Corte brasileña ordena captura de líder bolsonarista Roberto Jefferson, impulsor de teorías conspirativas

La acusación tiene que ver con la financiación de milicias digitales a favor de un quiebre institucional, una práctica de la ultraderecha brasileña identificada con el gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump.

El exdiputado y dirigente bolsonarista Roberto Jefferson fue detenido este viernes por orden del Supremo Tribunal Federal, acusado de participar de una red que promueve actos contra la democracia, como el uso de las redes sociales -donde se muestra portando armas de fuego- para pedir la intervención del Ejército en el máximo tribunal o la expulsión del embajador de China. La decisión fue del juez supremo Alexandre de Moraes, quien lleva adelante desde 2019 una causa sobre las campañas bolsonaristas contra los poderes del Estado y en la cual fue incluido por haber diseminado mentiras sobre un supuesto fraude electoral el propio presidente Jair Bolsonaro.

La acusación tiene que ver con la financiación de milicias digitales a favor de un quiebre institucional, una práctica de la ultraderecha brasileña identificada con el gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump y el movimiento extremista y segregacionista norteamericano Qanon. La Policía Federal detuvo en su casa de Rio de Janeiro a Jefferson, presidente del Partido Trabalhista Brasileño (PTB), una fuerza históricamente de centroderecha pero que se sumó al bolsonarismo en la defensa de la portación de armas, la diseminación de campañas anticomunistas y los pedidos de intervención militar en el Supremo Tribunal Federal.

Jefferson visitó recientemente el Palacio del Planalto y fue elogiado por el ala militar, sobre todo en las redes por parte del general retirado Luiz Ramos, secretario general de la Presidencia. Morales ordenó el cierre de las cuentas de Twitter en las cuales Jefferson exhibía videos con armas amenazando a los miembros de la corte: los últimos fueron para amenazar a los jueces electorales por un supuesto fraude en las elecciones de 2022, una bandera que ha abrazado Bolsonaro.

Jefferson fue condenado a siete años de prisión por corrupción por parte de la alta corte en el escándalo conocido como Mensalao, que golpeó al gobierno del expresidente Luiz Inácio Lula da SIlva, del que fue aliado en 2003 hasta 2005. El exdiputado fue el delator del Mensalao, acusando de al exjefe de Gabinete de Lula José Dirceu de comandar una red de distribución de dinero para partidos aliados en el Congreso. Sin embargo, Jefferson después aclaró que su acusación tuvo que ver con pago de campañas electorales hechas por el PT y no por compra de votos, aunque admitió haberse quedado con cuatro millones de reales de su propia fuerza política.

En los últimos meses, Jefferson publicó videos con armas amenazando al embajador de China y pidiendo el cierre de la corte, en una versión tropical del movimiento de extrema derecha Qanon que apoya a Trump en EEUU y es el responsable por la invasión al Capitolio en Washington. Antes de que borren su cuenta por orden judicial, Jeffereson había afirmado que era víctima del «comunismo», que el Superior Tribunal Federal actuaba como «Venezuela» y que defendía a la patria y a la familia brasileña.

El vicepresidente Hamilton Mourao fustigó la decisión de la corte al afirmar que quien se sienta ofendió por Jefferson debe procesarlo en la justicia pero «mandar a detenerlo es algo complicado». El exdiputado es uno de los principales defensores de una intervención militar en el Supremo Tribunal Federal, una consigna con la que parte del bolsonarismo acostumbra a salir a las calles. El alto tribunal está investigando a Bolsonaro en tres causas abiertas este año.

La última fue ayer, por decisión de Moraes, por la que se investiga a Bolsonaro por filtrar públicamente un expediente en secreto de sumario sobre la acción de un hacker contra las urnas electrónicas. Otro proceso es por supuestamente haber mentido y divulgado conspiraciones atentando contra el sistema electoral vigente y el primero es por prevaricato en un escándalo de corrupción que involucra la intención de compra fraudulenta de vacunas Covaxin con intermediarios en el Ministerio de Salud.

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