Córdoba: la estrategia para no penalizar a las sobrevivientes del aborto clandestino

La mujer de 21 años que ingresó con una infección generalizada por provocarse un aborto en la Maternidad provincial de Córdoba fue trasladada a unidad de terapia intensiva de otro hospital provincial, luego de haber sido operada este lunes. Si bien la directora de la maternidad, Viviana González, dijo a los medios que no podía asegurar que se tratara de un caso de aborto inducido, profesionales de la salud que la recibieron y que atendieron aseguraron de manera extra oficial que era un claro caso de complicaciones post aborto clandestino. Desde el ministerio de Salud provincial aseguraron a Tiempo que no se difundirá la identidad de la mujer ni su cuadro médico con intención de proteger su identidad ante posibles intenciones de penalización. Sin embargo, desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, filial Córdoba, denuncian que el gobierno provincial no hace cumplir el código penal para los casos de interrupción legal del embarazo (ILE) por presión de la organización religiosa Portal de Belén.

El lunes por la madrugada comenzaron a circular los audios de Whastapp en los que médicas y enfermeros de la maternidad provincial relataban el peligroso estado de salud en el que había llegado una joven de 21 años al hospital. Luego de que le realizaran una histerectomía, fue trasladada al hospital de Rawson, en donde fue internada en terapia intensiva. “La paciente está en un cuadro estable con cobertura antibiótica y necesitaba cama con terapia intensiva”, comunicó este martes el director del centro de salud, Mino Moretti.

El caso se hizo público gracias a la denuncia de legisladoras, diputadas y activistas. Sin embargo, la gobernación cordobesa hizo silencio. Su ministro de Salud, Francisco Fortuna, no se pronunció. Sí lo hizo la directora de la maternidad, quien dijo a Cadena 3: “No pude asegurar que se trate de un aborto clandestino”.

La Red de Profesionales de la Salud emitió un comunicado en el que denunciaron que “el gobierno de Córdoba, en particular la cartera de Salud, disciplina a los trabajadores para impedirles que se expresen públicamente”.

“El aborto clandestino antes estaba silenciado, muchos sabían que sucedía y se dibujaban los números porque hay una gran mordaza para hacer registro y estadísticas. La visibilización ha permitido que se generen redes de confianza en los hospitales que nos hacen saber a todos lo que está pasando y que ya se torne imposible ocultarlo”, contó la legisladora Liliana Montero, quien fue una de las primeras voces en denunciar esta situación, junto con la diputada Brenda Austin, una de las impulsoras de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Diputados.

Desde el ministerio de Salud provincial aclararon a Tiempo que su intención es que no se difunda la identidad de la paciente para preservarla ya que a diferencia de las mujeres que mueren por aborto clandestino, las que sobreviven corren el riesgo de ser penalizadas.

Es que en Córdoba el protocolo de aborto no punible que sancionó la Nación no se aplica por un amparo que presentó una ONG católica, Portal de Belén. Ahora el Tribunal Superior de Justicia provincial, máxima instancia judicial, tiene que fallar. Sin embargo, ese amparo no frena la aplicación del Código Penal, refrendado por la Corte Suprema de la Nación a través del conocido fallo FAL.

«Desde el gobierno provincial nunca instaron a que el Tribunal de Justicia se expida. Podrían pedirle a los directores de hospitales que se privilegie la aplicación del Código Penal, que está por sobre cualquier amparo judicial, que incluso sólo fue pedido para casos de violación, no para las otras dos excepciones (peligro de salud de la mujer e imposibilidad de vida extrauterina)”, sostuvo a Tiempo Mariela Lario, psicóloga de uno de los centros de salud de la ciudad de Córdoba y miembro de la Red de Profesionales. “El amparo del Portal de Belén es solo por causal de violación pero lo usan para todo. Tuvo efecto simbólico sobre quien, como profesional, tenía miedo, no se sienta acompañado y los anti derechos lo usen para perseguir. El protocolo es solo una guía de seguimiento, no está por encima de las leyes”, detalló.

El municipio cordobés sí usa el protocolo nacional y los equipos de salud de los más de 40 centros tienen consejerías pre y post aborto. “Tomamos el modelo de reducción de riesgo de Uruguay. Pero ni la provincia ni la municipalidad brinda el Misoprostol, que sale 3500 pesos y se lo tiene que costear la mujer. Si no se la puede contener bajo el protocolo de ILE, se la deriva a las compañeras de las Socorristas en Red”, explicó la licenciada.

“Otro de los municipios amigables es el de Unquillo, en las Sierras Chicas, en donde todos los centros de salud brindan información, contención y atención a las mujeres”, sostuvo la profesional.

Por lo pronto, desde la Red y desde la organización Católicas por el Derecho a Decidir, están en contacto con la paciente internada para acompañarla y resguardar su situación legal.