La prohibición de ingreso a la sala de periodistas de la Casa Rosada de todos los medios acreditados llegó hasta la Justicia federal con una denuncia penal. También a la CIDH, a la que se le pidieron medidas cautelares. El Congreso se propone encabezar el rechazo a la medida abusiva. El historial de agresiones.
La polémica, detonada a partir de la restricción al acceso de los periodistas que están acreditados para ejercer su labor desde la sede gubernamental, derivó en una denuncia judicial contra Milei, el jefe de gabinete Manuel Adorni, el titular de la Casa Militar y el secretario de Comunicación Javier Lanari. Se los acusa de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, impedimento del ejercicio de un derecho y otras figuras tipificadas por el Código Penal.
La discusión llegó, además, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo del sistema interamericano que vela por el cumplimiento de las convenciones y tratados internacionales de DD HH. Se le solicitaron medidas cautelares urgentes para que el Estado argentino cese de forma inmediata la prohibición del ingreso de los periodistas y se comprometa a no repetir esa medida. También se pidió al organismo que inste a “las altas autoridades del Estado” para que cesen de emitir “declaraciones estigmatizantes oficiales” en perjuicio de los periodistas. La presentación fue realizada este viernes por la diputada (también periodista) Marcela Pagano. Un día después llegó el acuse de recibo por parte de la CIDH.
Pagano, exlibertaria, hoy integrante del (mono) bloque Coherencia, es periodista, durante años fue acreditada en el Ministerio de Economía. Como ocurrió con otras denuncias y acusaciones que pesan sobre el Poder Ejecutivo, ella fue -también en este caso- la autora de la denuncia penal contra Milei, Adorni, Lanari y el general de brigada Sebastián Ibáñez, encargado de la seguridad presidencial. Como se sabe, el disparador que arguyó el gobierno para vedar el ingreso de los sesenta acreditados fue el uso dentro de la Casa Rosada de unos lentes que tienen incorporada una minicámara: la filmación con esos anteojos fue una idea del programa ¿Y mañana qué?, que emite la señal TN del Grupo Clarín.
Indignado (o al menos así se encargó de transmitirlo) por esa ocurrencia, el gobierno hizo su propia denuncia penal contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno. Con la firma del general Ibáñez, los denunció ante el fuero de Comodoro Py por revelación de secretos políticos y/o militares (artículos 222 y 223 Código Penal). Esta denuncia, formalizada el miércoles, recayó el juzgado de Ariel Lijo; a su vez, la presentada de Pagano contra Milei, Adorni, Lanari y el titular de Casa Militar tramitaría en el juzgado de María Servini, según pudo saber Tiempo (ver pág 6).
Al igual que en otros episodios recientes, Milei se valió del culebrón por el uso aparentemente furtivo de las gafas Ray-Ban Meta (tienen cámara, micrófono, altavoces y hasta una función de Inteligencia Artificial en la montura) para recurrir a su arsenal estridente de acusaciones e insultos vía redes. “Basuras repugnantes. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables”, posteó. Horas después, en la primera mañana del jueves, se conocía el alcance de su reacción. Milei había ordenado cancelar la huella dactilar que permite el acceso de todos los periodistas acreditados.
En cuanto a la denuncia de Pagano, como ocurre en Comodoro Py, su devenir es una incógnita: siempre está la opción de la «cronoterapia» (la inactividad y el paso del tiempo como estrategia procesal). En diálogo con Tiempo, la propia diputada remarcó que la magistrada a cargo “tiene que correr vista al fiscal y el fiscal debe hacer requerimientos al respecto”. Por fuera de la vía judicial, varios legisladores del heterogéneo arco opositor apuestan a convertir la Cámara de Diputados en “una caja de resonancia del episodio, que es muy grave”.
Eso es lo que planteó, por caso, el diputado Esteban Paulón, del bloque Provincias Unidas. Integrante de la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, Paulón confirmó que el jueves próximo, a las 10, habrá una suerte de “autoconvocatoria” en la que el Legislativo dará voz a “los y las periodistas que han sido excluidos (de la cobertura diaria en Casa Rosada) con el cierre de la sala de periodistas”. “Esto es inconstitucional porque viola los principios de acceso a la libertad de expresión y ejercicio de la libertad de prensa”, subrayó en comunicación con este diario.
Pese al carácter inédito de lo ocurrido (ningún gobierno bloqueó totalmente el acceso de la prensa), la comisión de Libertad de Expresión tendrá un funcionamiento limitado: titular de la comisión, el mileísta Guillermo Montenegro es el único con potestad de citarla oficialmente (salvo que lo emplace todo el cuerpo de la Cámara). “En lo institucional es una anomalía, porque al tratarse de un organismo de contralor Libertad de Expresión debería estar en manos de la oposición”, sostuvo Paulón. Por tal motivo, los diputados opositores que la integran resolvieron convocar a una reunión de todas formas.
Entre ellos está la diputada Sabrina Selva (Unión por la Patria). Peronista bonaerense de la ciudad de Mercedes, Selva estuvo entre los legisladores que se presentaron en la Casa Rosada para pedir formalmente una audiencia con Lanari, secretario de Comunicación y Medios. No tuvieron éxito. Tampoco hubo respuesta cuando solicitaron al diputado Montenegro que citara a la comisión de Libertad de Expresión.
“En la Casa de Gobierno dejamos una nota porque creemos que esto es de una gravedad institucional enorme. Más allá de que el gobierno decida o no aumentar la rigurosidad en temas de seguridad, el bloqueo del ingreso a la Casa Rosada no nos parece aislado del hostigamiento constante del presidente de la Nación a los periodistas que piensan distinto”, cuestionó la legisladora. Y agregó: “El gobierno justo quitó las acreditaciones el mismo día en que recibía a Peter Thiel, que tiene la idea de avanzar en todo Occidente con los servicios de inteligencia de manera corporativa.”
En lo simbólico, el affaire de los lentes con camaritas y la retaliación sobre los periodistas acreditados en Casa Rosada sumó otro episodio de confrontación -acaso el punto cúlmine- de un objetivo visible, nunca disimulado, de la batalla cultural mileísta. Como sostienen varios analistas que se convirtieron en best-sellers o ideólogos de la época, entre ellos el ítalo-suizo Giuliano Da Empoli, la estrategia narrativa y emocional del ultraliberal Milei tiene uno de sus pilares en la erosión progresiva de la actividad periodística como mediación determinante en la conversación pública.
Esta estrategia apunta a profundizar una supuesta declinación del rol histórico del periodismo ante la acción de plataformas, algoritmos e “ingenieros del caos” que buscan, expresamente, desinformar, captar o potenciar ciertas emociones. El propio Milei, en su última aparición mediática -una larga charla el jueves por la noche en el streaming Neura-, contó que él mismo le transmitió a Thiel la importancia que su administración le asigna a “la batalla cultural”.
“Él (por Thiel) me hizo la pregunta más inteligente, que es: ‘¿cómo se sostiene esto (un gobierno ultraliberal como el de La Libertad Avanza) en el tiempo?’ Y es el rol de la política. Yo le expliqué que en Argentina uno puede estar diez años para sacar (al resto del país) un partido distrital. Pero mi hermana en seis meses armó un partido nacional, en los 24 distritos, y en la última elección de los 24 ganamos 16. Con lo cual la política es clave, porque si uno no tiene el vehículo para competir, la estructura para que la gente lo vote, no funciona. Y le dije que lo que hacía que uno garantizara el resultado a largo plazo es la batalla cultural”, aseguró Milei.
En esta apuesta al combate de la mediación periodística, se presume, podría tener un rol clave el espionaje, la inteligencia de datos: el acceso ilimitado y el entrecruzamiento de información de los argentinos vía ARCA, Aduana, Migraciones y Renaper en combinación con la información personal -deseos, consumos, preferencias, movimientos- que los usuarios aportan voluntariamente a sus redes.
El historial del mileísmo parece confirmarlo: en dos años y medio se sucedieron restricciones selectivas para ciertos periodistas y medios (Tiempo Argentino entre ellos) a la hora de hacer su trabajo en la Casa Rosada y el Congreso; una campaña de hostigamiento en redes difundida activamente por el propio Milei (“No odiamos lo suficiente a los periodistas”); agresiones dirigidas directamente a la prensa en operativos policiales (como el disparo de un cartucho de gas contra el fotógrafo freelance Pablo Grillo); e incluso intimidaciones por representantes del gobierno, como la que protagonizó el asesor Santiago Caputo contra un reportero gráfico de este medio.
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