La vicepresidenta consiguió la respuesta que buscaba.

A pesar de algunos titulares, Cristina cumplió con el objetivo político-judicial que se había planteado, es decir, evitar que las leyes que se votasen, como el impuesto a las grandes fortunas, quedaran expuestas a invalidación posterior vía reclamos judiciales. Como explicó en su cuenta de Twitter la directora de Asuntos Jurídicos del Senado Graciana Peñafort, quien realizó la presentación: “Perdimos la acción, ganamos la certeza que fuimos a buscar (…) Porfíen todo lo que quieren, la sesión virtual quedó blindada”.
Es que a pesar de que la Corte rechazó el pedido de certeza que solicitaba la vicepresidenta, si hubiera primado la posición del presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, quien se inclinó por un rechazo “in limine” hubiera dejado en penumbras la opinión de la Corte respecto de la autonomía del Congreso para dictar el modo de funcionamiento durante esta emergencia. El juez nombrado por un DNU de Mauricio Macri siguió la línea marcada por el procurador Ricardo Casal, de la misma orientación política.
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La mayoría, sin embargo, opinó que “el Senado, no la Corte, debe determinar por sí mismo si puede sesionar virtualmente”, acción que por lo tanto también es válida para la Cámara de Diputados. De esa manera, a pesar de asegurar que no hay caso que tratar, ya que no hay contraparte, en los argumentos el máximo tribunal nacional responde la pregunta central que hizo Cristina Fernández.
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