez Alfaro dispuso el resarcimiento económico para los padres, hermanos y el abuelo de Güere (una suma que ronda los 53 millones de pesos), la publicación del fallo y la colocación de una señalización en el lugar del crimen.

“Cuando me enteré fue muy fuerte porque fue revivir todo de nuevo, pero ahora puedo decir que estoy contenta con que pongan un cartel en el lugar donde a Güere lo mató la policía. Me alegra un poquito porque sé que mi hijo va seguir vivo, va a estar presente”, dice Ana María, la madre.

“Pensé que no iba a pasar nada con los policías –confiesa–, que iba quedar como otro caso de gatillo fácil y nada más, pero se hizo justicia y eso me permite vivir un poco mejor, aunque no haya consuelo para la muerte de un hijo, es un dolor que voy a llevar hasta que me muera”.

Para Agustín Filippi, abogado de los Pellico, “es un fallo histórico porque en lo penal los policías ya tienen condena a perpetua, pero desde lo civil no sólo se lograron compensaciones económicas para la familia, sino también hacer pública la sentencia para reparar el honor”.

En ese sentido, el fallo remarca que tanto Güere como su familia “fueron víctimas de trato discriminatorio, agraviante o ultrajante que además de revestir flagrantes violaciones a los derechos humanos, constituyen formas de ejercer violencia institucional”.

En la demanda, los familiares de Güere refirieron que Los Cortaderos es uno de los tantos barrios de la ciudad de Córdoba que sufre el hostigamiento y la persecución permanente por parte de algunos integrantes de la policía provincial.

La jueza Sánchez Alfaro convalidó el planteo y consideró que “en la medida que se vulneran las libertades mínimas de sus habitantes -en especial los jóvenes-, los mantienen ‘controlados’, dentro de los límites del barrio, viven en estado de miedo, los detienen arbitrariamente, los amenazan, les pegan, les destruyen sus pertenencias, les roban y son estigmatizados cotidianamente” . «