Así lo informaron distintas organizaciones ambientalistas y vecinos de la zona. Peligra el agua para consumo humano, animal, vegetal y el derecho constitucional a un ambiente sano.
Se trata de la empresa de capitales chinos “Integración Minera SRL”, que está ubicada en esa zona en virtud de convenio o acuerdo con el tenedor de los derechos mineros cordobeses, la empresa “Minera Andino S.A”.
Los investigadores fueron hasta la mina y se encontraron con el titular, Juan Andino, quien reconoció -según las fuentes consultadas- haber realizado la detonación del explosivo. Por el grave riesgo ambiental que esto implica, los pobladores están en estado de alerta y movilización.
Desde la Asamblea No a La Minas en Las Tapias y en toda Traslasierra, contaron que el pasado 5 de mayo recibieron la confirmación por parte de la Secretaría de Minería sobre una inspección que había sido realizada el pasado 17 de abril; que fue motivada por la denuncias de vecinas y vecinos del lugar.
Jorge Lecrop es miembro de la Asamblea y director teatral, en diálogo con Tiempo reconstruyó: «Sucedió el pasado 14 de abril, aproximadamente a las 14:30 horas, se escucharon explosiones en la zona, lo que llevó a las y los vecinos a realizar denuncias».
Se presentaron ante la Policía Ambiental y la Secretaría de Minería. «Entonces el 17 de abril la Secretaría verificó una explosión reciente y encontró en el lugar al señor Juan Andino, titular de la mina, quien reconoció haberla realizado incumpliendo la clausura vigente«, aseguró Lecrop.
Entonces procedieron a labrar el acta PM 00002355 de inspección y se le notificó que tienen que detener toda actividad minera y respetar la norma. Porque la causa que transita fue establecida por la Resolución 013-26 SM. También se comunicó sobre todo lo acontecido a la Fiscalía 1 de Villa Dolores.
Lecrop continuó: «Nosotros reafirmamos que los operadores de la mina no muestran intenciones de respetar las normas. Aún con los vecinos movilizados y con el seguimiento que tienen de parte de la Policía Ambiental, la Secretaría Minera y la Fiscalía de Villa Dolores«.
También enfatizó. «Si en estas condiciones el incumplimiento es total, los vecinos no tenemos garantías que a futuro la actividad minera se desarrollará de manera ordenada y respetando las normas establecidas«.
Desde la Asamblea presentaron un proyecto -remarcó el militante ambientalista- para proteger las cuencas hídricas de la zona. Porque entienden que una minería a gran escala las afectaría en forma directa, en todo el Valle Traslasierra.
Lecrop concluyó: «Entonces, para concientizar a los pobladores, estamos realizando charlas en los colegios, para generar una conciencia ambiental en las infancias y adolescencias, para que incorporen la defensa de los bienes comunes. También recorremos las plazas, para hablarle a la ciudadanía en general sobre la problemática».
En tanto, desde el Cabildo Abierto Traslasierra (CAT), el antropólogo Luís María Jiménez, durante el diálogo que mantuvo con Tiempo, contó sobre las estrategias de lucha: «Insistimos en accionar desde cuatro ejes permanentes en defensa del ambiente y la salud en nuestra zona. Nosotros realizamos acciones administrativas a través del Poder Ejecutivo del Estado, en sus distintas dependencias y niveles».
«Las acciones judiciales son todas aquellas que realizamos a través de la Justicia«, dijo Jiménez. Continuó detallando que las acciones legislativas «son las presentaciones que realizamos de proyectos de ordenanzas municipales y leyes«.
También explicó sobre la movilización popular que realizan: «Son todas las acciones que ponen a la ciudadanía en la calle para expresar su posición ante la situación. En este caso, expresando de manera física que la minería no tiene licencia social para operar en ningún lugar del territorio del Valle Traslasierra, porque así fue legalmente establecido«.
Jiménez aseguró que la Secretaría de Minería confirmó la denuncia que ellos realizaron sobre explotación ilegal en la mina “Rosita”. Pero que aún no confirma la misma situación en la mina “San José”. Ambas minas se encuentran contiguas a la mina “Las Tapias” y son operadas por una empresa diferente a la que opera la mina denunciada y actualmente clausurada.
También contó que el pasado 7 de mayo, se realizó una nueva reunión en Fiscalía entre las partes comprometidas en las investigaciones por supuestos delitos penales denunciados en la explotación de la mina “Las Tapias”. Y consideró que ,respecto a lo que sucedió durante el periodo de mayo de 2024 y noviembre de 2025; en el reciente cónclave la información se amplió.
«Hemos remitido copias de las actuaciones a una Fiscalía especializada en la problemática para que emita un informe donde se indiquen los posibles encuadres de los delitos imputables. Necesitamos que lo hagan para acompañar la preocupación de los vecinos y sancionar las irregularidades comprobadas«, apuntó Jiménez.
Se presentaron en cinco Concejos Deliberantes de Traslasierra y ante el presidente de la Comunidad Regional de San Javier. Entregaron un proyecto de ordenanza que tiene por objetivo la protección integral de las fuentes naturales de agua para consumo humano, animal y vegetal.
Jiménez, que también es miembro del Foro Ambiental Traslasierra Línea Fundadora (FAT-LF) invitó. «El próximo 25 de Mayo convocamos a la ciudadanía a expresarse nuevamente en la puerta de la mina en cuestión, no solo para exigir que se detenga definitivamente la actividad minera en nuestra zona. Sino también para demandar a nuestros representantes políticas en beneficio del pueblo que los vota y no para los intereses de las multinacionales extractivistas«.
Cocinarán un gran locro -gratuito- en la puerta de la mina Las Tapias. Lo harán con una peña folclórica animada por conocidos músicos de la zona. «Realizaremos un tradicional llamado para que el pueblo defienda la independencia y la soberanía nacional. Hoy más que nunca, porque nuestros representantes nacionales y provinciales no lo hacen«, terminó Jiménez.
Tras la adhesión de Córdoba al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la Ley Bases, a finales de 2024, estas organizaciones ambientalistas realizaron una denuncia penal. Lo hicieron junto a referentes académicos y científicos especializados en la problemática.
Fueron denunciados: el gobernador de Córdoba Martín Llaryora; el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta; la presidenta de la Legislatura, Myrian Prunotto; y de las y los legisladores que votaron a favor. La presentación judicial también incluye un pedido de declaración de inconstitucionalidad de la Ley 27.742 que creó el RIGI nacional, y la Ley 10.997, que creó el RIGI cordobés.
Los denunciantes explicaron a este diario que enfrentarán un verano muy complejo por la afectación que el extractivismo produce a la vida, el agua, la salud y el derecho al ambiente sano. Por eso exigieron que les brinden respuestas acordes a los reclamos para evitar “el agravamiento del ecocidio” que están ejecutando.
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