El parlamento, dominado por fujimoristas, no le aprobó la designación de nuevos miembros del Tribunal Constitucional y el mandatario convocó a elecciones parlamentarias. Un grupo de diputados votó su "suspensión" y designó a la vicepresidenta Mercedes Aráoz en su reemplazo.
«He decidido disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias» anticipadas, dijo Vizcarra en un mensaje al país por televisión, al agudizarse un choque de poderes iniciado hace tres años y cerrarse las vías de entendimiento entre el ejecutivo y legislativo.
Vizcarra había lanzado el domingo un ultimátum al Congreso al anunciar que lo disolvería si este lunes le negaba un voto de confianza para reformar el método de designación de los magistrados, con lo que busca impedir que ese alto tribunal sea copado por la oposición.
Pero el Congreso, controlado por la oposición fujimorista, decidió este lunes pasar por alto su petición e iniciar de inmediato el nombramiento de nuevos magistrados.
«Es claro que la obstrucción y blindaje (del Congreso) no cesan y no habrá acuerdo posible», sostuvo el mandatario, mientras centenares de manifestantes congregados afuera del parlamento celebraban su decisión.
Una disolución del Congreso en Perú no ocurría desde el 5 de abril de 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000) dio un «autogolpe» y asumió plenos poderes con el apoyo de las fuerzas armadas. En esta ocasión, en cambio, Vizcarra se amparó en la Constitución para dar este paso.
«Ante negación fáctica de confianza decidí disolver el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República», dijo Vizcarra, horas después de que los jefes parlamentarios rechazaran suspender la cuestionada designación de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.
En su primera reacción al anuncio presidencial, la legisladora fujimorista Jenny Vilcatoma propuso que el Congreso destituya a Vizcarra, algo que la oposición intentó hacer en 2017 con su antecesor.
«Los actos de Martín Vizcarra evidencian conducta inmoral (…). Por eso solicitamos se dé trámite a la declaración permanente de incapacidad moral del señor presidente», dijo la legisladora.
Así, el fujimorismo y sus aliados de derecha y extrema derecha acusó al mandatario de violar la Constitución por haber disuelto indebidamente la cámara y, con la ausencia de casi cincuenta diputados que aceptaron la disolución, votaron una resolución para «suspender» a Vizcarra. En su lugar nombraron a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como «presidenta en funciones», quien juró en esa sesión.
Durante una sesión plagada de incidentes, el Congreso eligió a uno de los magistrados en medio de protestas que obligaron a postergar hasta el martes las cinco votaciones pendientes.
Un primo del presidente del Congreso, el abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos, fue el primer magistrado designado en una cuestionada elección en la que recibió 87 votos, el mínimo necesario. La votación se realizó a pesar de que seis de los nueve postulantes al Tribunal Constitucional tienen denuncias ante la justicia. Además del gobierno, juristas independientes cuestionaban el actual mecanismo de selección por su celeridad y falta de transparencia.
Vizcarra había advertido que si los legisladores no desistían de nombrar al nuevo tribunal, lo consideraría una negativa al voto de confianza, lo que lo facultaría constitucionalmente para disolver el parlamento.
El mandatario ha ganado gran popularidad al encabezar una cruzada contra la corrupción en un país donde los cuatro anteriores presidentes quedaron bajo la lupa de la fiscalía acusados de recibir dádivas de la constructora brasileña Odebrecht.
La tensión venía creciendo desde el viernes y la policía decretó «alerta máxima», mientras simpatizantes de Vizcarra se congregaban al anochecer en las calles.
El presidente del Legislativo, el opositor Pedro Olaechea, había sentenciado el sábado que la elección de los magistrados era «impostergable».
Vizcarra pidió el voto de confianza luego de que el Congreso archivara el jueves su proyecto de adelantar las elecciones para abril de 2020, lo que implicaba recortar un año su mandato y el del Legislativo. La propuesta era apoyada por el 75% de los peruanos, según encuestas.
Los legisladores opositores no deseaban elecciones anticipadas, pues arriesgarían su holgada mayoría en momentos en que, de acuerdo con los sondeos, sufren gran desprestigio. Además, por una reforma de Vizcarra ratificada en referéndum en 2018, los parlamentarios no pueden ser reelegidos.
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