Crearon un mapa sobre extranjerización de tierras en el país: 13 millones de hectáreas en manos foráneas

Es sabida la intención del Gobierno de Javier Milei de ir contra la Ley de Tierras para quitar cualquier freno a la compra de hectáreas por parte de privados extranjeros. Lo dijo explícitamente el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el tema se incluyó en el paquete de propuestas del Consejo de Mayo para su tratamiento legislativo. Mientras tanto, un mapa advierte sobre la cantidad de tierras que ya están en manos privadas en el país: nada menos que 13 millones de hectáreas. Es decir, cerca del 5% del territorio nacional pertenece a firmas de otros países. El equivalente a la extensión de Inglaterra.

“No es un proceso de ahora, viene de lejos, pero la ley lo frena. En el momento en que levanten ese freno, se pinta de rojo el mapa”, alerta el historiador Matías Oberlin, uno de los creadores del Observatorio de Tierras y el Mapa de la Extranjerización de Tierras en Argentina, obra de investigadores de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y el Conicet. “Este gobierno ha demostrado que lo tiene en el tintero desde el día uno, con el DNU 70, y vuelven al ataque ahora”.

El mapa se construyó a partir de pedidos de acceso a la información pública. El último reporte, recibido en agosto, dio lugar al mapa interactivo. “Lo llamativo es que, cuando uno lo pone en un mapa, la narrativa de que la ley se cumple en todas las provincias se ve como una verdad a medias: en las provincias no se supera el límite, pero hay unidades en las que sí”, explica Oberlin a Tiempo.

Según la Ley 26.737 ninguna provincia puede superar el 15% de tierras bajo propiedad extranjera. La versión oficial indica que esto se cumple, pero al analizar el mapa por distritos o localidades, la conclusión cambia.

Los puntos rojos del mapa exponen esos escenarios donde ya hay más tierras extranjerizadas de las que permite la ley. No resulta sorpresivo que sean sitios estratégicos, en zonas de frontera y cargados de recursos valiosos. “Los municipios pintados de rojo son localidades con bienes escasos: acuíferos, minerales críticos, litio, tierra raras y lugares con conflictos sociales muy grandes, como Cushamen”. Se trata del departamento donde se encuentra Puerto Patriada, corazón de la Reserva Forestal de Uso Múltiple Lago Epuyén, zona golpeada por los incendios de los últimos días en Chubut. Allí, sobre 1.649.975 hectáreas, ya hay 377.875 extranjerizadas.

Estados Unidos a la cabeza

El historiador Matías Oberlin y la socióloga Julieta Caggiano son becarios del Conicet e integran el Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y el Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias (MILPA). El mapa excede los temas específicos sobre los que investigan y fue creado sin financiamiento extra, a fuerza de compromiso, para que sirva como herramienta para conocer la situación actual de los suelos en Argentina y, sobre todo, lo que podría pasar si se derogara la Ley de Tierras que frena esa extranjerización.

“Está bueno recorrer los puntos rojos: Malargüe, en Mendoza, incumple apenas la ley. Tiene poco más de 4 millones de hectáreas y más de 600 mil extranjerizadas, pero (el gobernador, Alfredo) Cornejo ya anunció varias inversiones mineras. Hay una vinculación casi mecánica entre conflictividad social y acceso a determinados recursos clave, y esto se profundiza más con el corolario Trump de la doctrina Monroe”, apunta el investigador sobre el contexto global del asunto.

Mientras el Gobierno difunde versiones infundadas que culpabilizan por los incendios del Sur a comunidades mapuches, el mapa refleja los datos de quiénes son los interesados en las tierras de estos pagos: “Si uno mira en manos de quién están, lo principal es ciudadanos o empresas estadounidenses (con más de 2,7 millones de hectáreas). En la zona de Cushamen, que es uno de los puntos neurálgicos desde hace un montón de años, está Benetton. Tierras israelíes casi no hay. Estadounidenses, italianos y españoles son mayoría. Benetton como caso paradigmático”.

“Para dimensionarlo: los estadounidenses poseen una superficie mayor que la provincia de Tucumán”, indican los investigadores.

Otro dato llamativo es que se ven más puntos rojos –donde se supera el 15% de extranjerización- en el Norte que en el Sur del país. “Son tierras de fronteras, que por lo general permiten traficar mercadería de un lado al otro sin pasar por Aduana. Todo eso habría que investigar más a fondo”, propone Oberlin. De hecho, uno de los objetivos de la creación del Observatorio y el Mapa es que permita convocar a más investigadores para profundizar sobre estos aspectos.

El Gobierno quiere sacar el freno

El escenario no es nuevo. La cantidad de tierras en manos extranjeras no varió mucho en los últimos años. Pero mientras el Gobierno avanza en su intención de ir contra la Ley de Tierras que pone freno a esa extranjerización, el mapa permite observar que –aún con ese marco legal- si se pone la lupa sobre localidades y municipios el máximo permitido ya se vulnera. Sin ese freno, la venta del país adquiere vía libre.

El informe elaborado por Caggiano y Oberlin remarca que “existen 36 departamentos que ya exceden el límite fijado por la ley. Y hay cuatro casos –Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta)– donde la extranjerización supera el 50%. Todos ellos concentran bienes estratégicos como agua dulce o recursos minerales. A su vez Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), y Campana (Buenos Aires) —todas localidades sobre la principal vía fluvial navegable del país, el río Paraná— superan ampliamente el 30%”.

Analizaron y expusieron la información en un mapa interactivo para que esté al alcance y se dé el debate sobre datos precisos. Sobre ese escenario, alertan que “la derogación (de la Ley de Tierras) apunta a habilitar compras en zonas con un valor natural y estratégico excepcional. Lagos patagónicos de agua dulce, bosques nativos, cordillera con minerales críticos, áreas fronterizas sensibles, regiones a la vera de los grandes ríos o asentadas sobre acuíferos que abastecen a millones de personas. En un contexto global marcado por tensiones en torno al agua y la energía, permitir la expansión extranjera sobre estas áreas supone que el Estado argentino reduzca su capacidad de responder a las necesidades de su población de manera soberana”.

Lo que está en juego es claro: “Definir qué se puede vender y qué no, y bajo qué reglas, no es una cuestión de carácter administrativo: ordena el acceso a recursos que son centrales para la vida cotidiana y para cualquier proyecto de desarrollo. Por eso, en un momento de presión creciente sobre estos territorios, desarmar las protecciones existentes —que se sostuvieron durante décadas sobre la base de una visión a largo plazo del territorio y sus recursos— no es neutral: reconfigura quién decide, quién accede y quién queda afuera en algunos de los espacios más sensibles del país”.