Crisis wichi en Salta: entre una emergencia de salud pública soberana y la banalización humanitaria

Pasadas algunas semanas de las denuncias -muchas de ellas de tipo mediáticas- sobre la situación epidemiológica de niños y niñas de poblaciones indígenas originarias de la etnia wichi en Salta especialmente de Santa Victoria del Este, y las emergencias de salud pública crónicamente invisibilizadas allí, surgen de forma rápida por lo menos 3 dimensiones a analizar y problematizar: 1- La relación Ambiente, Territorio, desastres socioambientales y su impacto en las emergencias de salud pública, 2- La pérdida de capacidades del Estado y su sistema de salud pública; y 3- La peligrosa lectura de la cuestión wichi en clave de “crisis humanitaria” en lógica eurocéntrica y activación de mecanismos de “salvar vidas” a través de intervenciones onegeistas del Norte global igualando enclaves de exclusión de Salta con África. 

Como primera definición, una gravísima emergencia de salud pública conceptualmente no es una crisis humanitaria ni repentina ni crónica. Sería largo de explicar, pero bajo ningún aspecto se la podría definir de esa manera la crítica situación de las muertes infantiles por cuadros diarreicos agudos y déficits nutricional por deshidratación dentro de precariedades de acceso a agua segura y saneamiento y alimentación saludable en el norte argentino. De los 1205 niños/as menores de 4 años en Santa Victoria del Este, la letalidad por muertes acumuladas por diarreicas aguda y cuadro nutricional de estas últimas semanas llego al 0,9% del total de la población infantil. Gravísimo sin duda. Muertes evitables e injustas de niños/as wichis que tienen una carga de inequidades y desigualdades por étnia, por clase desposeída y por grupo etáreo. Estas poblaciones indígenas padecen de una crónica desciudadanización por desposesión de bienes públicos, territoriales´-ambientales y materiales que transformaron sus condiciones de vida en enclaves de exclusión y deshumanización. 

Una segunda dimensión, es la naturalización de territorialidades de exclusión y despojo con momentos de banalización pública. Este corredor de la ruta 34 de Salta que llega hasta Bolivia y sus ramificaciones hacia el río Pilcomayo, las comunidades indígenas de diversas etnias en los últimos 20 años fueron sistemáticamente erradicadas y expulsadas de sus territorios por la ampliación de la frontera de desmontes/agronegocios basado en la expansión de los derechos de la territorialidad del lucro extractivo. Esta expansión implicó en la practica la ficticia creación de lo que a veces denominan en esa zona “colonias aborígenes”, que no es otra cosa que asentamientos humanos de familias indígenas en territorios bajos, inundables, sin agua segura ni saneamiento ambiental, sin acceso integral a servicios de salud pública de calidad, con pérdida de medios de vida (sin tierra ni cultivos familiares, entre otros) y patrones alimentarios malsanos. Conviviendo con la destrucción de su ambiente, donde el propio proceso de desmonte fue generador de óptimas condiciones para los eventos climáticos extremos(ej: ciclos de lluvias): produciendo desastres socioambientales(inundaciones y sequías) que impactan negativamente en la salud y la vida de estas poblaciones indígenas. El Estado nunca estuvo ausente, fue garante de este proceso en Salta. 

Tercera dimensión, es la fragilización, fragmentación, segmentación y desfinanciamiento del sistema de salud pública en Argentina, con descentralización y programas del Banco Mundial mediante, demuestran que se cronificaron emergencias epidemiológicas (Dengue, IRAS, TBC, ETN, Sífilis, más la agudización de emergencia nutricional en últimos años) y ese mismo sistema sanitario y sus variantes provinciales fueron perdiendo capacidades públicas de atención integral de calidad, de estrategias preventivas-promocionales de cuidado centradas en la familia y la comunidad, en hospitales en crisis permanente, en lógicas privadas insertadas en la gestión de lo público. Salta fue de los pioneros en incorporar la autogestión hospitalaria del Banco Mundial, los seguros, los centros nutricionales de un modelo privado con fondos públicos y el resto del cóctel. Sumemos en esta zona en particular la (in)capacidad de vigilancia de salud intercultural con detección temprana de riesgos sanitarios y nutricionales en la niñez, de prevención y atención integral de las enfermedades prevalentes en la infancia en la zona rural del chaco salteño como en medidas de protección individual, familiar y comunitaria. Ahora bien, Argentina y Salta en particular cuentan con una basta historia de gestión y actuación en salud pública, en las históricas redes de agentes sanitarios y la territorialización rural, con equipos de atención familiar y salubristas de diversas trayectorias con formación y expertise en crisis epidemiológicas, diseño de análisis de situación, políticas e intervenciones en salud colectiva. Además de los equipos de gobierno, esto incluye a movimientos sociales, organizaciones de sociedad civil del campo sanitario y universidades con larga experiencia solidaria y de articulación en el fortalecimiento de capacidades de los sistemas locales de salud. Por eso también este debate abre un conjunto de interrogantes de ¿Cuál es el motivo para activar y comparar Santa Victoria del Este con África o Haití? ¿Qué implicancias tiene esto para la salud colectiva/salud pública argentina? ¿El camino es el humanitarismo cinematográfico banal o reconstruir capacidades públicas para la soberanía sanitaria? ¿Cuándo la sociedad argentina decidió naturalizar enclaves de muertes evitables, deshumanización con pedidos de colonialidad territorial humanitaria?

Por último, analizar brevemente la increíble activación del discurso de crisis humanitaria en el seno de República Argentina. El lenguaje humanitario internacional tiene una larga trayectoria eurocéntrica del Norte global, un doloroso uso en el Sur y en particular en América Latina y Caribe. Como lo muestra la literatura especializada abre una caja de significantes que pueden ser utilizados desde una respuesta a una crisis (bélica, desastre, epidemia) como a una intervención humanitaria (Ej: desde Siria a Venezuela). Estas muertes son centralmente un grave problema de la salud colectiva de la República Argentina. Pero ni una ONG europea, ni las intervenciones verticales benéficas podrán resolver la deuda que la democracia argentina tiene en dos sentidos: con el reconocimiento y protección de los pueblos indígenas y con la refundación de un nuevo sistema de salud pública en el siglo XXI.  Es decir, poner en el centro al Estado y Sociedad. Cómo priorizar, construir y realizar respuestas efectivas a la emergencia salteña, pero obviamente repensar sistemas de protección social que construyan ciudadanía social e intercultural que proteja y cuide la vida. Esto no puede quedar en mano de “pobretólogos” (las tecnocracias), ni de personajes banales supuestos salvadores humanitarios. Comprendiendo al Estado como condensación institucional de las relaciones sociales en Sociedad, será la propia sociedad argentina en diálogo intercultural con sus pueblos indígenas los que deberán buscar la respuesta justa para el vivir bien.