Cristina denunció una operación judicial e involucró a Macri y Angelici

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner metió en el terreno de juego de la denominada “causa de los cuadernos” al presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, y al propio presidente, Mauricio Macri, como presuntos protectores del ex titular de IECSA, Angelo Calcaterra.

La ex mandataria pidió la nulidad de la denominada “causa de los cuadernos”, reclamó el apartamiento del juez que la lleva adelante, Claudio Bonadio y en caso de que la investigación sea confirmada, el juez que debería intervenir sería Julián Ercolini.

Mediante sendas presentaciones que formuló a través de su abogado, Carlos Beraldi, la ex jefa del Estado también pidió el apartamiento del fiscal Carlos Stornelli.

Según la ex mandataria, la causa es nula –entre otras razones- por una supuesta connivencia entre el presidente, Mauricio Macri; el titular de Boca Juniors y operador judicial, Daniel Angelici; el fiscal Carlos Stornelli y el empresario Angelo Calcaterra, primo del jefe del Estado.

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“Según fuentes periodísticas no desmentidas, el acuerdo para definir la situación de Calcaterra se habría gestado durante ese fin de semana. Concretamente, en distintos medios se publicó que Ángelo Calcaterra habría mantenido reuniones con Daniel Angelici, así como también con el fiscal Stornelli. Este último encuentro se habría llevado a cabo en la residencia presidencial de Olivos con la presencia del propio presidente de la Nación, llegándose a conocer algunos de los diálogos que habrían tenido lugar en dicha reunión”.

En ese contexto, reclamó que para corroborar tal situación, “se cite a prestar declaración testimonial a Angelici a efectos de que indique si ha tenido algún tipo de participación en las supuestas tratativas que precedieron a la incorporación de Ángelo Calcaterra al programa previsto en la ley 27.304”, del arrepentido.

Y, también, que “se cite a prestar declaración testimonial al Presidente de la Nación, Mauricio Macri, a los mismos fines”.

“Resulta ridículo y ofende la inteligencia, intentar hacernos creer que haya sido Néstor Kirchner quien organizó el sistema de cartelización de la obra pública a partir del 25 de mayo de 2003, en un país cuyo presidente es Mauricio Macri”, se defendió.

“Mucho más insólito es que en esa situación puedan hacerse aparecer a los empresarios como las víctimas de tales prácticas. Es imprescindible que se analice el manejo de la obra pública en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cual el PRO viene gobernando desde hace más de una década. En definitiva, lo que pretendo como cualquier ciudadano es que se lleve a cabo una investigación judicial seria, objetiva e imparcial, con la misma vara para todos, que ponga en claro qué es lo que ha ocurrido, imponiendo a los eventuales culpables las sanciones que corresponda”.

En ese contexto, describió: “Mauricio Macri, hijo de Franco, primo hermano de Ángelo Calcaterra, hermano del alma de Nicolás “Nicky” Caputo, todos ellos socios entre sí y de otros empresarios en materia de energía y obra pública. Todos emblemáticos integrantes de la “Patria Contratista” surgida durante la última dictadura militar y consolidada durante la década de los ’80 y los ‘90. Además, resulta absurdo que dichos empresarios intenten aparecer como víctimas de ese proceso o esas prácticas”.

CFK se consideró víctima de una persecución judicial iniciada desde el mismo momento en que dejó el poder. “Desde el 10 de diciembre de 2015 me armaron seis causas penales y todas ellas fueron radicadas en Comodoro Py. De las seis, cinco fueron iniciadas e impulsadas por Bonadío. ¿Milagro? No. ¿Fórum shopping? Algo peor: decisión política del Poder Judicial -en su más alta expresión- en coordinación con el Poder Ejecutivo y los medios hegemónicos”.

Bonadio, según publicó la ex presidenta en su página de Facebook, integra una “nueva categoría” de magistrados: “se trata del Juez enemigo. Es la nueva estrategia regional para proscribir dirigentes, movimientos y fuerzas políticas que ampliaron derechos y permitieron salir de la pobreza a millones de personas durante la primera década y media del siglo XXI”.

La ex presidenta recusó a Bonadio por la causal de enemistad manifiesta y porque la ley impone la inhibitoria del juez cuando ha sido denunciante o denunciado por el imputado al que investiga.

“Según lo reconoció el propio titular del Juzgado, esta “nueva investigación” o “nueva causa” se inició hace tan solo dos meses, a través de una extracción de testimonios ordenada en el marco de otro expediente en el cual mi representada ni siquiera reviste la condición de imputada.

“Tal como le consta al magistrado, con anterioridad al inicio de esta “nueva investigación” o “nueva causa”, Cristina Fernández de Kirchner formuló denuncias penales en vuestra contra; a mi representada le fue conferido el rol de parte querellante en causas en las que se investigan posibles delitos perpetrados por V.S. y mi asistida requirió ante el Consejo de la Magistratura de la Nación vuestro juicio político, a mérito de presuntos delitos cometidos en el ejercicio de la función pública”, recordó el escrito de la defensa.

La mandataria recordó que desde hace dos años pide que se realice una auditoría de toda la obra pública realizada entre 2003 y 2015 pero su pedido fue siempre negado.