El ente oficial estará a cargo del actual interventor de la Autopista Ezeiza Cañuelas, que el gobierno le quiere quitar a Cristóbal López. Los trabajadores no bajan la guardia y esperan un llamado del Congreso.
La administración nombró como presidente del directorio a Roberto Peres Vieyra, un empresario rural con título de Administrador Agrario de la UADE, criador de caballos de polo, que supo oficiar de asesor del Ministerio de Modernización del gobierno porteño durante la gestión de Mauricio Macri. El empresario también fue director del Banco Supervielle.
Pero en la actualidad ocupa por decisión del Ministerio de Transporte de la Nación el cargo de interventor de la autopista que hasta hoy explota Cristóbal López.
El vicepresidente será el licenciado en Administración, Raúl Ignacio León, mientras que el vocal titular será el comunicador Felipe Nahuel Vera.
Los síndicos titulares serán Graciela González Escot; Juan Sevilla; y Patricia Finvarb. Los síndicos suplentes, Norma Soutullo; Fernando Sánchez; y Jorge Pardo.
El gobierno comunicó hoy la novedad en el Boletín Oficial por medio de un texto titulado Corredores Viales S.A.
En el mensaje, además de nombrar al directorio, definió que la empresa de la polémica tiene por objeto llevar a cabo por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, la construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiacion, administración, explotación, prestación de servicios al usuario, en trazas, rutas, autopistas, accesos, corredores, y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones resultantes de toda concesión con cobro de peaje que se le confiera. Además le atribuye la facultad de explotar áreas de servicio, complementarias y accesorias.
Para tales funciones, informa que la empresa podrá tomar empréstitos en forma pública o privada mediante la emisión de bonos y/o títulos y/o debentures y/o obligaciones negociables y contraer cualquier deuda y obligación, en moneda local o extranjera vinculada con el objeto social con garantía del Estado Nacional y en general ejecutar todo acto destinado a obtener financiamiento.
La firma podrá suscribir convenios con empresas públicas y privadas, nacionales y extranjeras, establece el texto.
El gobierno fijó un capital social de $200 mil representado por 200 mil acciones de un peso cada una certificados de propiedad del Estado Nacional. Cada acción nominativa no endosable da derecho a un voto, explicó la comunicación oficial. Tal como se sabía en la previa, el 49% de las acciones quedarán en poder del Ministerio de Transporte, y el 49% restante, bajo el de la Dirección de Vialidad Nacional.
Tiempo consultó a representantes sindicales que prefirieron no emitir opinión sobre el comunicado publicado en el Boletín Oficial. Las fuentes se limitaron a decir que están esperando un llamado de la Comisión Bicameral de la Cámara de Diputados de la Nación a la que acercaron su preocupación por la decisión oficial de avanzar con la creación de esta sociedad anónima.
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