El pedido apunta a revertir la decisión de archivar la causa tomada por el juez Manuel De Campos, que dejaría impunes a los responsables del hecho.
Y es que el 28 de marzo de 2022 la Ciudad de Buenos Aires amaneció inundada de afiches con la imagen de Cristina Kirchner y las frases “Culpable 35.000 muertes. Asesina. Elegiste negocios con Putin en lugar de salvar vidas», en alusión a las muertes por la pandemia de Covid-19.
En ese entonces, Alberto Fernández que era el presidente de la Nación, repudió los hechos por los que intervinieron tres jueces de tres fueros distintos. Se realizaron allanamientos y, si bien se logró determinar cuánto se pagó por los carteles y dónde los imprimieron, nunca se llegó a conocer a los autores intelectuales.
Durante meses, la investigación estuvo frenada por una disputa de competencia que llegó hasta la Corte Suprema y motivó la intervención del Procurador General Eduardo Casal. El Máximo Tribunal terminó opinando que la causa tenía que tramitar en el fuero criminal y correccional, en línea con el pedido de la querella y de la Fiscalía.
Pero este lunes, el juez De Campos cerró la causa argumentando que ya se habían descartado todas las figuras penales y que no se podía encuadrar como una calumnia o injuria porque la propia afectada, la ex vicepresidenta, no la impulsó como tal.
Ahora, la defensa de la ex vicepresidenta pidió que la decisión de archivar la causa sea revisada por la Cámara del Crimen y que se tomen las medidas de prueba pendientes. También apeló el fiscal Leonel Gómez Barbella. Pedirán profundizar en dos cuestiones. La primera es que nunca se determinó quién era la misteriosa “Micaela” que pagó por los afiches. Esa mujer se comunicaba con la imprenta a través de un número desconocido y un correo electrónico que luego dio de baja.
La segunda, es que tampoco se investigó el código QR que aparecía en los afiches. En realidad, está pendiente una respuesta de la empresa “GoDaddy LLC”, que debería informar quién estaba detrás del dominio que vinculaba a ese código: “CRISTINAUTA.ORG”.
En su apelación, Cristina Kirchner reclamó que la citen a declarar y que además sea convocado el empresario Enrique “Pepe” Albistur, que presentó una denuncia apenas ocurrió el hecho porque se usaron los carteles de su empresa para la pegatina. “Es derecho de mi persona -como víctima-, tener la oportunidad de contar de qué manera afectó a mi persona aquellas manifestaciones publicitadas en la vía pública”, sostuvo la ex vicepresidenta ante la Justicia.
La ex vicepresidenta se sumó a ese enfoque: “No solo adherimos a lo manifestado respecto de la violencia de género sino también no descartamos que mi persona haya sido objeto de violencia por cuestiones políticas”.
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Si el rol de CFK es el de imputada, una causa puede tramitar durante años; perforar media patagonia; insistir y persistir en su titulo universitario. Pero cuando su rol es el de denunciante la taba siempre cae parada: cerramos, clausuramos, no investigamos, etc, etc, etc. Llegara la hora de que la Justicia sea Justicia... "Y pagaran sus culpas los traidores...."