Cristina Kirchner cuestionó el régimen de visitas que le impuso el Tribunal

“¿Habrá una Constitución y Códigos Penales y Procesales especiales, redactados únicamente para mí y que nunca me enseñaron en la facultad?”. Con esa pregunta que expone la arbitrariedad judicial, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cerró el mensaje en redes sociales con el que cuestionó al Tribunal Oral Federal 2 por restringir su régimen de visitas solo a sus familiares, médicos o abogados, en el fallo con el que le otorgaron la domiciliaria el último martes, luego de la ratificación de la Corte Suprema por la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.

En su cuenta de X, la ex vicepresidenta responsabilizó a la justicia de malversar la Constitución Nacional y el Código Penal y Procesal en su contra. “Ayer, el Tribunal tuvo que aclarar que puedo salir al balcón de mi casa. Hoy, mis abogados tuvieron que recurrir otra decisión del mismo Tribunal, que sólo permite que me visiten, y previo listado… únicamente mi núcleo familiar, mis abogados y mis médicos”, explicó.

Y recordó lo obvio, que es una referente política y estadista importante, no solo en el país, sino en el mundo. “El resto de mis relaciones con el mundo exterior… amigos, amigas, compañeros, compañeras… y otras personas que conozco y me vinculo por el sólo hecho de ser una persona que tiene vida…”, tuiteó.

Y concluyó: “Cada vez que quieran visitarme deberán presentar una solicitud al Tribunal y luego esperar su autorización; en un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie y violatorio de mis más elementales derechos civiles”.

La queja ante el Tribunal

Más allá del tuit, los abogados defensores de Cristina elevaron un pedido a la justicia para revocar las restricciones en los ingresos. En el fallo para concederle la domiciliaria, el Tribunal solicitó, con un plazo de 48 horas, la presentación de un listado de familiares, custodia policial, profesionales médicos y letrados para aprobar los ingresos a su domicilio. Pero nadie más.

En el marco de la presentación judicial, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy plantearon que Cristina, en carácter de titular del Partido Justicialista, no debiera solicitar autorización previa para registrar cada visita. “Quienes cumplen su pena en un domicilio particular pueden desarrollar todas las actividades que no se encuentran prohibidas por la ley”, dijeron en la presentación.

Y remarcaron que más allá de la condena otorgada, Cristina Kirchner “no ha perdido ninguno de los demás derechos inherentes a su condición humana, tanto civiles como políticos”.

“Como es de dominio público, líderes de fuerzas políticas de otros países y sus primeros mandatarios ya han hecho saber su intención de reunirse a la brevedad con nuestra representada”, especificaron a través del escrito. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ya hizo pública su intensión de entrevistarse con la exvicepresidenta cuando viaje a Argentina para la cumbre del Mercosur.

 “Dicho con todo respeto, no parece sensato que esta clase de encuentros deban estar supeditados a la obtención de autorizaciones judiciales previas”, remarcaron los abogados. Y señalaron: “En definitiva, los derechos políticos y partidarios de Cristina Fernández de Kirchner no pueden ser limitados con motivo de la condena impuesta en autos, a través de una regla de conducta que supedita su interrelación con otros dirigentes a un debate judicial”.

Amparados en el principio constitucional de legalidad, contemplado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, los abogados exigieron las garantías de preservación de las relaciones con el mundo exterior, en su mayor extensión posible, “asegurando el ejercicio de los derechos y obligaciones, inherentes al ser humano”. Y destacaron: “Para ello, se le deben otorgar herramientas que permitan cumplir con el ideal resocializador de la ejecución de la pena y no restringir sus derechos”.

“Tampoco se ha explicado cuál es la norma o el criterio a partir del cual el Tribunal habrá de resolver la procedencia o no de las peticiones que se le formulen, evitándose así caer en casos de discrecionalidad absoluta que no pueden ser controlados”, expusieron.

Por último, plantearon que “si se coartaran los derechos que le asisten a Cristina Fernández de Kirchner, imponiéndole una regla de conducta que no registra antecedentes, que no encuentra fundamento normativo y cuya finalidad no es explicada, no solo se habrán de lesionar sus garantías personales, sino también los de millones de personas que ella representa y, por ende, al sistema democrático y republicano de gobierno”.