No podrá asumir en el tribunal sin renunciar a su cargo como juez federal. Lorenzetti quedó en minoría. El recién llegado por decreto, Manuel García Mansilla, votó en contra.

El juez fue designado junto a Manuel García Mansilla, por decreto por el presidente Javier Milei en una maniobra que busca evitar el procedimiento establecido por la Constitución Nacional. Con esta decisión, deberá renunciar si pretende acceder a la Corte.
En la reunión de Acuerdo de Ministros de este jueves, la Corte rechazó el pedido de licencia con los votos del presidente Horacio Rosatti y los ministros Carlos Rosenkrantz y García Mansilla, a quien le tomaron juramento la semana pasada en una sesión exprés. El juez Ricardo Lorenzetti votó en soledad a favor de otorgarle la licencia extraordinaria.
Lijo, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 4, recibió la aprobación unánime por parte de la Cámara Federal del pedido de licencia que solicitó para poder asumir en comisión en la Corte. Sin embargo, esa licencia extraordinaria debía ser otorgada por la Corte.
El pedido de Lijo obedeció a que la designación que establece el decreto 137/2025 es para integrar el tribunal hasta noviembre próximo y, de no contar con el acuerdo del Senado, podría tener que retomar sus funciones en el juzgado federal de Comodoro Py donde se desempeña actualmente.
La decisión que tomó la Corte Suprema había sido pronosticada por el ex cortesano Juan Carlos Maqueda, que dejó el tribunal en diciembre e hizo énfasis en los antecedentes: «En la década del 70, hubo un juez federal de primera instancia, que había sido designado en comisión en segunda instancia. La Corte, en ese caso, se pronunció diciendo que el juez no podía pedir licencia a un cargo para tener el otro. Claro, tenía que renunciar a ese cargo», dijo en declaraciones radiales.
El jueves de la semana pasada, la Corte sorprendió con la jura en silencio y de bajo perfil de García Mansilla, cuando todos esperaban una definición sobre Lijo, que la pateó para las próximas horas.
En tanto, la semana pasada la designación en comisión tanto de Lijo como de García Mansilla vía decreto de Javier Milei ya se había judicializado. Es que una asociación civil pidió el último día de febrero que se declare la inconstitucionalidad de la medida y una cautelar que suspenda su aplicación, es decir, frene los ambos nombramientos. El juez federal Alejo Ramos Padilla intervino en el caso, pidió informes al Ejecutivo y citó a ambos candidatos para «ejercer sus derechos».
Las presentaciones del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad (CEPIS) y del abogado Fernando Cabaleiro cuestionaron la constitucionalidad del decreto 137/2025 y en ese marco, Ramos Padilla, juez federal de La Plata, aceptó el tratamiento y le pidió opinión al fiscal.
El informe fue realizado por investigadores del CONICET y de la Universidad de La Plata.
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