La justicia y la Bonaerense llevaron adelante este fin de semana un procedimiento en un centro de salud de Villa Ballester para dar con una nena de 12 años que habría dado a luz tras un abuso, aunque no se descarta que haya abortado. El ministerio de Salud no encontró mayores irregularidades en el lugar.
El procedimiento fue encabezado por la Superintendencia de Delitos Complejos de la Policía Bonaerense, a pedido del Juzgado Federal de Tres de Febrero, que había recibido un exhorto de la Unidad Fiscal de Monte Quemado. Los investigadores llegaron al lugar tras seguir la pista de la nena y su mamá, quienes se habrían alojado en la Ciudad tras contar con el apoyo de una ONG radicada en el barrio porteño de Palermo.
“Existía la sospecha de que en dicho establecimiento se habría realizado una interrupción del embarazo o una maniobra de apropiación irregular del recién nacido”, indicaron fuentes policiales, que destacaron que cuando los agentes arribaron a la clínica, el director primero negó la presencia de ambas.
Sin embargo, “tras las insistencias y verificaciones de rigor, se constató que las dos se encontraban efectivamente internadas en el lugar”, añadieron los voceros. Al ser entrevistada por los investigadores, la madre de la víctima aseguró “desconocer el paradero o el estado de vida del bebé, lo que reforzó la hipótesis de una posible red de trata de personas o sustracción de menores”.
Finalmente, el Juzgado Federal de Tres de Febrero (Secretaría N° 9) emitió una orden de allanamiento inmediata, pero cuando los agentes entraron se les informó que la menor y su madre se habían retirado a las 15:00 horas tras recibir el alta médica.
Trascendió que se procedió al secuestro de ocho fetos humanos que fueron hallados dentro de bolsas de residuos; dos de ellos presentaban signos de desmembramiento. Además, se incautaron anotaciones varias y registros de interés para la causa que podrían revelar cierta sistematicidad de estas prácticas. Por otro lado, todo el personal médico fue identificado.
En paralelo a la causa federal por presunta trata, la UFI N° 7 de San Martín abrió otro expediente por averiguación de Ilícito para determinar la existencia o no de otros delitos.
Desde el ministerio que conduce Nicolás Kreplak, se informó que el lugar fue fiscalizado para evaluar las condiciones sanitarias y de seguridad. Tras la inspección, registraron infracciones menores, como “humedad en una sala de cirugía y la falta de una lámpara cialítica, entre otras, a las que se les otorgó un plazo para su resolución, tal como indica la normativa”.
“De ninguna manera estas faltas constituyen motivo de clausura ni implican la interrupción de su funcionamiento”, puntualizaron, al tiempo que recordaron que según la Ley 27.610, “hasta la semana 14 inclusive se puede realizar una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)”.
A su vez, indicaron que a partir de la semana 15 corresponde la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) —por causales de salud, riesgo de vida o violación—, sin límite de edad gestacional.
“Se constató que todos los residuos derivados de los procedimientos se encontraban correctamente dispuestos en bolsas rojas, conforme a la normativa vigente para residuos patogénicos en establecimientos de salud”, concluyeron.
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