Crece en las calles la convicción de que en 2020 el aborto legal «será ley»

El Congreso y gran parte de la sociedad están expectantes por el proyecto de ley de  Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que anunció el presidente Alberto Fernández ante a la Asamblea Legislativa, y que podría ingresar a Diputados este lunes, en el marco de la movilización del 8M.

Pese a los intentos frustrados, el Parlamento fue insistente en debatir el proyecto a lo largo del tiempo. No es casual que quien sea la responsable de coordinar el equipo interdisciplinario a cargo de la redacción de la iniciativa sea Vilma Ibarra,  la actual secretaria de Legal y Técnica.

Ibarra cumple un rol muy importante en el nuevo gobierno, pero sobre todo en la vida del presidente, ya que es la mujer que nombra permanentemente como la persona que lo referenció con el movimiento de mujeres. Durante su trabajo como senadora nacional, en dos oportunidades -2004 y 2006- fue una de las principales promotoras de la iniciativa que hizo hincapié en la despenalización, y propuso que toda persona gestante  pueda decidir la interrupción de su embarazo hasta la semana 12, sin necesidad de autorización judicial.

Si bien este año el contexto pareciera plantearse propicio para el sector verde, puesto que por primera vez un gobierno toma el tema como una política sanitaria de Estado, en el Congreso se visualiza un escenario similar al de 2018, cuando la iniciativa de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito logró la media sanción en Diputados pero luego, en el Senado, no pudo derrotar el fuerte cabildeo «celeste».

Es un tema que atraviesa y divide a todos los bloques, incluso en el espacio oficialista donde hay representantes «anti abortistas», como el propio titular de la bancada del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, quien ya advirtió públicamente que «se va a violar la Constitución ya que matar a una persona es un crimen».

Esto marca que, si bien en el Senado el FDT tiene mayoría, para aprobar este proyecto no cuenta con los números necesarios, ya que habría 35 votos negativos contra 32 positivos. Los cuatro indefinidos permiten especular con un final abierto.

Pero el proyecto volverá a ingresar por la Cámara Baja para ser debatido en las mismas comisiones que en 2018. La estrategia del oficialismo apunta a un debate más corto, porque allí el poroteo es favorable: unos 117 votos afirmativos por sobre 102 negativos y 37 indefinidos.

Sin embargo, más allá de la postura de los dos bloques mayoritarios, no se puede perder de vista a los interbloques Consenso Federal y Unidad Federal Para el Desarrollo, donde predominan los pañuelos celestes. En el primero, sólo tres diputados votarían a favor contra unos 13 que van por el no y dos indecisos. En el segundo, sólo uno de ocho votaría positivo.

Para complejizar el escenario, el mendocino Alfredo Cornejo presentó en estos días un proyecto de ley para convocar a una consulta popular vinculante sobre el tema. De todos modos, será clave el modo en que ingrese al Parlamento la iniciativa. Si lo hace junto con el proyecto compensador, conocido como «de los 1000 días», habrá margen para torcer voluntades. «