Desde Pami aseguran que “los cronogramas de pago se están cumpliendo”, pero organizaciones y entidades médicas advierten que las demoras ponen en jaque un sistema sanitario que ya no tiene margen. Se acumulan también las demoras de Incluir Salud.

Comentarios similares sobre deudas tanto de Incluir Salud –que depende del Ministerio de Salud y brinda cobertura a personas con pensiones no contributivas- como de Pami, la obra social de las y los jubilados, llegan desde distintos puntos del país. El conflicto impacta sobre la conducción ministerial de Mario Lugones. Horas atrás, la siempre polémica “Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina” se ocupó de salir a desmentir una nota de El Diario.Ar que planteaba su inminente salida: “El Ministro de Salud, Mario Lugones, no se va”, aseguró la voz que defiende la gestión presidencial en X. Luego, una reunión Adorni-Lugones apuntaló las decisiones de sostener a ambos, cada uno en medio de su crisis.
Desde Pami, en tanto, aseguraron a Tiempo que “a nivel general, los cronogramas de pago se están cumpliendo y están dentro de los plazos establecidos”. Aunque al mismo tiempo reconocieron que en atención oftalmológica “hay una demora en algunos pagos y se está viendo la forma de regularizar la situación lo antes posible”.
Lo cierto es que ya hay casos de parálisis en ese sector. La Asociación de Oftalmólogos de Río Negro (AORN) anunció una restricción de atención por tiempo indeterminado que alcanza a todos los afiliados al Pami en la provincia, por pagos pendientes. En Santa Fe, si bien no se tomó una medida generalizada, sí hubo ceses de atención puntuales y advertencias de más restricciones si los pagos no se regularizan. “Puede estar resentida (la atención) porque algunos comercios tomaron la resolución unilateral ya que hablamos de facturas de octubre impagas, al margen de que el valor de las prestaciones quedó atrasado”, dijo Lucio Marani, presidente de la Cámara de Ópticas de Rosario, a LT8.
En Córdoba, el presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados (Aclisa), Ignacio Escuti, dijo al diario La Voz que “los valores de Pami están muy por detrás de los costos reales, con atrasos que en muchos casos superan el 100%, en un contexto de aumentos permanentes”. Por eso las entidades del sector advirtieron a las autoridades nacionales sobre una “asfixia operativa, económica y financiera” que compromete la continuidad de la atención médica.
Desde las farmacias ya venían advirtiendo sobre dificultades para sostener la atención por la falta de pagos de Pami. “Cuando los pagos no llegan a tiempo, se resiente toda la cadena de atención”, difundieron desde las principales entidades farmacéuticas a comienzos de año, en un comunicado para hacer llegar a Pami el reclamo de que regularice los pagos pendientes.
Como informó Tatiana Scorciapino en este medio días atrás, el monto adeudado desde el Ministerio de Salud a las instituciones y prestaciones del sector de discapacidad se encontraba hacia fines de marzo cerca de los $250.000 millones, mientras que en la obra social de jubilados y pensionados estaba en torno a los $700.000 millones.
“Con Pami en 2026 se cortaron los pagos. Después retomaron. A nosotros nos pagaron noviembre y diciembre a fines de marzo. Pero siguen debiendo desde enero. A eso se suma la deuda de Incluir Salud, que junto con Pami es el grueso de la población que tenemos”, dice Bayá Casal, referente de Fededis y de Fundación Nano, para personas con discapacidad visual. “Hay situaciones de riesgos de cierre y en San Miguel ya hay dos espacios que cerraron. La gran mayoría estamos pagando porcentajes de honorarios, se deben cargas sociales. Hay que elegir qué pagar”, lamenta. “Con la particularidad –agrega- que no hay mucha oferta de servicios”.
Es lo que vienen advirtiendo desde hace tiempo las personas con discapacidad y familias que lucharon por la Ley de Emergencia: si se caen los espacios a los que asisten las personas con discapacidad de bajos recursos, se cae el sistema para ellas. No hay alternativas, y cuanto menos queden serán solo para quienes puedan pagarlas.
“Hasta hace dos años o más, si Pami un mes no pagaba había un colchón. Hoy como los valores no se actualizaron como correspondía y como indicaba la ley, se vive con lo justo. La Ley de Emergencia obligó al Ministerio a llevar los valores al nivel de diciembre de 2023. Era una masa de 36% que se tendría que haber actualizado en enero. La Justicia los obligó, pero hicieron un plan para ir pagando mes a mes. Después empezaron a actualizar según inflación, pero ese 36 nos mató. Son dos situaciones que se suman: desactualización de valores (del nomenclador) y la demora del pago”, explica.
“Mes a mes se deteriora la situación. En el caso de Pami, en algunas seccionales empezaron a abonar noviembre. En otras, todavía no. Los prestadores continúan reclamando. En el caso de Incluir Salud, en Capital se debe desde octubre inclusive. Y en Provincia de Buenos Aires desde noviembre. Con el agravante de que la situación de los prestadores de transporte es aún peor por los aumentos que sufrió la nafta”, apunta Fernando Gantesti, de la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad. “Como siempre, repercute en las personas con discapacidad, en su calidad de vida, en los tratamientos que tienen que recibir y no reciben”, remarca.
Según otra fuente del sector, tras varias reuniones y reclamos de representantes de cámaras de discapacidad por las deudas que había hasta fines de marzo, se concretaron pagos pendientes de Pami en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. “En el resto del país se comprometieron para la primera quincena de abril, con lo cual el interior está muy complicado aún por falta de pagos”.
Este martes, el Foro Permanente Discapacidad hizo pública una nueva carta a legisladores por la gravedad de la crisis que sacude al sector. Entre los factores incluyeron que “Pami paga con atraso” e “Incluir Salud adeuda meses”.
En relación a Incluir Salud, uno de los argumentos que usa el Gobierno para justificar las demoras tiene que ver con la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad –en el marco de un escándalo de corrupción que aún se investiga- y su traspaso como Secretaría al Ministerio de Salud. “Les pagaron a los que tienen convenios firmados y subidos al sistema, pero dejaron al resto con la excusa de que no encuentran los convenios o no tienen las firmas. Hubo una reunión la semana que pasó y tomaron el compromiso de ponerse a tiro con la digitalización de convenios y firmas de los que faltan. En esos casos hay demoras desde noviembre”, puntualizó un referente del sector discapacidad.
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